Adeudan $5 mil millones estado y ayuntamientos

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Marcial Campuzano
CHILPANCINGO, Gro., junio 23.- A más de 5,284 millones de pesos asciende la deuda que tienen los 80 ayuntamientos de Guerrero, y el sector Central y Paraestatal del gobierno del estado por concepto de laudos laborales por despidos de trabajadores, situación que se ha convertido en un lucrativo negocio entre abogados y autoridades municipales, quienes a través de artimañas no cumplen con los pagos incluidos aquellos que ya causaron ejecutoria.
La diputada local e integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado Alicia Zamora Villalva, dio a conocer que de acuerdo a un informe que rindió el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, los ayuntamientos de Guerrero adeudan más de 3,000 millones de pesos por conceptos de laudos laborales, mientras que la deuda por el mismo concepto del gobierno del estado y los Organismos Públicos Descentralizados supera los 2,000 millones de pesos.
La legisladora priísta admitió que este grave problema financiero que mantiene en riesgo los presupuestos de los ayuntamientos, ha crecido y sigue creciendo porque históricamente hay una repartición de culpas, y por el uso de artimañas de parte de presidentas y presidentes municipales, que en contubernio con los abogados de los trabajadores despedidos prolongan las soluciones, convirtiendo los pleitos laborales en un jugoso y lucrativo negocio para los litigantes.
Ante la imposibilidad que tiene el Congreso del estado, de autorizar ampliaciones presupuestales a favor de los ayuntamientos para que paguen los laudos laborales, y ante los candados que tiene la ley que no permite la autorización de créditos bancarios para ese concepto, al menos que el dinero sea para inversión productiva, el Congreso debe ser un medio para que se busquen soluciones a ese problema.
En los conflictos laborales hay muchos intereses, sobre todo de despachos de abogados que toda la vida han vivido y lucrado en complicidad con los órganos de procuración de justicia, y por la postura asumida por presidentes y presidentas municipales que optan por no resolver los litigios, al considerar que no generaron ellos los adeudos sino administraciones anteriores, agregó Zamora Villalva.
La diputada Alicia calificó equivocada la postura de los ediles, porque al recibir la titularidad en un ayuntamiento reciben responsabilidades, y tienen que hacerle frente a las deudas de carácter institucional, y no ir solamente sobre la ruta de sus propuestas de gobierno, sin considerar que los ayuntamientos que representan tienen varias deudas que por respeto a la ley deben hacerle frente.
El problema de deudas por laudos laborales no es privativo de los ayuntamientos de Guerrero, toda vez que el propio gobierno del estado enfrenta también un grave problema con una deuda de más de 2,000 millones de pesos, incluidos juicios laborales que derivaron de despidos en los Organismos Públicos Descentralizados, explicó.
Alicia Zamora aclaró que día con día crece la deuda de los ayuntamientos y del propio gobierno del estado por el no pago de laudos, por lo que con seguridad ya aumentó el monto de 5,284 millones de pesos que hace tiempo les proporcionó el secretario de Finanzas del gobierno del estado.
Reveló que para este año, el gobierno del estado tenía programado erogar 62 millones de pesos para liquidar laudos, de los cuales 37 millones ya fueron ejercidos; de los 25 millones restantes 18 millones ya estaban comprometidos, “con lo que el estado está con las manos atadas por la insuficiencia de recursos económicos”.
La diputada denunció que son los ayuntamientos los que retrasan el pago de laudos laborales, porque a sabiendas de que el Congreso del estado no está facultado para autorizarles ampliaciones presupuestales, y de que la ley sólo les permite gestionar créditos bancarios para inversiones productivas, no para pagar laudos, recurren a esas estrategias diciéndoles a abogados y a los trabajadores despedidos que están tramitando recursos económicos ante el Congreso.
Por lo anterior, expuso que el Congreso del estado ya no debe ser vinculado en los juicios laborales, y que ya no sea más responsabilizado en la inejecución de los laudos porque la ley no le permite acceder a las pretensiones económicas que presentan los ayuntamientos.
Incluso dio a conocer que varios diputados se reunieron con jueces para decirles que el Congreso está impedido por ley para autorizar las solicitudes que presentan los ayuntamientos. Si bien el Congreso aprueba las leyes de ingresos nada tienen que ver los diputados con el presupuesto que ejerce el gobierno del estado.
Explicó que los presupuestos que ejercen los ayuntamientos, es en base a una fórmula que aplica el Congreso federal que toma en cuenta el índice de marginalidad y el número de habitantes de cada municipio.
Aclaró que en atención de la autonomía que tienen los municipios, los alcaldes son los que deciden si etiquetan en sus presupuestos de egresos dinero para pagar laudos. Aclaró que eso no puede ser un mandato del Congreso.
Aclaró también que otras legislaturas han exhortado a los ayuntamientos a que programen en sus presupuestos el pago de laudos, pero que no acataron las recomendaciones.
Una de las vías para ir abatiendo el pago de laudos, es la firma de convenios entre ayuntamientos y trabajadores despedidos para que los pagos se hagan en forma parcial por tratarse de cantidades importantes.
Reveló que por mandato judicial, el gobierno del estado ha retenido parte de los presupuestos a los ayuntamientos para el pago de laudos, acción que sin duda afecta los planes de gobierno, pero que el gobierno estatal no tiene otro camino.

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