Marcial Campuzano
CHILPACINGO, Gro., junio 23.- El Consejo Interreligioso del Estado de Guerrero alzó la voz, y exigió a los 3 órdenes de gobierno que frenen la violencia, la delincuencia y la inseguridad; que cesen los asesinatos de ministros, pastores y sacerdotes que suman 7 en lo que va de este año, y que dejen de promulgar leyes que atentan contra la vida y la familia porque han generado manifestaciones de odio contra los religiosos que se han opuesto a ese tipo de normas.
Además, hizo público que la Fiscalía General del Estado ha minimizado e invisibilizado los delitos cometidos en contra de la comunidad religiosa, incluidos templos que han sido objeto de robo; denunció que por amenazas ministros de cultos religiosos no pueden ofrecer sus servicios en comunidades de la Sierra y de la región de La Montaña, y reveló que hay sacerdotes, pastores y ministros de cultos religiosos que son víctimas de extorsiones y cobro de piso, de amenazas, y que por temor muchos callan.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Guerrero Carlos Marx Barbosa Guzmán, manifestó su solidaridad con la comunidad católica por los asesinatos de los sacerdotes Jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, que fueron abatidos a balazos en la comunidad de Cerocahui de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, cuando ofrecían los Santos Oleos al guía de turistas Pedro Heliodoro que herido se refugió en el templo cuando era perseguido.
La muerte de los sacerdotes conmocionó a muchos porque los Jesuitas eran reconocidos por los servicios que ofrecían a la comunidad, no eran delincuentes ni se dedicaban a hacer cosas malas, y lamentablemente tuvo que ocurrir esto para que el gobierno federal pusiera atención de lo que está pasando en contra de las comunidades religiosos del país, incluida la de Guerrero, indicó.
Al emitir un pronunciamiento con motivo del asesinato de los 2 sacerdotes, Carlos Marx Barbosa dijo que lo ocurrido mucho tiene que ver con las políticas institucionales de odio en contra del sector religioso, que derivaron en asesinatos de sacerdotes, de pastores y ministros de diversas religiones. Citó que tan sólo en el primer semestre de este año han ocurrido 7 asesinatos.
La elaboración y aprobación de leyes que atentan contra la vida y la familia, implica también que haya actos de violencia en contra del sector religioso porque van en contra de su ideario, “y al estarse manejando este tipo de situaciones institucionales de odio en contra del sector religioso, se alimenta más odio por parte de delincuentes”, indicó.
Carlos Marx quien pertenece a la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que son identificados como mormones, recordó que hace años los delincuentes tenían ciertos códigos que respetaban los funerales, y no se introducían a las iglesias a cometer delitos, “ahora eso quedó rebasado”, expuso.
Dio a conocer que desde hace años, ministros y pastores de religiones distintas a la Católica han sufrido ataques, “los delincuentes se han metido a robar a los templos, a iglesias de otra fe religiosa, y el problema es que las denuncias penales que son presentadas por daños y robos los titulares del Ministerio Público las han minimizado, han invisibilizado éstos delitos, les dan poca importancia dándoles un trato indiscriminado”. Insistió en que ha habido ataques en contra de ministros, pastores y de sacerdotes.
Lo que ocurre contra las comunidades religiosas preocupa, “porque desde las instituciones gubernamentales se comenzaron a implementar políticas y leyes de odio que atentan contra la vida y la familia”.
Recordó a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, que el Estado Mexicano tiene la obligación de procurar la defensa de la vida, de la familia y la fe religiosa como está previsto en el artículo primero constitucional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos y la Familia.
El presidente del Consejo Interreligioso del Estado manifestó que el posicionamiento que dan en torno a lo ocurrido en Chihuahua, “es un eco al dolor que hemos sentido por los ataques de la delincuencia en contra de asociaciones religiosas que han sido minimizados”, que no les dieron la difusión como la que se está dando por la muerte de los sacerdotes Jesuitas, “por eso es el reclamo a las instituciones, porque hay denuncias de otras asociaciones religiosas que han sufrido embates de la delincuencia”.
Dio a conocer que más del 65 por ciento de la comunidad religiosa sufre de algún acto de violencia, entre ellos la discriminación, el bullying, ataques de burla y nada ha trascendido.
Citó como ejemplo que las Iglesias de los Mormones ubicada en la calle Galo Soberón y Parra y cerca de las instalaciones de la Fiscalía, han sido saqueadas en 3 ocasiones y nada han hecho las autoridades.
Recordó que en noviembre del año pasado fue asesinado en La Montaña de Guerrero un misionero de la Iglesia Presbiteriana por estar profesando la religión, “lo cual preocupa porque ni para el sector religioso hay seguridad”.
Barbosa Guzmán exigió a las autoridades gubernamentales que terminen con las políticas de odio contra el sector religioso. Aclaró que pastores, ministros y sacerdotes pagan impuestos, por lo que exigen también seguridad porque contribuyen a la generación de los presupuestos de egresos, y un importante porcentaje del dinero se destina para seguridad y para la procuración de justicia, “pero no hay una completa aplicación de los sistemas de seguridad y de justicia”.
Deseamos también que todo tipo de acto que ocurra en contra de la sociedad sea investigado y castigado con todo el peso de la ley, “no queremos que solamente se de en discurso de que vayan a ir a abrazar a los delincuentes, no queremos eso, queremos la aplicación completa de la ley porque esto nos afecta a todos”.
Manifestó que la delincuencia ya rebasó los límites “porque no respeta nada”. Dijo que presume que posiblemente el obispo emérito Salvador Rangel fue hostigado, posiblemente fue amenazado, “y por eso pudo haber hecho declaraciones en el sentido que ustedes ya saben, vamos a respetar esa discrecionalidad de él, porque tiene que pedir y abogar por su propia vida si ve que las autoridades no están respondiendo dándole seguridad”.
Señaló además que es necesario que los policías ministeriales y agentes del Ministerio Público sean capacitados, para que no cometan errores y vicios para evitar que delincuentes consumados salgan en libertad por fallas en la integración de las carpetas de investigación.
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