Por Efraín Flores Iglesias
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que comanda Bruno Plácido Valerio, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.
Todo surgió por la irrupción violenta que hiciera su grupo de autodefensa el pasado 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco, en donde asesinaron a balazos siete personas, entre ellas dos niños y un bebé de cuatro meses que murió por traumatismo craneoencefálico.
En un principio, Bruno Plácido se comprometió entregar a las autoridades a los responsables de dicha masacre. Pero no fue así. Le valió y encubrió a sus “policías ciudadanos”.
Y eso no es todo. Retó al gobierno del estado, manifestando que no “permitirá” el desarme de sus elementos que operan en varios municipios de la Costa Chica y el Valle del Ocotito.
Bruno Plácido Valerio es originario del municipio de Xochistlahuaca, pero desde su infancia se fue a radicar a Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán.
Fue en la década de los 80s cuando comenzó a participar en la lucha social para defender los derechos de los pueblos mixtecos.
Después de la matanza de El Charco (7 de junio de 1998) se dio origen al Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación, transformándose inmediatamente como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que incluyó a pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica.
Bruno Plácido fue uno de los dirigentes visibles de la CRAC hasta 2012, año en que fue expulsado junto con su hermano Cirino, ya que intentaron manipular a los pueblos agrupados al Sistema de Justicia Comunitaria para recibir prebendas de Ángel Aguirre Rivero.
La intención del entonces gobernador perredista era muy clara: controlar a través del promotor comunitario la región de la Costa Chica. Y lo logró. Creó a su Frankenstein.
En 2013 nació la UPOEG.
En un inicio sus integrantes bloquearon carreteras para exigir maestros, pero en los primeros días de enero de 2014 la agrupación decidió armarse con el pretexto de defender a los pobladores de la Costa Chica de la delincuencia organizada. Y fue así como se extendieron en otras regiones de la entidad. Claro, con el aval del gobierno aguirrista.
La UPOEG fue bien vista en un principio por los pobladores, pero con el paso del tiempo la percepción ha cambiado, ya que ha protagonizado enfrentamientos con otros grupos de autodefensa, dejando un saldo de varios civiles abatidos.
Las detenciones que realiza son arbitrarias y toleradas hasta este momento por las autoridades. Y no se diga los retenes que mantienen en el Valle del Ocotito.
Al líder de la UPOEG se le ha señalado en narcomantas de servir a los intereses de dos grupos criminales que operan en la región Centro de la entidad, pero eso no parece preocuparle. Su ambición es más grande que nada. Y, peor aún, la Coordinación del grupo de autodefensa –a través de su cuenta de Facebook– difundió el jueves 15 lo siguiente:
“Después de tener una reunión con las distintas autoridades civiles y agrarias de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual; no se permitirá ni un tipo de desarme y en los pueblos estamos dispuestos a todo con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado”.
El mensaje fue en respuesta a la declaración que dio el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien aseguró que su gobierno trabaja para desarmar a este grupo “que no son policías”. (El Sol de Acapulco/13-VI-2017).
Y el viernes al ser entrevistado en Acapulco luego de inaugurar la construcción de un proyecto comercial que llevará el nombre de Armando’s Le Club, fue más claro:
“(El desarme a la UPOEG) es un asunto que le conviene al estado ahora y a los guerrerenses, no es un asunto que solamente lo exprese el gobernador”. (La Jornada Guerrero/17-VI-2017).
En efecto, urge un desarme a la UPOEG. Y no sólo eso, también la detención de su dirigente, quien ha violentado la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, al operar con su autodefensa en pueblos sin presencia indígena, y por el derramamiento de sangre en el Valle del Ocotito.
En Michoacán, en donde realmente las autodefensas combatieron a un grupo criminal en 2013, uno de sus principales dirigentes, el doctor José Manuel Mireles Valverde, fue detenido por delitos no tan graves. Recientemente salió de una prisión federal.
El gobierno de Héctor Astudillo tiene razón al señalar que el desarme de la UPOEG conviene a todos.
Ojalá pronto se castigue a los responsables de la masacre ocurrida en San Pedro Cacahuatepec y en otras zonas de la entidad.
Comentarios: E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com; Facebook: Efraín Flores Iglesias; Twitter: @efiglesias
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