Por: Ariel Palemón Arcos
La educación constituye uno de los pilares centrales para la trasformación, desarrollo y progreso de cualquier país, al permitir alcanzar mejores niveles de bienestar social, combatir las desigualdades, acceder a mejores oportunidades económicas y elevar los niveles culturales de la población, entre otros aspectos. En otros términos, posibilita construir una sociedad más justa, productiva, próspera e igualitaria.
En el caso de México, el artículo 3º de nuestra Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado es el responsable de garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos aseguren el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
El Ejecutivo Federal se comprometió a hacer de la educación la fuente trasformadora del país, por lo que se promulgó la Reforma Educativa, la cual tiene como objetivo central garantizar el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad.
Para el cumplimiento de este objetivo fundamental, se ha implementado una serie de programas y acciones relacionados con la capacitación y profesionalización de los docentes, el fortalecimiento de gestión escolar, el mejoramiento de infraestructura educativa y el aumento de becas para que los niños y jóvenes mexicanos puedan concluir sus estudios, principalmente.
Es de saberse que las poblaciones de menores ingresos son las que generalmente tienen menos posibilidades de acceder a los servicios educativos y más aún a una educación de calidad, lo cual impacta negativamente en su desarrollo personal y nivel de vida.
En el caso del estado de Guerrero, existen grandes rezagos educativos, ubicándolo en los últimos lugares a nivel nacional. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de apenas el primer año de secundaria concluido, siendo de tercer año a nivel nacional.
Por si fuera poco, la tasa de analfabetismo en la entidad es de 13.6%, ocupando el penúltimo lugar de todas las entidades federativas, solo por debajo de Chiapas.
Lo anterior revela que aún hay importantes deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y calidad educativa, sobre todo, en las comunidades más vulnerables, por lo que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una estrategia integral e incluyente que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual.
Ante este panorama, resulta crucial seguir impulsando políticas públicas a fin de combatir los rezagos en materia educativa. Si bien los avances son importantes, resultan todavía insuficientes. Es imperativo que el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y la sociedad civil, continúen trabajando por una mejor educación, que permita avanzar hacia el desarrollo y progreso nacional.
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