Insensibilidad e incapacidad, encuentran familias de desaparecidos en las autoridades

Bernardo Torres/API
Reportero

Chilpancingo, Gro. 23 de Octubre. (Síntesis de Guerrero). – La señora María Guadalupe, madre de un joven desaparecido en Chilpancingo, estalla en llanto, al ver la insensibilidad con la que son tratadas las familias de personas asesinadas, secuestradas y desaparecidas, por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia y de atención a víctimas.

“Desde que desaparecieron nuestros hijos, no comemos, estamos enfermos, no dormimos, aparte que tenemos que cuidar a los niños que nos dejaron sus padres, y no encontramos apoyo en ninguna autoridad”, lamentó.

María Guadalupe Rodríguez Narciso, representante del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado y el País, que aglutina a más de 100 familias que padecen alguno de estos casos, denunció este fin de semana, la falta de atención de los gobiernos estatal y federal, y anunciaron una campaña de búsqueda.

Reprocharon a los funcionarios encargados de tratar con las víctimas, su falta de sensibilidad, su falta de interés y su incapacidad para estar en esos cargos, derrochando el dinero del pueblo.

En la última reunión, el Agente del Ministerio Público Federal, acusó a las familias de haberlo secuestrado en su visita a Guerrero, cuando fue obligado a tomar las denuncias, lo que provocó aún más el enojo de los afectados.

“Nosotros sabemos lo que es un secuestro, estamos siendo torturados desde el momento en que se llevan a nuestros hijos, estamos gritando y llorando a cada llamada al teléfono, cada que nos dicen que si no entregamos el dinero van a recibir a su familia hecha pedazos, ese inepto, no sabe lo que es un secuestro”, acusó la representante del colectivo.

Se dijeron sumamente indignados con el sistema de justicia que ha llevado sus casos, quienes tratan los cuerpos hallados en fosas como si se tratara de animales cuando los bajan de los cerros, violando todas las garantías individuales de las víctimas.

Esta indignación detonó la semana pasada, cuando se exhibieron las deficiencias en las investigaciones del caso de la joven Zaira Hernández Chino, quien permaneció más de 10 meses en el Servicio Médico Forense y a pesar de que ya se tenían los resultados de ADN, nunca se notificó a sus familiares.

Zaira tenía 15 años, cuando desapareció, y un año después, fue hallada junto con otra joven en una fosa clandestina en la comunidad de Amojileca, y su cuerpo fue entregado apenas este 20 de octubre, luego de una protesta ante el propio gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores.

Por si fuera poco, al momento de que el cuerpo le fue entregado, no hubo una autoridad en el estado capaz de ayudar con los gastos funerarios, cuando su madre Bellanira Chino, no tenía un solo peso, pues a lo largo de la búsqueda ha perdido sus empleos y sus hijos incluso han abandonado sus estudios.

“Es una total re-victimización la que nos hacen, ella ha sido despedida de sus trabajos, uno de sus hijos cayó en las drogas, está internado y ninguna autoridad los ha ayudado, bajo el argumento de no tener presupuesto”, dijo.

En una breve protesta que realizaron este domingo en el zócalo de Chilpancingo, los integrantes del colectivo, explicaron que el objetivo de haberse organizado, desde hace casi dos años, es para exigir esa justicia que no ha llegado y que el estado la federación les ha negado a las familias de secuestrados, desaparecidos y asesinados.

Explicó como en esta búsqueda de sus seres queridos, decenas de hogares se han quedado sin padre, madre, hijos o hermanos, y los que quedan no tienen dinero para comer o siquiera para ir a la escuela, sin que ninguna autoridad voltee a ver a las víctimas secundarias.

En este grupo, hay familias de Chilpancingo, de comunidades de la sierra, de la Montaña Baja, de las Costas de la entidad, y algunos de otros estados, que tienen familiares que han sido víctimas en Guerrero.

A pesar de que hay quienes llevan, uno, dos, tres, cuatro o hasta seis años desaparecidos, dijo, no pierden la esperanza de hallarlos con vida, pero por la necesidad de hallarlos, los han buscado y seguirán buscando en fosas clandestinas.

“Nos hemos organizado, porque solos no pudimos, nos metieron miedo las autoridades investigadoras, nos decían que no fuéramos, que peligrábamos, porque ahí mismo hay gente que está con la delincuencia organizada, y lejos de que nos dieran ese valor e hicieran la investigación que nosotros exigíamos, nos metían miedo”, expuso.

El miedo y la omisión por parte de las autoridades del estado de Guerrero, los obligaron a trasladar sus protestas a la ciudad de México, a la Procuraduría General de la República (PGR), donde sólo a través de bloqueos, plantones y huelgas de hambre, lograron ser atendidos.

En el mes de Abril de 2015, realizaron la primera protesta ante la PGR, donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobierno se comprometió a venir a Guerrero para tomar sus denuncias, sin embargo, nunca se concretó la visita y tuvieron que accionar nuevamente.

Pasado más de un año, acudió a tomar las denuncias un Ministerio Público de la PGR, a quien le exigieron se investigara lo que ya había en las averiguaciones previas “Pero hasta cuando, hasta que estamos exigiendo, estamos obligando, gritando peleando, la verdad es una tristeza tener esta justicia”, lamentó.

El 20 Julio, se plantaron nuevamente ante la PGR, pero fueron desalojados de manera violenta por la Policía de la Ciudad de México, teniendo que iniciar una huelga de hambre que duró dos días, y hasta que algunos miembros del colectivo empezaron a tener problemas de salud, fueron atendidos.

Los miembros del colectivo encuentra motivación en la lucha que han mantenido los padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes a pesar de las amenazas y las mentiras del gobierno, siguen de pie y han exhibido la inoperancia de las autoridades encargadas de impartir justicia.

Luego de haber concretado reuniones con los vicefiscales de la Fiscalía General del Estado, a través del secretario particular del gobernador, Cesar Armenta, para pedir un trato de acuerdo humano y apegado a derecho de los 450 cuerpos que se encuentran en los Semefos del estado, se revelaron una serie de anomalías.

La muestra, fue el caso de la joven Zaira, a quien identificada desde enero y confrontadas las pruebas de ADN desde agosto, el cuerpo fue entregado hasta finales de octubre, por omisión de Servicios Periciales de la FGE.

María Guadalupe Rodríguez, representante del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado y el País, exhibió que los Semefos no siguen los protocolos marcados por la leyes de Atención a Víctimas, no tienen folios, no hay cadena de custodia.

Al momento en que iba a ser entregado el cuerpo de Zaira a su madre, Bellanira Chino, los responsables de la entrega desconocían cual era el cuerpo, “discutían entre ellos, cuál era el cuerpo, y eso nos llevó a la desconfianza y confirmar que el Estado no les está dando la atención adecuada a esos cuerpos”.

Ante esta serie de deficiencias en el trabajo pericial y de genética, pidieron a la FGE se les muestren y se revisen los resultados de ADN de esos 450 cuerpos, antes de que sean depositados en el “panteón ministerial”.

Luego de el “calvario” que las familias han tenido que pasar, finalmente han logrado tener acceso a las pruebas de ADN que se les realizarán a los cuerpos, y podrán seguir el proceso sobre el destino que tengan los cuerpos que hay en los Semefos.

Desde hace más de un año, cuando iniciaron las búsquedas en fosas y tiraderos clandestinos de cuerpos humanos, reveló que por lo menos 50 cuerpos han sido rescatados de un barranco en Chichihualco, situación que ha sido ocultada por las autoridades.

El 08 de diciembre de 2015, en un fuerte operativo en el que participaron sólo autoridades federales, encontraron en las inmediaciones de la comunidad de “El Naranjo”, en el municipio de Leonardo Bravo un tiradero clandestino con decenas de cuerpos.

Sin embargo, al no contar con el equipo necesario para el descenso y ascenso, la federación dejó los trabajos para días posteriores, sin dejar resguardo o vigilancia en el lugar.

Los miembros del colectivo, revelaron también que dos días después cuando auxiliados por elementos de la Secretaría de Protección Civil, regresaron al lugar, los cuerpos habían sido semi-calcinados, lo que dificultó la identificación de los cadáveres ahí depositados.

En esa ocasión, dijo, la representante del colectivo, fueron extraídos 27 cuerpos, que fueron trasladados a las instalaciones de la PGR, pero nunca se les informó más al respecto, ni tampoco si alguno correspondía a sus familiares.

Recientemente en ese mismo predio, elementos de la Policía Federal y PGR, realizaron una segunda inspección, esta vez, impidieron a cualquier activista o familiares de desaparecidos estar presente en las diligencias, pero tienen conocimiento que fueron extraídos más de 30 cadáveres, con lo cual ascendería a más de 50 personas tiradas en ese barranco.

“La PGR no ha dado informes, se mantiene callada, ni siquiera el gobernador ha dicho cuántos cuerpos se bajaron, porque no quieren que se sepa, porque no quieren que se haga escándalo”, insistió.

Y no solo eso, mediante denuncias anónimas, han tenido conocimiento de fosas clandestinas, en los alrededores de poblados como Zumpango, y en Dos Caminos, cerca de Ocotito, pero cuando acuden las instancias federales, los cuerpos ya han sido extraídos.

Esta constante, los lleva a pensar de que al interior de las corporaciones de todos los niveles está infiltrada la delincuencia organizada, a quienes nos les conviene que los cuerpos sean extraídos.(Agencia Periodística de Investigación)