El delegado sindical Jorge Ventura Rendón aseguró que la ocupación de las instalaciones fue un acto de resguardo de un bien federal; Patricia Isabel Ortiz Arriaga denunció un intento de desalojo, hostigamiento e intimidación y anunció que acudirá ante las autoridades competentes.
Texto: Fernando Foster
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 3 de septiembre de 2026.- La disputa por la operación de la cafetería del Instituto Tecnológico de Chilpancingo escaló este jueves, luego de que integrantes de la delegación sindical 542 de la Sección 61 colocaran sellos y candados en el acceso al inmueble, bajo el argumento de que se trata de un bien federal que debe ser resguardado.
El delegado sindical, Jorge Ventura Rendón, explicó que la acción fue acordada por la base trabajadora y aseguró que se realizó de manera pacífica, con la presencia de un notario público para dejar constancia del procedimiento.
De acuerdo con el dirigente, el argumento principal es que no existe un convenio de colaboración vigente que permita a la particular Patricia Isabel Ortiz Arriaga continuar ocupando el espacio. Señaló que el último acuerdo habría concluido el 31 de diciembre de 2023 y que, desde entonces, no existiría un documento que acreditara legalmente la ocupación.
Sostuvo además que, al tratarse de instalaciones federales, los trabajadores tienen la obligación de proteger y resguardar los bienes de la Nación.
Por su parte, Patricia Isabel Ortiz Arriaga, quien opera la cafetería, rechazó los señalamientos del dirigente sindical y aseguró que existe un procedimiento legal relacionado con la ocupación del inmueble.
Afirmó que un amparo promovido por ella se encuentra en revisión y cuestionó que el delegado sindical pretenda ejecutar acciones para desalojarla sin que exista una resolución de una autoridad competente que le ordene abandonar las instalaciones.
Ortiz Arriaga, acusó a Ventura Rendón de presuntos actos de hostigamiento, intimidación y abuso de poder, además de señalar que supuestamente habría realizado rondines y tomado fotografías durante la noche y seguido a una de sus trabajadoras.
También sostuvo que la situación se ha prolongado durante aproximadamente dos meses y que tanto ella como su hija han experimentado afectaciones derivadas del conflicto.
La concesionaria adelantó que recurrirá a las autoridades correspondientes para denunciar lo que considera actos arbitrarios y responsabilizó a la dirección del plantel por permitir la situación.
En tanto, el delegado sindical insistió en que la actuación de los trabajadores se realizó conforme a la legislación aplicable y que su intención es mantener bajo resguardo las instalaciones hasta que las autoridades determinen lo conducente.
El dirigente afirmó que entregaría al notario una relación de profesores que respaldaron la decisión de realizar el resguardo colectivo.
La controversia enfrenta ahora dos versiones contrapuestas: mientras el sindicato sostiene que busca proteger un inmueble federal ante la falta de un convenio vigente, la concesionaria afirma que cuenta con derechos derivados de un procedimiento legal y denuncia un intento de despojo y actos de intimidación.
Ambas partes señalaron que acudirán ante las autoridades competentes para que se determine la situación jurídica de la cafetería y las responsabilidades que pudieran derivarse del conflicto.