Marcial Campuzano
CHILPANCINGO, Gro., diciembre 26.- Con más de 5,000 desaparecidos en Guerrero en los últimos 4 años, y con presupuestos raquíticos en los ámbitos nacional y estatal para alentar la búsqueda de cadáveres en campo, y la localización de personas desaparecidas con vida cerrará este ejercicio fiscal 2022.
Beatriz Adriana Rivera quien forma parte del Colectivo de Desaparecidos “Lupita Rodríguez Narciso”, informó que son del sexo masculino la mayoría de las personas desaparecidas en Guerrero, por lo que insisten ante las instancias estatales y federales, para que sea creado el Registro Nacional de Genética para que se facilite la identificación de desaparecidos cuando son descubiertos cadáveres en fosas clandestinas, y que a la par sea instalado el Centro de Investigación Forense.
De acuerdo a los registros que obran en poder de los colectivos de desaparecidos que hay en el estado, son más de 5,000 las personas entre hombres y mujeres que se desconoce su paradero, de acuerdo a denuncias informales y formales presentadas ante las autoridades competentes en el periodo comprendido de 2019 a 2022, aunque las autoridades insisten en que son menos los casos de desapariciones en la entidad, explicó.
Beatriz Rivera informó que tan sólo el colectivo “Lupita Rodríguez Narciso”, ha logrado hasta ahora la localización de 100 cuerpos humanos en fosas clandestinas, de las cuales 6 correspondían a familiares que forman parte de esa organización.
Dijo que es lamentable que la Comisión Estatal de Búsqueda del gobierno del estado, no cuente con recursos económicos ni con vehículos para desarrollar su trabajo, por lo que demandó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que les inyecten inversiones para avanzar en la búsqueda de desaparecidos en Guerrero, que en la mayoría de los casos se efectúan con recursos propios de familias que buscan a sus parientes.
Lamentó que la Comisión Nacional de Víctimas operará en el 2023, con el mismo presupuesto que tuvo asignado en este año porque no tuvo incremento, lo cual es preocupante porque va en aumento la desaparición de personas en Guerrero y en el país, indicó.
En entrevista que concedió luego de participar en un mitin que llevaron a cabo estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el Monumento a “Las Banderas” de Chilpancingo, al cumplirse hoy 8 años 3 meses la desaparición de 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Beatriz Rivera informó que de las 200 carpetas de investigación integradas por denuncias presentadas por miembros del colectivo, la mayoría de los desaparecidos son originarios de la capital del estado entre hombres y mujeres pero en su mayoría varones.
Lamentó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no haya dejado psicólogos de guardia en este periodo vacacional, para atender a personas que entraron en crisis al recordar a sus familiares desaparecidos en esta época navideña.
En el plano nacional, México termina 2022 superando la cifra de las 109.000 personas desaparecidas, una realidad que obliga a los colectivos de familiares a salir a buscar a sus seres queridos en la tierra con el temor de perder su propia vida en este intento.
Quienes conforman las decenas de colectivos de búsqueda en el país han recibido amenazas de muerte o intimidaciones de presuntos miembros del crimen organizado, una realidad que se repite en Jalisco, el estado con mayor número de casos de desaparición y en otros lugares de la república.
El colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha visitado esta entidad el último año para ayudar en la localización de fosas, en varias ocasiones con la negativa de protección de las autoridades estatales.
Su coordinadora Cecilia Flores solicitó en noviembre pasado el mecanismo de protección del Gobierno federal tras ser amenazada de muerte.
El colectivo Luz de esperanza hace búsquedas en campo en Jalisco para localizar fosas desde hace casi dos años. En septiembre pasado y tras localizar tres cuerpos en el municipio de Tlaquepaque la Comisión estatal de búsqueda se negó a seguir los trabajos de excavación y a resguardar el área.
“El peligro es mucho, es continuo, ha habido ocasiones en que está toda la gente buscadora dispuesta o buscando y la protección (de los cuerpos de seguridad) no llega, incluso se ve la gente maleante que anda rondando en plan de amenaza y protección no llega, realmente estamos desprotegidos y expuestos”, dijo a EFE Javier González, miembro del colectivo.
González busca desde hace seis meses a su hijo Ronaldo González, desaparecido en el municipio de Tonalá. Para esclarecer su caso han tenido que investigar por su propia cuenta debido a que la Fiscalía General de Jalisco “les da largas y ninguna respuesta”.
“Los grupos de buscadores son los que encuentran, porque por parte del Gobierno no hay búsqueda, no hay apoyo”, recalcó.
ESFUERZO PROPIO
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación, en el país hay 109.171 personas desaparecidas.
Jalisco es el estado con mayor número de casos con 15.039 al corte del 17 de noviembre, seguido por Tamaulipas con 12.460 y el Estado de México con 11.880 casos.
Guadalupe Ayala Contreras, miembro de la organización Familias Unidas por Nuestros desaparecidos en Jalisco y madre de Alfredo Ezequiel Campos, desaparecido en septiembre de 2019, contó a EFE que el joven fue encontrado en fragmentos dentro de una fosa clandestina en febrero de 2020.
El tatuaje en un antebrazo mostrado por los peritos forenses le dio la certeza de que se trataba de su hijo. Por más de 18 meses tuvo que insistir al Servicio Médico Forense (Semefo) para recuperar las otras extremidades, algunas de ellas entregadas en bolsas de plástico. En enero pasado pudo sepultar el 99% del cuerpo de su hijo.
Su experiencia la llevó a ayudar a otras 56 familias a identificar y recuperar en fragmentos a sus desaparecidos, debido a que el crimen organizado los inhuma envueltos en bolsas dentro de las fosas clandestinas.
Ayala aseguró que los familiares de personas desaparecidas se enfrentan a la insuficiencia de recursos humanos por parte de las autoridades estatales, que las obligan a tomar pico y pala para buscar en las fosas y a exigir a Semefo que identifique los cuerpos que logran recuperar y no los deje en la morgue por años.
Afirmó que el rezago en el Semefo se cuenta por miles de cuerpos, pues las autoridades están rebasadas no solo para recuperar los cuerpos sino para identificarlos y entregarlos a sus familiares.
Jonathan Ávila, especialista en desaparición de personas en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, en Jalisco, afirmó que debido a la saturación de las fiscalías y los servicios forenses entre más tiempo tarde un familiar en encontrar a una persona desaparecida, menos son las posibilidades de encontrarla.
“Se pierden muchísimas pruebas en el proceso, muchos indicios, las familias son quienes los recogen y cuando los llevan a las autoridades no los toman en cuenta, el principio de la localización con vida es relevante pero también la desesperanza de las familias les ha llevado a entender que han pasado tantos años que es posible que no lo logren”, sentenció.
Ante ello, los colectivos son obligados a salir a campo a buscar como la única opción para avanzar en su caso, pero a la vez poniendo en riesgo su vida.
“Este año nos demostró que la seguridad de las familias es primordial, ha habido múltiples asesinatos de familias que buscaban a sus seres queridos y también esa violencia silenciosa y agresiones, las amenazas directas que vienen después de las búsquedas o desde las propias instituciones que algunas están coludidas”, concluyó.
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