Es un linchamiento sin proporciones en mi contra, responde Fermín Alvarado

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Marcial Campuzano
CHILPANCINGO, Gro, junio 19.- El ex director general del Colegio de Bachilleres (Cobach) Fermín Alvarado Arroyo, sostuvo que la información que filtró la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado en la que lo responsabiliza de haber incurrido en irregularidades por un monto de 1,300 millones de pesos, es un distractor mediático y un linchamiento y persecución política en su contra que daña su prestigio y su reputación, que puso en riesgo su seguridad y la de su familia.
Al emitir este domingo un posicionamiento de los señalamientos que le hizo el contralor Eduardo Loría Casanova, de quien dijo que es usado para golpearlo políticamente, Alvarado Arroyo manifestó que la información es sesgada, manipulada y desproporcionada.
En principio, el ex director general del Cobach manifestó que es ilegal y violatorio de derechos, garantías y de las formalidades esenciales de un procedimiento administrativo, el que el contralor Eduardo Loria Casanova se haya prestado a presentar púbicamente supuestas conclusiones de la auditoría practicada al Colegio de Bachilleres por el periodo 2018, 2019, 2020 y 2021, y anunciar incluso sanciones “violando mi garantía de audiencia y la presunción de inocencia”.
Hablar de un presunto desvío de recursos de 1,300 millones de pesos, es tan increíble que hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años, lo que nunca sucedió, indicó. Expuso que del total de recursos financieros que llegan al Cobach, el 96 por ciento se destina al pago de salarios, y sólo el 4 por ciento a gasto de operación.
Sobre la supuesta falta de pagos de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos como lo citó el contralor en el informe, Fermín Alvarado sostuvo que es indebido que se le pretenda imputar un pasivo que en su mayoría fue heredado, como parte de una deuda histórica institucional de años atrás, entre los que figuran más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI que viene del 2005; los más de 200 millones de laudos laborales que iniciaron en el 2008; y la deuda con jubilados por más 50 millones de pesos que inicia en el 2012, “que son montos que yo no generé”.
Respecto al pasivo de impuestos como ISSSTE, FOVISSSTE, ISR y SAT, explicó que éste se genera por la insuficiencia de recursos presupuestales que tiene el Colegio de Bachilleres desde 2005, 2012 y a la fecha, “en virtud de que la institución no recibe el total de los recursos que se pactan entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, a quienes les corresponde una aportación igualitaria del 50 por ciento.
Por ello manifestó que es falso que se hicieran las retenciones y no fueran pagadas. Al respecto explicó: “se hacen, si, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, porque éste no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio”.
Para el ex director general del Colegio de Bachilleres “resulta por demás extraño que el contralor Eduardo Loría ignore el origen de esta situación deficitaria”, porque en todas las Juntas Directivas se hizo de conocimiento, “entre ellos a él como integrante”.
Respecto a las plazas, bases y recategorizaciones, Fermín Alvarado sostuvo que son legales y procedentes, porque “fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos”, y con la aprobación anual de recursos presupuestales como respaldo financiero, además de que tienen el respaldo de recursos estatales autorizados y aportados por el gobierno del estado.
Respecto a los pagos supuestamente indebidos a una empresa por 20 millones de pesos, Alvarado Arroyo explicó que se trata de pagos que se hacen a la empresa “Administradores y Consultores en Previsión Social S.A. de C.V.” que es la administradora del Programa de Previsión Social SEFI desde 1997.
“Es decir, es una empresa no contratada por mí; el SEFI es un Programa no creado por mí y los pagos que se le realizaron en 3 años, son parte de las aportaciones que el Colegio está obligado hacer al Programa” lo cual ocurre desde 1997.
El ex director general del Colegio de Bachilleres le exigió al contralor, “no seguir politizando un procedimiento administrativo de fiscalización del que no he sido notificado, violando mi garantía de audiencia, la presunción de inocencia, y las formalidades esenciales de procedimiento, y esté siendo convertido en un distractor mediático, y en un linchamiento y persecución política en contra de mi persona, que daña mi prestigio y reputación y pone en riesgo incluso mi seguridad y la de mi familia, de la que los responsabilizo”.

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