Marcial Campuzano
CHILPANCINGO, Gro., junio 14.- El Congreso del estado mantiene firme el desacato a una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que le ordenó no considerar el cobro del alumbrado público en las leyes de Ingresos de los municipios de Acapulco, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Chilpancingo por ser inconstitucional, por lo que los 46 legisladores de Guerrero podrían ser objeto de juicio político y destitución del cargo.
En conferencia de prensa que ofreció con líderes de organizaciones sociales y de colonias con la presencia del diputado federal Carlos Sánchez Barrios, el dirigente del Frente de Resistencia por Guerrero Leocadio Nieto Apreza informó además que otros 70 municipios de Guerrero, iniciaron un juicio ante la Suprema Corte de Justicia a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se cancele de las Leyes de Ingresos el cobro del alumbrado público.
Nieto Apreza dijo que a pesar de que el 18 de noviembre de 2021 los ministros de la Suprema Corte de Justicia ordenaron al Congreso de Guerrero a través de una sentencia, que invalidarán los artículos de las leyes de Ingresos de los municipios de Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Taxco y Chilpancingo que dan cuenta del cobro del alumbrado público, y que en lo sucesivo no incurrieran en los mismos vicios, echaron por la borda la resolución y aprobaron y autorizaron dicho cobro en las leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2022.
Por el desacato, el Frente de Resistencia por Guerrero y otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron un recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que éste organismo denuncie el desacato de modo tal que la Suprema Corte de Justicia dicte la resolución que corresponda.
De entrada las organizaciones que luchan por la cancelación de dicho cobro, piden que los 46 diputados de Guerrero sean sometidos a juicio político y que sean destituidos por desacatar una sentencia judicial.
En la rueda de prensa Leocadio Nieto dio a conocer que funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le informaron que otros 70 municipios del estado se sumaron a la gestión para que sean cancelados de las Leyes de Ingresos los artículos que dan cuenta del cobro del llamado Derecho de Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público (DOMAP), y que en lo sucesivo dicho cobro no sea considerado en las futuras Leyes de Ingresos Municipales.
Leocadio dijo que no pueden ni deben los particulares pagar el DOMAP, porque están cumpliendo con el pago del 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) en los consumos de energía eléctrica, pero que constitucionalmente son las autoridades o los gobiernos los que deben de absorber dicho pago.
En la conferencia de prensa el diputado federal Carlos Sánchez Barrios dio a conocer que ese tema ya lo trató al seno del Congreso federal. Informó que el año pasado presentó un punto de acuerdo para que en todos los municipios del país, el pago del alumbrado público corra a cargo de las autoridades, no de los gobernados, pero que su petición nunca fue dictaminada por la Comisión de Energía.
Dijo que en este año hizo un nuevo exhorto que fue turnado a las comisiones de Energía para que lo dictamine, y de Derechos Humanos para que emita opinión. Hasta ahora sólo se tiene la opinión aprobatoria de la Comisión de Derechos Humanos, pero la Comisión de Energía no ha emitido el dictamen.
Leocadio Nieto estima que la nueva sentencia del juicio promovido por habitantes de 70 ayuntamientos para no pagar el derecho de alumbrado público, probablemente sea emitida a más tardar en noviembre de este año, con la seguridad de que será similar a la que los ministros dictaron para los municipios de Acapulco, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Chilpancingo, ordenando al Congreso invalidar los artículos de las Leyes de Ingresos que dan cuenta del cobro del alumbrado público, y que ya no lo apliquen en futuras Leyes de Ingresos Municipales.