Proyecto de ministro declara inconstitucional la consulta popular.

Proyecto del Ministro Luis María Aguilar.

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El día de hoy se publicó en las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto del ministro Luis María Aguilar que resuelve la constitucionalidad de la materia de la consulta popular presentada por el presidente de la república, para que se juzgue a los expresidentes del país. El proyecto resuelve que es inconstitucional la materia de la consulta popular.

El proyecto del ministro Luis María Aguilar falta que sea aprobado por los demás ministros integrantes de la SCJN para que se puede declarar oficialmente la inconstitucionalidad, la sesión en la que será discutido el proyecto será el jueves 1 de octubre del presente año.

A continuación se muestran algunas de las razones que consideró el ministro para declarar inconstitucional la consulta popular;

«No es procedente una consulta popular para hacer exigibles estos derechos, pues la Constitución y las leyes establecen, en forma tajante, los derechos de todas las personas y sus garantías de protección, por lo que, en caso de que exista conocimiento y se dé noticia de que se ha violado un derecho o se han realizado violaciones generalizadas de derechos humanos o crímenes contra la humanidad, es obligación del Estado mexicano investigarlas, perseguirlas y, en su caso, sancionarlas conforme a los principios esenciales del debido proceso y a las garantías de la persona imputada, pues, al final del día, esos son los valores que proclama la Constitución y que hace que todas las mexicanas y mexicanos sean iguales ante la Ley»

«Así, tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales —incluso el anterior Código Federal de Procedimientos Penales ahora abrogado— se evidencia que la investigación de los delitos es una obligación indeclinable del Ministerio Público, por lo que no es necesario ni posible válidamente someter a consulta si los delitos deben o no investigarse».

Luis María Aguilar ministro de la SCJN desde el 2009.

«En efecto, no se puede someter a consulta la aplicación de la Ley, pues ello desnaturalizaría la finalidad de la consulta popular, que consiste precisamente en empoderar las voces y voluntad de la ciudadanía, así como proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho. Más aún, la consulta popular propuesta se considera inconstitucional, porque está dirigida a preguntar sobre la posibilidad de que las autoridades competentes investiguen o no y, en su caso, sancionen los delitos, lo cual —como quedó apuntado en párrafos anteriores— no puede estar condicionado a la aprobación de las mayorías, ya que se trata de una obligación ineludible que la Constitución impone a las autoridades competentes».

 

 

 

 

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