Contexto Político. Chilapa: crímenes impunes

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Por Efraín Flores Iglesias

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El pasado 5 de marzo, hombres armados levantaron al joven José Ignacio Dolores Flores, hijo del ex diputado local y ex alcalde priista de Chilapa de Álvarez, Sergio Dolores Flores, y de la primera síndica de dicho municipio, Edith Flores García.

Horas después, el cuerpo inerte de José Ignacio fue encontrado en las inmediaciones de la comunidad de Nejapa, sobre la carretera que va hacia Ahuacuotzingo.

De acuerdo al reporte policiaco, el cadáver tenía señas de tortura e impactos de bala. Además, las manos atadas hacia atrás.

Fuentes extraoficiales refieren que la familia Dolores Flores había recibido amenazas de muerte.

Doce días después, un grupo armado irrumpió en el interior del negocio “Servi Materiales Flores” y ejecutó de varios balazos a Sergio Dolores Flores y a otro hombre identificado como Gerardo “N”.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:30 horas de aquel martes 17 de marzo en el citado negocio (de su propiedad), localizado en la calle 7 Oriente del barrio de San Antonio, entre las calles 12 Sur y 14 Norte, en Chilapa.

Al lugar llegaron elementos policiacos y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de acordonar y resguardar la zona. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y encontraron varios casquillos percutidos de 9 milímetros.

Los familiares del ex alcalde priista no permitieron que el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladara el cuerpo a Chilpancingo. De hecho, cinco horas después del crimen, se celebró una misa que duró media hora en el templo de San José –lugar en donde se dieron cita algunos familiares, amigos y ex colaboradores más cercanos– y después trasladado en el panteón municipal, donde descansan sus restos.

“Todo fue muy rápido y no se le pudo dar el último adiós como él lo merecía; la familia de Sergio se tuvo que ir de aquí para no ser los siguientes”, comentó una fuente consultada.

En efecto, la señora Edith Flores García y otros familiares del ex alcalde tuvieron que abandonar el municipio para no ser las siguientes víctimas.

Desde entonces, la primera sindicatura se encuentra acéfala, ya que el Congreso local no ha llamado a la suplente para ocupar el lugar.

¿Y quién es la suplente?

Resulta que la suplente es Mayra Erika Andraca Palma, nuera de la propietaria, quien también huyó de Chilapa.

Por lo tanto, el Cabildo de Chilapa de Álvarez está incompleto.

Han transcurrido 63 días del homicidio de Sergio Dolores, y la Fiscalía General del Estado, que encabeza el imberbe Jorge Zuriel de los Santos Barrila, no ha detenido a ninguno de los homicidas y no ha informado de los avances de la investigación. Es más, el ex alcalde y su hijo José Ignacio forman parte de esa larga lista de políticos asesinados en la Montaña Baja de la entidad, misma que inició desde el proceso electoral de 2015.

Recordemos que el 1 de mayo de 2015, el candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz –de 34 años–, fue asesinado luego de encabezar un evento en dicha localidad. El crimen fue atribuido al grupo delictivo “Los Ardillos”, que durante varios años mantuvo una feroz guerra con “Los Rojos”.

El crimen de Ulises Fabián conmocionó a la clase política estatal. Y el beneficiario político de tan lamentable suceso fue Jesús Parra García, quien de manera insensible y cobarde se niega a condenar los crímenes que ocurren en el municipio que (des)gobierna desde ese entonces.

En julio 2018 y en un ambiente de zozobra, Parra García se reeligió en el cargo. Y se sabe que en 2021 pretende contender por el distrito electoral federal 06 o, en su defecto, en el distrito local 25.

El 25 de febrero de 2018 fue asesinada a balazos la precandidata del PRI en el distrito 25, Dulce Anayely Rebaja Pedro, de 28 años de edad. Su cuerpo y el de otra persona fueron encontrados en la cajuela de una camioneta estacionada en la carretera Atzacoaloya-Chilapa.

Cuatro días antes también fue asesinada la ex regidora del Ayuntamiento de Chilapa y precandidata del PRD en el distrito 25, Antonia Jaimes Moctezuma. El crimen se perpetró dentro de su restaurante “El Toreo”.

El jueves 28 de junio de 2018 y a tres días de las elecciones locales y federales, fue asesinado Jorge Luis Vargas Díaz, encargado de la estructura electoral del candidato del PRD a la alcaldía de Chilapa, Antonio Hernández Godínez.

Un año después, el 22 de agosto de 2019, fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados cerca de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, en la entrada de la localidad de Cuadrilla Nueva.

Uno de los cuerpos correspondía al de Orencio Bello Sánchez, ex candidato a la alcaldía de Chilapa por la coalición Morena-PES. Y el otro individuo privado de la vida fue identificado como Julio Rodríguez Silva, hijo de la excandidata a diputada por Morena y el PES, Bertha Silva Díaz, quien fue asesinada a disparos el 10 de agosto de ese mismo año.

Otro crimen que tampoco ha resuelto la FGE es el ocurrido el pasado 17 de enero contra 10 integrantes de la agrupación “Sensación musical”, en el camino Mexcalzingo-Tlayelpan de Chilapa. La mayoría de los occisos formaba parte de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblo Fundadores (CRAC-PF), que desde hace tres años mantiene una guerra con “Los Ardillos”.

Días después de tan lamentables hechos, los promotores de la CRAC-PF presentaron en Alcozacán a 19 menores de edad vestidos con playeras verde-olivo y portando escopetas como nuevos miembros de la policía comunitaria.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y las reacciones no se hicieron esperar.

El pasado 4 de marzo y luego de concluir la inauguración de la Semana Jurídica 2020, el fiscal De los Santos Barrila confirmó “avances importantes” para librar las ordenes de aprehensión contra los asesinos de los diez músicos indígenas.

“Hemos recabado testimonios. Son bastantes relevantes las entrevistas y estamos acabando las diligencias”, dijo en ese entonces.

Y hasta el momento nada de nada. Por el contrario, los crímenes contra miembros de la clase política no cesan en la entidad. El más reciente fue el del perredista Víctor Hugo Romero Valencia, síndico procurador del municipio de Tixtla.

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E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com

Twitter: @efiglesias

 

 

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