Miguel Ángel Arrieta.
El problema del debate cabildeado por la minoría PRD-PRI y respaldado por una parte de Morena en el Congreso de Guerrero, para posponer tres meses el inicio del proceso electoral es que su planteamiento proviene de una perspectiva partidista en función del reacomodo político desprendido de la pandemia, y carece de modificaciones estructurales que justifiquen constitucionalmente el aplazamiento.
Más allá de una argumentación logística, el desafío de mover del primero de septiembre al primero de diciembre el inicio oficial de la competencia, se localiza en llenar una serie de ajustes constitucionales antes del 31 de mayo próximo, dado que la legislación electoral precisa que no se pueden hacer reformas constitucionales noventa días ante del inicio del proceso de elecciones.
Por lo pronto, el aplazamiento implica el rediseño de la agenda legislativa actual cuya elaboración les llevó a los diputados locales dos meses y medio, lo que abre una brecha incierta ante una carrera contra el tiempo dentro de una dinámica de tortuguismo que distingue al Congreso estatal.
Después de todo, la iniciativa sobre el aplazamiento debe ser parte de un conjunto de modificaciones integrales para armonizar fechas con el calendario de actividades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, (IEPC), y a la vez contener la permisibilidad de escenarios alternos para elegir alcaldes, diputados locales y gobernador en un estado donde prevalecen indicios para alargar la contingencia sanitaria, o asimilar un rebrote de contagios en diciembre próximo.
Si no se trata de un asunto de especulación partidista, el aplazamiento del inicio del proceso electoral encaminaría a los diputados locales hacia la redención legislativa al otorgarles espacio para fortalecer la democratización real del proceso electoral, a través de iniciativas sustanciales en este contexto, entre las que destaca la reglamentación de la figura del diputado migrante y el diputado indigenista y la disminución de diputaciones plurinominales, cuya discusión sospechosamente no tuvieron tiempo de analizar los diputados en casi año y medio que llevan como legisladores.
El dilema de cubrir estos huecos, es que los diputados están obligados en primer término a resolver la integración de una nueva agenda con base en la crisis social y económica que enfrentan millones de guerrerenses, y en la que por lo menos se aprecian cinco elementos a considerar antes de priorizar en intereses políticos:
1.- El nuevo enfoque del Congreso local no podrá evadir el análisis de un paquete para la reactivación económica del estado, que vaya desde estímulos fiscales a inversionistas y pequeñas y medianas empresas, hasta un trabajo de acercamiento de los diputados con el gobierno federal en el que planteen la necesidad de fortalecer económicamente a la entidad.
2.- El diseño de una reglamentación de convivencia ciudadana para sobrellevar las exigencias de la pandemia, punto en el que seguramente definirán obligaciones para mantener la sana distancia, restricciones para no circular por ley y limitar el uso de espacios públicos ante cualquier riesgo de reactivar la transmisión viral.
3.- La readecuación de la distribución del presupuesto del gobierno de Guerrero. Durante la primera semana de mayo, el Banco de México calculó que el impacto por la crisis financiera derivada de la pandemia se reflejará en una reducción del 36.5 por ciento en las participaciones fiscales asignadas por el gobierno federal a los estados, lo que obliga a los gobiernos estatales a un ejercicio de reacomodo presupuestal urgente, por lo menos lo que resta del 2020.
4.- Revisar los alcances y deficiencias de la ley de Salud estatal, ante el nuevo escenario sanitario del Covid-19. En el corto plazo, Guerrero requiere fortalecer ese sector frente a la probabilidad de que la amenaza viral se mantenga unos meses o años más y dentro de un contexto de ajustes financieros federales. Lo rescatable en esta línea de trabajo, es que la Comisión de Salud del Congreso que preside el diputado Olaguer Hernández, sesiona en forma permanente desde que inició la pandemia, y ya manejan una serie de iniciativas al respecto.
5.- Todavía no se sabe cuándo tocará fondo la crisis del coronavirus, pero los 81 ayuntamientos de Guerrero navegan ya en una ruta de naufragio económico sin que exista un plan de rescate hacia ellos. La caída de toda actividad productiva cerró los ingresos propios de los gobiernos municipales, a tal grado que las tesorerías locales no tienen capacidad para pagar la nómina completa y cubrir el costo de servicios públicos elementales, menos con la implementación de actividades de sanitización que no se pueden detener. De ahí que el congreso tiene que ir definiendo acuerdos fiscales entre el estado y la federación que permitan tender líneas de auxilio monetario a las alcaldías, de lo contrario la reactivación económica se quedará trunca.
Al final de cuentas, los diputados locales necesitan de una perspectiva de salida derivada de prioridades y la visión del tema electoral no figura en la inmediatez del interés ciudadano.
En el fondo, antes de definir la nueva agenda legislativa, los legisladores deberían acabar con la percepción de que los diputados locales del PRI y PRD pretenden alargar los plazos electorales con el fin de esperar hasta qué grado se descomponen las figuras de Morena, y los de Morena diluir la proyección de que parecen urgidos de tiempo para cocinar sus estructuras luego del parón proselitista que les dio el Covid-19.
Por ahí deben comenzar.