De la duda razonable…

Rodrigo Juárez Ortiz
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Nadie que tenga mas de dos dedos de frente podrá negar la existencia de una execrable corrupción y su consecuente impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado, en nuestro país, sin soslayar el hecho de que para que haya corrupción, debe de haber dos partes, quien corrompe y quien se deja corromper.

Como base del ataque frontal a este siniestro problema, causante de otros no menos graves, recién se han creado medidas jurídicas de fondo, dentro de un país de Derecho, tendentes a su tratamiento y solución, v.gr.: el Sistema Nacional Anticorrupción ( SNA) que coordina a las autoridades federales, estatales y municipales para que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, creado constitucionalmente, así como las leyes secundarias conducentes aprobadas por el Congreso de la Unión ( 4 nuevas y 3 reformadas); asimismo se ha creado el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otros organismos y también asociaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Es obvio que todo esto está en proceso, en vías de realización, de ahí que no se entiende el porqué de tantas censuras y exigencias para ya tener resultados, sin recordar de que Roma no se hizo en un día. Es válido, en consecuencia, preguntar ¿ En dónde estaban los censores actuales(que no críticos), con sus gritos ensordecedores cuando el país estaba hundido en la corrupción y la impunidad; cuando nuestros recursos naturales se entregaron indiscriminadamente a compañías privadas nacionales y extranjeras ? entre otras lindezas y nunca se oyeron sus protestas, como ahora.

Y dentro de esto, la austeridad republicana del nuevo régimen ha instaurado las subastas públicas para vender todos aquellos bienes de lujo de los que disfrutaban los servidores públicos, entre ellos le tocó el turno ahora a la Quinta Guerrero, que junto a la de Cozumel, en Quintana Roo quedan en esa tesitura. Sin embargo, toda vez que Quinta Guerrero está enclavada en las instalaciones de la Octava Región Naval y estaba destinada para descanso del presidente en turno, ahora que se subastará surgen algunas dudas razonables: quien la adquiera ¿Tendrá el uso exclusivo de la playa, lo cual es anticonstitucional?, ¿ Nadie del público podrá usar esa playa? ¿ Podrá recibir invitados por la vía marítima? ¿Tendrá vigilancia militar naval, por estar en las instalaciones de la Base Naval? ¿Habrá una lista o pases para personas autorizadas para acceder en la entrada por tierra o cada vez tendrán que avisarles de ahí, para ello ? ¿ Las personas que pujen en la subasta deberán ser estrictamente analizadas en sus actividades personales públicas y privadas para conocer su status general? ¿Podrán adquirir la propiedad personas físicas o morales, o extranjeros también, previo fideicomiso? ¿ Se tendrá que desincorporar la propiedad de la SEDENA? ¿El adquirente podrá usar su propiedad como lugar de fiestas? ¿ No podrá usarse, mejor, para recibir a jefes de Estado para que visiten a Acapulco cuando vengan a México? En fin, son dudas razonables que ya se resolverán.

O usted, expectante lector, ¿Qué opina?

Por: Rodrigo Juárez Ortiz.

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