Juan Blanco/API
Leonardo Bravo, Gro., 28 de mayo de 2019. -Pese a acuerdos y documentos de por medio, el Gobierno Federal no está pagando las despensas y rentas de sus viviendas provisionales a familias desplazadas por la violencia en la Sierra de Guerrero.
Lo anterior fue denunciado por los propios afectados, liderados por su vocero Crescencio González Pacheco, y por el director del Centro Regional de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón» (Centro-Morelos), Manuel Olivares Hernández.
En conferencia de prensa este martes en Chichihualco, donde los desplazados llevan casi ocho meses refugiados, el dirigente de dicho Centro recordó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población se comprometió, mediante una minuta de acuerdos, pagar los víveres y renta de las casas provisionales a las familias.
No obstante, a dos meses de haber regresado a Chichihualco tras haber realizado un mes de plantón en Palacio Nacional en la Ciudad de México, dicha dependencia del Gobierno Federal, de la cual es titular Alejandro Encinas Rodríguez, no ha dado los apoyos.
Esto se da pese a que también fueron dados de alta en el Registro Nacional de Víctimas con el fin de acceder a los beneficios y derechos que otorga la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Los desplazados anunciaron que iniciarán una serie de actividades para recolectar recursos y así costear su alimentación y renta. Detallaron que semana con semana tomarán las casetas de peaje de la Autopista del Sol, entre estas la de Palo Blanco, del municipio de Chilpancingo.
Como se recordará, las autoridades se comprometieron a entregar a cada familia afectada hasta 3 mil pesos para renta y 4 mil pesos para alimentación, mes con mes, mientras los primeros afinaban las estrategias
que garantizara a los segundos su regreso a sus comunidades de donde fueron desplazadas.
No obstante, ni con los apoyos ni con el retorno de los afectados a sus pueblos han cumplido las autoridades.
Olivares Hernández recordó que el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos solicitaría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, vigilar y dar seguridad a los desplazados para que volvieran a sus lugares de origen.
Las corporaciones policiacas, citó, debieron haber instalado bases de seguridad en la carretera que conduce a El Naranjo, en el punto conocido como La Quebradora, y en el crucero de El Carrizal, ambos poblados pertenecientes al municipio de Leonardo Bravo, lo que hasta hoy no ha sucedido.
“Este compromiso que era el más importante y que sigue siendo el más importante para las familias que se encuentran en esta cabecera municipal, no se ha cumplido para nada. La gente se vino (de la Ciudad de México) pensando en que esta minuta se iba a cumplir, pero no fue así”, reprochó el activista.
Otra de los problemas a los que la Subsecretaría no ha dado solución es en materia de educación, puesto que los niños desplazados llevan más de siete meses sin clases, por lo que prácticamente perdieron el ciclo escolar 2018-2019, y está en riesgo el próximo.
Por su parte, el líder y vocero de las familias perjudicadas, Crescencio González Pacheco dijo que ante la falta de apoyos del Gobierno Federal a través del CEAV, las familias han tenido que costear con recursos propios su alimentación y renta de las viviendas provisionales ubicadas en Chichihualco.
“¿Cómo hemos sobrevivido? Como Dios nos ha dado a entender, entre todos nos hemos visto como familia y hemos podido salir adelante”, dijo e indicó que “nosotros no quisiéramos hacer las acciones de tomar las casetas y botear y dar a conocer la información a los medios (de comunicación)”, pero no les dejaron otra alternativa más que sí hacerlo.
El vocero reprochó que el Gobierno Estatal también los haya dejado en el olvido e indefensos puesto que nunca les entregaron una sola despensa tal como prometieron hacerlo semana con semana.
“Llevamos más de un mes sin recibir esa despensa por parte del estado”, dijo.
Por último, González Pacheco a nombre de las familias exigió a los tres órdenes de gobierno les garanticen verdadera seguridad para que puedan regresar a sus pueblos ubicados en la zona de la Sierra, antes del inicio del próximo ciclo escolar.
Las familias fueron desplazadas de esa zona en noviembre del año pasado tras la irrupción de presuntos policías comunitarios de Tlacotepec, cabecera municipal del General Heliodoro Castillo, en el corredor Xochipala-Corralitos, hecho que dejó más de diez muertos, casas y autos balaceados. (Agencia Periodística de Investigación)