Cancelados, dos proyectos estratégicos del gobernador de Guerrero

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CHILPANCINGO, Gro. , 15 de mayo del 2019.- El pasado 25 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo dos anuncios, la desaparición de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y la cancelación del Consejo del Fomento al Turismo, que cimbraron al gobierno de Héctor Astudillo Flores.

Ambos repercuten directamente en los planes y proyectos impulsados por el mandatario priista en beneficio de la industria minera y portuaria en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.

El argumento de López Obrador para suprimir las ZEE fue que esos entornos, presuntamente creados para ayudar a las comunidades, nunca cumplieron esa función y sólo sirvieron para acumular terrenos y derrochar recursos.
Con respecto al Consejo del Fomento al Turismo, según el presidente, “era un barril sin fondo; no se fomentaba el turismo y se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, así como para pagar publicidad en periódicos. Algunos están inconformes, pero ya no hay derroche”.

El 29 de abril Astudillo respondió. Dijo que “espera alternativas para suplir la posibilidad de generar inversión y empleo” en la región de la Costa Grande, donde, indicó, en 2017 se habló de una inversión millonaria por parte de las ZEE para la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, al municipio guerrerense de La Unión.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad, Álvaro Burgos Barrera, reprochó también la decisión presidencial y argumentó que tres empresas extranjeras habían comprometido una inversión de 2 mil millones de dólares en la ampliación del proyecto portuario.

El proyecto fallido

En febrero de 2016, Astudillo anunció proyectos de la industria minera y portuaria en zonas controladas por el narcotráfico, donde, según él, la sociedad padece inseguridad y violencia extremas: ahí, añadió, el desplazamiento masivo de personas es constante y se refleja en el colapso de la economía local.

Entre las cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada en 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde se ubica la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que fue concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El documento oficial indica también que se establecería un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande, Montaña, Centro y Zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena Vista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango.

Para ejecutar el plan, Astudillo confiaba en recibir algunos millones de pesos procedentes de la Ley Federal de las ZEE, promulgada en la administración de Enrique Peña Nieto para otorgar beneficios fiscales a empresarios, tener un régimen aduanero especial y ofrecer programas de apoyo humano, financiero y de innovación para ampliar el Puerto Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las estimaciones del mandatario guerrerense, en los próximos 20 años las inversiones superarían los 10 mil millones de dólares y se crearían 100 mil empleos directos e indirectos, sobre todo en la región de la Costa Grande de Guerrero.

A principios del mes pasado, Astudillo y el alcalde morenista de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, incluso firmaron un convenio con empresarios para eximir del pago de impuestos, por montos hasta de 80%, a empresas mineras extranjeras asentadas en Guerrero.

En el acto protocolario estuvo el presidente del Clúster Minero de Guerrero y representante de la minera Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold, Alfredo Phillips, así como su “asesor externo” Ramón Sosamontes Herreramoro, el exjefe de la oficina de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Sosamontes es uno de los exfuncionarios involucrados en el caso de corrupción conocido como “la estafa maestra”.
Desde los ochenta el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz incursionó en el sector minero en Guerrero con el apoyo del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
En aquella época, Ahumada instaló una planta de beneficio llamada La Suriana, en el poblado de Achotla, municipio

de Arcelia, en la región de Tierra Caliente de la entidad, según los reportes oficiales consultados por Proceso.
Aun cuando se desconoce si esa mina sigue en operación, 20 años después Ahumada vuelve a generar polémica luego de que el 20 de septiembre de 2016 la agencia Apro informó que la minera Beneficiadora de Minerales Temixco, también ubicada en Arcelia, es propiedad del empresario, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por el corresponsal.

Astudillo se ha negado a hablar públicamente sobre la inversión de Ahumada en los proyectos mineros que impulsa su administración en zonas controladas por el narcotráfico.
Además del apoyo fiscal brindado a empresarios durante los tres años de la administración de Astudillo, el gasto de uno de los estados más pobres y marginados para beneficiar a la iniciativa privada, a través del concepto de Promoción Turística, asciende a 476 millones 592 mil pesos, según reportes oficiales consultados por Proceso.

La violencia en la ZEE

Pese al discurso de Astudillo de que se restablecería el orden y la paz en Guerrero, en la región de la Costa Grande la guerra por el control de zonas productoras de metanfetaminas, así como la riqueza minera de La Unión y las ganancias producidas por el arribo, trasiego y venta de cocaína, se exacerbaron.

A finales de enero pasado la agencia Apro informó de la formación de un nuevo grupo de autodefensas adherido a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en los municipios La Unión de Isidoro Montes de Oca y Coahuayutla, donde se desató un nuevo conflicto armado que provocó la desaparición de dos excandidatos a alcalde. Ninguno ha sido localizado.

Los alcaldes de esas localidades, el perredista Crescencio Reyes Torres y el morenista Rafael Martínez Ramírez, respectivamente, exigieron al gobernador Astudillo que interviniera en el caso porque la nueva guardia comunitaria –subrayaron– está al servicio del grupo delictivo Los Cuernudos, que lidera Flavio Delgado Cruz.
La irrupción de ese grupo encendió la alarma en el gobierno estatal porque la confrontación sucedió precisamente en la zona donde se proyectó la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas.

Según los reportes oficiales consultados, en enero pasado Los Cuernudos aparecieron en Petacalco, municipio de La Unión, donde se encuentra la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, y su dirigente visible se identificó como El Chori.

También apareció otro grupo adherido a la UPOEG y dirigido por Eleazar Mercado Rodríguez, El Chay, excandidato del PRI a la alcaldía de Coahuayutla, de acuerdo con los mismos informes.

En esa ocasión los alcaldes de La Unión y de Coahuayutla pidieron a los gobiernos federal y estatal que atendieran el conflicto generado en el extremo de la Costa Grande, que colinda con el estado de Michoacán.
A mediados de febrero pasado se reportó la desaparición del Chay y de Leonel Vargas Mata, empresario dedicado a la seguridad privada y exjefe de escoltas del priista René Juárez Cisneros cuando éste fue gobernador.
Mercado Rodríguez y Vargas Mata fueron candidatos a la alcaldía de Coahuayutla durante el pasado proceso electoral.

El primero fue postulado por la alianza PRI-PVEM; el segundo, por el Partido Encuentro Social.
Meses antes, en septiembre de 2018, integrantes de La Familia Michoacana en Arcelia, procedentes de Tierra Caliente, anunciaron su irrupción en la sierra del municipio de Petatlán para apoderarse del control de esta plaza de la Costa Grande guerrerense.

Los enfrentamientos en la Costa Grande se suman a los que libran grupos armados en La Sierra, La Montaña, Tierra Caliente y las principales ciudades de la entidad, todas ellas afectadas por la narcoviolencia y que se encuentran justamente donde Astudillo anunció sus proyectos de inversión mineros y portuarios, los cuales, dijo, serían subsidiados con recursos federales. Hoy esos proyectos están cancelados.

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