Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Guerrero.- El asesinato de José Lucio Bartolo, Concejal del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), y Modesto Verales Sebastián, delegado en Guerrero del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha encendido nuevamente las alarmas de la lucha social, ante la limpia emprendida por grupos criminales en muchos casos coludidos con las autoridades.
Así lo consideró, el director del Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», Manuel Olivares Hernández, puesto dijo que en Guerrero se está imponiendo la ley del más fuerte, y “en este caso el más fuerte es el crimen organizado”.
Los activistas, fueron emboscados y asesinados por un grupo armado el sábado pasado en la Ciudad de Chilapa, sobre el boulevard «Eucaria Apreza, cuando regresaban de una reunión en Chilpancingo, y se dirigían a la comunidad de Acatlatzala.
«Desgraciadamente la sangre sigue corriendo en el Estado de Guerrero, estamos ante un contexto de violencia generalizada donde tal pareciera que todos los demonios andan sueltos, pero lo más preocupante es que las autoridades no hagan su trabajo y que esto esté provocando que cada vez haya más muertos, más desaparecidos».
Sin duda, indicó, que el asesinato de los dos miembros del Consejo Indígena de Gobierno pone en alerta a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y luchadores sociales, ya que pareciera que estamos ante una limpia social en contra de los movimientos.
«Es altamente preocupante que siga habiendo este tipo de asesinatos, que el gobierno no responda de manera satisfactoria, no proteja la vida, la integridad física, no proteja el patrimonio y que de alguna manera esto va seguir colocando al Gobierno en un entredicho, de que tanto las autoridades y la delincuencia navegan en el mismo barco», señaló.
Hizo un llamado al Gobierno de Guerrero y Federal a ponerse a trabajar en el tema, a cumplir con sus obligaciones de garantizar la seguridad, de castigar y sancionar a los responsables de estos asesinatos, la búsqueda de los desaparecidos y la implementación de una estrategia que atienda el fenómeno del desplazamiento forzado.
Insistió en que el inicio de operaciones de la Guardia Nacional no da ninguna esperanza en materia de respeto y salvaguarda de los derechos humanos, al contrario, mientras no haya ministerios públicos y fiscales capacitados, que actúen con ética en la integración de las carpetas de investigación.
«En Guerrero definitivamente no hay gobierno, pareciera que estamos en la ley de la selva, la ley del más fuerte, y hasta ahora los más fuertes son los grupos de la delincuencia, aquí la exigencia es que el gobernador asuma su responsabilidad y en el caso de que se considere incapaz, que renuncia y otra persona asuma la responsabilidad», concluyó. (Agencia Periodística de Investigación)