Durante la audiencia en el juzgado federal de distrito, el pasado miércoles, el abogado de los dos detenidos por el asesinato del empresario acapulqueño César Zambrano, Carlos Larumbe Radilla, presentó el amparo que le concedió un juez federal a sus clientes, para que sea revisado todo el proceso de investigación que llevó la Fiscalía General del Estado.
Se demanda investigar las irregularidades en que incurrió la Fiscalía, pues su aprehensión fue ilegal, “no creemos en la apelación, no creemos en la justicia de Guerrero, por eso recurrimos a un juez federal, no creemos en el juez que los vinculó a proceso, no creemos en apelar a magistrados, creemos que son chivos expiatorios, creemos totalmente que violaron sus garantías el fiscal y el gobernador”, sostuvo.
Larumbe Radilla indicó que la primera demanda de amparo fue contra el juez de Control como autoridad responsable única, porque éste vinculó a proceso a los inculpados, y que la deljuez federal fue por la detención ilegal y se dio en contra del fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barilla, y el gobernador Héctor Astudillo Flores como autoridades ordenadoras.
“El expediente ya está integrado y puede resolver, desde ayer se puede dictar la sentencia o mejor dictar en ese juicio de amparo”, agregó.
El miércoles, en los juzgados federales se celebró la audiencia para el amparo ampliado que se promovió en contra de la vinculación a proceso y la detención ilegal de los dos acusados, como responsables de la muerte del empresario.
La audiencia no duró más de media hora y fue sin la presencia de las partes involucradas, sólo se dio vista que estaba integrado el expediente para que el juez federal dicte la sentencia del juicio de garantías.
El abogado subrayó que en esta ampliación demandaron como autoridades responsables a la Fiscalía y al gobernador Héctor Astudillo, debido a las irregularidades cometidas durante el proceso de investigación y la detención.
La inclusión del gobernador en este amparo es por su actuación al atribuirse la victoria por la aprehensión de los dos presuntos culpables, y celebrar la rápida actuación de la Fiscalía sin que se diera un desarrollo correcto de la investigación.
“Los amparos nos se versan sobre los actos constitucionalistas, es decir que las autoridades se apegaron a lo que dice la Constitución, no a la valoración de las pruebas ni si el expediente estuvo bien o no al elaborarlo, sino que adecuaron sus actos a lo que dice la Constitución que obviamente no lo adecuaron, porque la Constitución habla de derechos humanos y garantías individuales y aquí se violaron todos los procedimientos, de libertades, de libre tránsito, violaron las garantías de manera aberrante”, señaló.
El amparo que se presentó al juez de distrito federal y que terminó ampliándose, tiene como objetivo evitar que un juez local sea el encargado del caso, porque se limita a lo que ordene el gobernador.
La determinación de esta acción por parte de la defensa de los dos presuntos culpables, es evitar que el Estado tenga alguna injerencia en la resolución, por lo que ahora tendrán que esperar un máximo de tres meses para que resuelva con un veredicto.
“Si el juez federal dice que no hubo garantías va a conceder el amparo, si lo concede liso y llano ellos tendrían que salir libres”.
Insistió que la defensa no cree en la justicia de Guerrero porque sí hay un recurso que anteponer, que es la apelación y el juicio se iría a manos del Tribunal Superior de Justicia, pero no lo hicieron porque este órgano está supeditado al gobernador y él está “ordenando todo eso”. Fuente: El Sur