Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Guerrero.- Por el conflicto agrario que existe desde hace años entre las comunidades de Zitlaltepec y Buenavista, de los municipios de Metlatonoc y San Luis Acatlán en la Montaña de Guerrero, el enlace matrimonial entre dos jóvenes se vio frustrado, luego de la detención del novio y los padres de la pareja.
El joven Elvis Jacinto Morales, originario de la comunidad de Llano de Ocote, perteneciente al Ejido de Zitlaltepec, acudió junto con sus padres, el pasado 24 de marzo para pedir la mano de una joven (de quién no revelaron nombre) a la comunidad de Río Iguapa, que pertenece al Ejido de Buenavista.
En el transcurso de la formalización del enlace matrimonial, miembros de la Policía Comunitaria irrumpieron en el domicilio del señor Regino Cortés, padre de la joven y lo detuvieron, junto con Elvis Jacinto, a su padre y su abuelo, Secundino Jacinto y Francisco Morales, este último una persona de La tercera edad y con enfermedades crónicas.
El motivo de la detención, argumentó el comisario de Buenavista, Juan Carranza Martínez, es que por la disputa que tienen de 56 hectáreas de tierra, los pobladores de ambos núcleos agrarios tienen prohibido mantener relaciones de cualquier tipo, entre ellas sentimentales.
La señora Fidencia Morales, madre del joven detenido, acudió a Chilpancingo para solicitar la intervención de las autoridades estatales y federales para que las tres personas sean liberadas, y pone en riesgo la salud de su padre.
Relató cómo fueron detenidos el 24 de marzo «nos encañonaron con sus rifles cortando cartucho, nos aventaron adentro de unas camionetas con las manos esposadas, y nos trasladaron a la comandancia de Buenavista, donde estaba además detenida la esposa de don Regino.
Las mujeres fueron liberadas a la mañana siguiente, quedaron retenidos desde entonces los padres y el abuelo de la pareja.
Informó a los medios de comunicación mediante un escrito, debido a que no habla español, que en una asamblea la Policía Comunitaria y autoridades ejidales, les impusieron una pena de entre nueve meses y un año de prisión por haber roto las prohibiciones.
Sin embargo, la señora y autoridades del ejido de Zitlaltepec, señalan que dichas prohibiciones no están escritas y por lo tanto no pueden considerarse legales, pues incluso hay intercambios comerciales de productos de la región entre los pueblos.
Ante esto urgieron a que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto, y emplazaron a las autoridades de Buenavista a que en un plazo de 24 horas dejen en libertad a los detenidos o tomarán «las acciones que consideren pertinentes para movilizarse». (Agencia Periodística de Investigación)
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