Chilpancingo, Guerrero, 28 de marzo de 2019.- Gonzalo Molina González, no contaba con protección especial, informó el representante del gobierno federal en el Estado, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, quien calificó su desaparición como un hecho delicado; al mismo tiempo reveló que tiene prohibido declarar cuanto gastan en arrendamientos de oficinas federales, pero sí dio a conocer el despido de trabajadores, para bajar al mínimo las estructuras federales en la entidad.
En entrevista luego de asistir a la declaración de Chilpancingo, como zona prioritaria en materia de seguridad por parte del gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre la desaparición del policía comunitario, Gonzalo Molina, el funcionario federal comentó que lo que conocía hasta ese momento, era lo difundido a través de redes sociales, pero que el secretario técnico de la mesa de seguridad- Hermes Teodoro González-, habría de ponerse en contacto con las familia, para conocer más detalle su situación.
También confirmó que Molina González, no contaba con medidas de protección especial y de confirmarse (¿?) su desaparición, “sería algo gravísimo”, el gobierno federal habría de acercarse de información, porque el gobierno federal no puede permitirse una situación “así”.
Por otro lado, Sandoval Ballesteros, dio a conocer la reestructuración de seis de las anteriores delegaciones, de las cuales confirmó, no hay titulares aun; lo que si reafirmó, es el despido de trabajadores conocidos como “de confianza”, en su idea de reducir al mínimo tanto la estructura como el gasto de las dependencias.
Justificó que no se trata de despidos propiamente, si no conclusión de contratos, aunque se negó a informar cuantas relaciones laborales habrían rescindido, si insistió en que en base a la desaparición de programas, han reducido al mínimo la estructura existente y procedan con el cierre definitivo.
Dijo que conformaran una nueva estructura en base a los nuevos programas impulsados desde el gobierno federal. Por otro lado, comentó que la Secretaría de Hacienda (SHyCP), realiza un estudio sobre el gasto que erogaban por el arrendamiento de oficinas “hay contratos muy caros por renta”, sin embargo, se negó revelar cuanto gastaban por este concepto “no tengo autorizado dar ese dato”, respondió.
La mayoría, más del 90 por ciento, son oficinas rentadas, afirmó Sandoval Ballesteros, muy pocas son propiedad del gobierno; analizaran que les conviene más, si seguir rentando o adquirir inmuebles.
Por: Josefina Aguilar Pastor