Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 21 de Marzo del 2019.- Servidores de la nación que participaron en los censos para los programas del bienestar social, denunciaron que tras su despido continúan las amenazas y el hostigamiento por parte de funcionarios del Gobierno Federal, específicamente de la Delegación en Guerrero, que dirige Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros.
En conferencia de prensa, dieron a conocer que a raíz de que hicieron pública la denuncia de su despido, han recibido llamadas a través de las cuales los amenazan con abrirles carpetas de investigación por recurso que no habrían comprobado durante las últimas semanas que prestaron sus servicios.
Detallaron que el sábado pasado les llamó la delegada regional, Paula Ángelica Miranda Silva, para que firmarán un documento donde admitían haber recibido recursos económicos, pero con fechas de 2018, siendo que desde el momento que fueron despedidos se les había informado que ya su servicio estaba finiquitado.
El lunes pasado recibieron otra llamada, por parte del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar, por Juan Carlos Gómez y Mireya González, donde les advirtieron que de no presentarse a firmar los documentos se les iniciarán procesos penales, o se les boletinaría para que ya no puedan trabajar en ningún lugar.
Las seis personas despedidas, adelantaron que ya interpusieron un juicio laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), donde presentaron pruebas del trabajo que desempeñaron y que sea en esa instancia donde se resuelva el litigio, y evitar tener contacto con los funcionarios de donde provienen las amenazas y el hostigamiento en su contra.
Este grupo de jóvenes procedentes de la estructura de Morena para la campaña a la presidencia de la República, fueron contratados con recursos del fideicomiso para la transición desde el 06 de octubre, y fueron despedidos en el mes de enero de 2019, las dos últimas quincenas, dijeron desconocer el origen de los recursos, que ya eran del Gobierno Federal.
Al considerar que su despido fue injustificado, denunciaron el caso ante los medios de comunicación, y a raíz de eso empezaron las amenazas, por lo que responsabilizan directamente al Delegado Especial, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, de cualquier ataque en su contra o de sus familias.
Finalmente hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que no permita a que se continúen violentando los derechos laborales de los trabajadores y que se les respeten sus plazas de trabajo, y sobre todo que se valore las acciones que desempeñaron en beneficio de la población. (Agencia Periodística de Investigación)