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Activistas denunciaron que en el 64 por ciento de las sentencias no identificaron, de manera integral, todos los derechos de los afectados.
Una auditoría ciudadana a poderes ejecutivos estatales calificó con 5.8 las sentencias dictadas. Se identificaron graves atrasos en el acceso a justicia de las mujeres.
Un promedio de 5.8 fue la calificación atribuida a los procesos judiciales desahogados en ocho estados de la república mexicana, como resultado de una investigación realizada por la Red por la Ciudadanización de la Justicia, una agrupación de 14 organizaciones de la sociedad civil.
Tras el análisis a más de 100 sentencias emitidas por los poderes judiciales locales, se detectaron múltiples deficiencias técnico–jurídicas en los procesos de impartición de justicia.
También se detectó una ausencia de perspectiva de género durante el desahogo de los procesos judiciales, una situación que no solo resulta en una impartición de justicia sesgada, sino que vulnera la seguridad e integridad física de las víctimas.
El estudio presentado esta mañana revela una prevalencia en la inequidad y discriminación en los procesos de impartición de justicia:
85% de las sentencias no analizaron cómo el género influyó en la existencia del conflicto.
70% de los casos no se valoraron pruebas con perspectiva de género.
79% de las sentencias analizadas en el estudio, no se detectó el uso de estándares legales de protección a los derechos humanos.
64% del total de las sentencias no identificaron, de manera integral, todos los derechos de los afectados.
86% de las resoluciones analizadas no emitieron medidas de reparación del daño frente a situaciones de discriminación y violencia.
71% de los casos no se incluyó alguna medida de seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
Combatir la opacidad
El informe presentado, titulado No es justicia, denuncia la opacidad e inaccesibilidad a los resultados de los procesos judiciales, situación sistémica que ha provocado la existencia de una sociedad que desconoce sus derechos y los mecanismos para hacerlos exigibles ante los juzgados, así como desconfianza acerca del desempeño ético de las personas juzgadoras.
En 2018, 45% de los mexicanos confiaba poco o nada en sus jueces. esta desconfianza refleja en parte la distancia entre los poderes judiciales y los ciudadanos y la opacidad con la que están acostumbrados a operar: @EdnaJaime #LigaXLaJusticia pic.twitter.com/otrs1JUuT7
— México Evalúa (@mexevalua) 19 de febrero de 2019
Las integrantes de la Red por la Ciudadanización de la Justicia manifestaron la necesidad de involucrar a la sociedad civil en el monitoreo de las resoluciones judiciales, y en la exigencia de procedimientos de justicia abierta que funcione en dos vías: «por un lado, haya apertura y disponibilidad de datos judiciales útiles y ejercicios de autocrítica sobre su labor; y, por el otro, una ciudadanía que pueda hacer ejercicios de evaluación y colaboración con el Poder Judicial».
La transparencia y la participacion ciudadana eliminan los márgenes para la discrecionalidad y la corrupción en el comportamiento judicial. Nosotras ponemos la participación ciudadana. Necesitamos que los Poderes Judiciales pongan la transparencia: @EdnaJaime #LigaXLaJusticia pic.twitter.com/6CIO9PxBv9
— Laurence Pantin (@lpantin) 19 de febrero de 2019
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Fuente: HuffPost
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