Iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla

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El respeto a la ley es una frase muy trillada por los políticos, aunque ellos son los primeros que piden no aplicarla.

Las razones abundan, que no es conveniente políticamente; que siempre ha sido así; que vienen las elecciones; que si a los ricos y poderosos no se les castiga, se vería muy mal que a los pobres sí; que hay que evitar un estallido social; que es mejor que los violadores de la ley se desgasten a la vista de los ciudadanos; el caso es que siempre abundan las causas para hacerse de la vista gorda.

Es paradójico, en lo abstracto hay consenso, que se aplique la ley, pero cuando se empiezan a enumerar casos concretos, la cosa cambia radicalmente y parece propio de un demente decir: si los ambulantes no tienen autorizado realizar comercio en la vía pública, que no se les permita, si insisten que se les confisque la mercancía y sus enseres. Si un candidato no cumple con los requisitos de oriundez o residencia que no se le permita participar, o si el ganador violó la ley electoral que se le sancioné, que le anulen el triunfo y no le se deje competir en la próxima. Si un campesino cedió los derechos de su parcela, por más que se queje y desee retractarse, que se le obligue a cumplir. Si se contrató un crédito hipotecario y el deudor se niega a pagar, que se remate la propiedad. Si en el área exclusiva y reservada para las barrancas, cerros, cuerpos de agua o vías de tren los paracaidistas decidieron invadir y urbanizar, por doloroso que sea se les debe desalojar y destruir las construcciones. Si está prohibido fumar en lugares cerrados, el antro que incumpla, que se clausure. La lista de esos dilemas puede ser infinita.

Por eso para muchos el verdadero cambio o transformación en México vendrá cuando se aplique la ley. Sin importar si se trata de un político, un empresario, un clérigo, un obrero, un indígena o una madre soltera.
Por eso es tan importante que el actual Presidente de la República, entienda la importancia del respeto a la ley y lo grave que pueden resultar sus expresiones. Días antes de la explosión de Tlahuelilpan ordenó al ejército “no debemos reprimir” en referencia a los huachicoleros, pero no sólo eso, después de la tragedia volvió a refrendarlo.

Lo mismo con el caso de los profesores del CNTE en Michoacán, bloquearon las estratégicas vías del tren, afectado aún más, la ya de por sí golpeada economía del occidente del país, que todavía no se recupera del todo de la falta de combustible.

Las demandas eran variadas, algunas muy entendibles como la exigencia de pago, pero una vez que ya   se les había satisfecho su reclamo salarial, el CNTE decidió no liberar las vías del tren, por lo que AMLO manifestó“…es un conservadurismo disfrazado de radicalismo…advirtió que no caerá en provocaciones ni usará la fuerza para reprimir al movimiento magisterial…me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública.” Algunas de las pretenciones francamente son excesivas y desatinadas, condicionaron la liberación de la vías, entre otras cosas, a lo absurdo: que se les construyan hoteles en zonas de playa.

El CNTE después de cuatro semanas mantenía tomadas las vías del tren, las perdidas son millonarias. Dijera el dicho popular, a los desprestigiados líderes del gremio magisterial, la fuerza de la opinión pública, le hizo lo que el viento a Juárez: nada. En el colmo de la desfachatez, hicieron un mitin en protesta en contra de la represión. La empresa Kansas City Southern presentó denuncias, la autoridad no tuvo más remedio que citar a declarar a los profesores responsables.

Ante las declaraciones del presidente, los huachicoleros entendieron que no se les iba a reprimir, el resultado fue 129 muertos en la explosión de Tlahuelipan. A los profesores se les avisó que no se les iba a reprimir aún y cuando mantuvieran tomadas las vías del tren, los centistas han generado perdidas millonarias a empresa y ciudadanos que son ajenos totalmente al conflicto.

Amlo debe entender que ya no es un candidato más, es el Presidente de la República, sus declaraciones tienen repercusiones inmediatas y reales en el comportamiento de los ciudadanos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lo dijo muy claro, quien comete una falta debe encarar las consecuencias legales de ello, sin que las instituciones puedan decidir en cuáles casos actúan y en cuáles no.

Por Iván Ureña

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