Chilpancingo, Gro., 10 de diciembre de 2018.- Para que la ciudadanía tenga la oportunidad de exponer las necesidades que tiene en su colonia, barrio o comunidad, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, para que los ayuntamientos realicen sesiones de Cabildo abierto.
En la propuesta, la diputada menciona que actualmente los ciudadanos andan de oficina en oficina buscando que los reciban los funcionarios para plantear la problemática de su entorno social, sin que, en muchas ocasiones, obtengan alguna respuesta por parte de ellos.
En ese sentido, dijo que el propósito de dicha reforma es convertir a los ayuntamientos en órganos eficientes y eficaces para una administración pública moderna, acorde a las necesidades de la sociedad que cada día es más exigente y demanda servicios públicos de calidad.
Dijo que con las sesiones abiertas de Cabildo, la ciudadanía propondría su propia agenda, y no la que a veces imagina el gobierno, porque nadie sabe mejor lo que necesita la colonia, barrio, comunidad y asentamiento humano que quienes viven en ella, además de que la participación ciudadana encuentra un instrumento de conversación directa, sobre todo en estos momentos de insatisfacción de los ciudadanos hacia los gobiernos municipales.
De esta manera, Otilia Martínez propone que las sesiones de Cabildo abierto sean públicas y se realicen mensualmente, alternadamente en la sede oficial y de manera itinerante en las colonias y poblados, pero “lo más importante es que estarán cerca de los ciudadanos, ingrediente fundamental de la gobernanza democrática”.
Propone PRD que funcionarios que aspiren a cargo de elección popular, renuncien 90 días antes de la elección
Chilpancingo, Gro., 10 de diciembre de 2018.- El Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso local planteó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para especificar que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno que manejen recursos públicos o ejecuten programas gubernamentales, y deseen participar para algún cargo de elección popular, deberán separarse del cargo 90 días antes de la contienda.
El diputado Robell Urióstegui Patiño, al fundamentar el documento, manifestó la necesidad de realizar dicha reforma a la fracción VI del artículo 10 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, para hacer la especificación señalada, porque actualmente la legislación presenta algunas ambigüedades.
Señaló que es pertinente establecer, también, que quien aspire a participar en el proceso electoral y haya tenido la responsabilidad de administrar recursos públicos en los cinco años anteriores a la elección, manifieste, bajo protesta de decir verdad, haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones que establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, y no estar inhabilitado para ocupar un cargo público por resolución ejecutoriada emitida por autoridad competente.
Esto porque –refirió- las Constituciones federal y local prevén requisitos que en armonía con la Ley Electoral local se deben clarificar, para evitar generar confusiones en los contendientes y sus partidos políticos, sobre todo para las personas que buscan la postulación a un cargo público de elección popular, que corren el riesgo de ser declarados inelegibles.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.