Uno de los principales problemas con el fenómeno de la migración en retorno es que los estados mexicanos no cuentan con condiciones para que los migrantes que regresan lleven una vida digna.
México y Estados Unidos comparten una larga historia en el tema de migración y deportación. Por citar un ejemplo, en los últimos ocho años, debido a las políticas migratorias implementadas por el expresidente Barack Obama, las deportaciones ascendieron a más de 3 millones de personas, de las cuales 71.2% correspondieron a mexicanos.
Uno de los principales problemas con las deportaciones y el fenómeno de la migración en retorno —además del aumento de situaciones de hostigamiento, violencia y vulneración de los derechos humanos de las personas mexicanas que viven en EEUU— es que muchos de los estados mexicanos receptores no cuentan con las condiciones para que las y los migrantes que regresan lleven una vida digna. Esta situación, en muchos casos, fue la que les obligó a migrar en primer lugar.
Según especialistas en el tema, la migración de retorno impacta en por lo menos tres dimensiones, tanto individuales como colectivas: los cambios demográficos, reflejados en la separación familiar y la integración de familias mixtas, los cambios en la geografía, que impactan en las dinámicas sociales del lugar al que se regresa (distinto al lugar de origen) y, finalmente, en aspectos del desarrollo local, por ejemplo, en el incremento del capital social y humano y, por tanto, en la creación de nuevas desigualdades.
Las personas que regresan, constantemente se enfrentan a un contexto carente de oportunidades laborales, escolares, de seguridad social, servicios de salud, entre otros y que en el largo plazo incrementarán las dinámicas de marginación y pobreza.
Radiografía de las personas que regresan a México
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se identificó que la población mexicana deportada se conforma, en su mayoría por hombres; sin embargo, las cifras muestran un aumento en el número de mujeres en condición de retorno en los últimos años. Los datos muestran también, que del total de las personas deportadas, tanto el 83.3 % de los hombres, como el 33.5 % de las mujeres, formaban parte de la población económicamente activa de Estados Unidos. Mientras que la mitad del total de la población tienen entre 30 y 45 años de edad, y cerca del 30 % se sitúa en el segmento de 18 a 29 años.
Respecto a su ubicación geográfica, la proporción entre el sector urbano y rural es del mismo tamaño. Un aspecto relevante es que la mayoría de las personas que regresan no lo hacen a su lugar de origen, por el contrario, buscan instalarse en ciudades que les ofrezcan diversidad de ofertas de empleo.
Principales ciudades receptoras de población en retorno.
Situación laboral y escolar
Según resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2010-2014), si bien se observa una disminución en la proporción de la población con un nivel de educación de primaria incompleta de 16.8% en 2010 a 12.4% en 2014; la mayoría de esta población cuenta con un nivel educativo relativamente bajo, de primaria o secundaria completas (63.2% de las personas migrantes en retorno tenían educación básica y únicamente el 18.9% contaba con educación media superior y 14.8% estudios de nivel técnico y superior). Del total de migrantes de retorno con menos de 25 años, 54.7% asisten a la escuela en contraste con 45.2% que no lo hace.
Respecto a la inserción laboral, el 56.0% de los retornados laboran como empleados u obreros, 22.2% como trabajadores por cuenta propia y 8.1% como jornaleros o peones y en el sector informal de la economía se encuentran tres de cada diez migrantes que volvieron a México. De igual forma, los ingresos percibidos parecen tener, en cierta medida, una correspondencia con los niveles de escolaridad y, en general, tienden a ser más elevados en las zonas urbanas. Sin embargo, en ambos casos son relativamente bajos en comparación con otros sectores de la población (menores a tres salarios mínimos mensuales, y cerca del 20% no recibe ingresos)
¿Qué ha hecho México para atender este problema?
Frente a este escenario, y pese a que el gobierno mexicano ha generado desde hace muchos años políticas migratorias, son muy pocos los esfuerzos focalizados a la atención de las personas en retorno. Las necesidades de esta población no solo se centran en atender el proceso de deportación, sino en generar y ofrecer oportunidades de inclusión que permitan el goce y garantía de los derechos y beneficios que cualquier ciudadano mexicano tiene.
En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación implementó la estrategia «Somos Mexicanos» dividida en dos tipos de acciones: inmediatas a su llegada y aquellas que incentivaran la insercióna futuro. Las primeras se centran en la entrega de apoyos, como boleto de transporte, alimentos el día de su llegada, atención médica, acceso a una línea telefónica, así como asesoría y apoyo legal para la recuperación de pertenencias o quejas contra autoridades de EUA, entre otras. Las segundas acciones consideran la vinculación a una serie de programas que atienden diversos derechos: al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud, etc. Si bien, la estrategia en el papel pareciera una buena respuesta al problema, existen grandes áreas de oportunidad que el próximo gobierno deberá atender para garantizar acciones transformativas en atención de esta población.
Uno de los principales problemas es que la estrategia se enmarca en acciones que buscan la (re)inserción social y no en acciones que fomenten la inclusión y el desarrollo social. La inclusión social, a diferencia de la reinserción (cuyo proceso se basa únicamente en acciones que permitan volver a formar parte de un grupo que por algún motivo se había abandonado) es un proceso social, económico, político y cultural, que busca cerrar las brechas de desigualdad social, tanto en materia de oportunidades, como de capacidades y otros aspectos básicos del desarrollo que permitan la generación de una vida digna (PNUD, 2016).
Bajo este escenario, la estrategia debería considerar al menos dos elementos clave en el enfoque de sus acciones: primero, considerar que muchos de las y los migrantes que llegan al país nunca han vivido en él y segundo, que el porcentaje de retorno más grande, lo ocupan adultos jóvenes en edades productivas o concluyendo sus estudios.
En este sentido, es necesario generar políticas diferenciadoras que consideren las necesidades que enfrentan las y los jóvenes en el país. Debido a los altos niveles de violencia, la ausencia de estado de derecho y la falta de oportunidades escolares y laborales, las personas migrantes en retorno se suman a una población que desde hace algunos años atraviesa diversos factores de riesgo, como la adhesión a grupos delictivos, los embarazos adolescentes, las adicciones, entre otros (De Hoyos, 2016:2,3).
El derecho a la educación y al trabajo como derechos llave para la inclusión y el desarrollo social de las y los jóvenes migrantes que retornan
El derecho a la educación y al trabajo son «derechos llave» fundamentales para el desarrollo social, particularmente de las personas jóvenes, puesto que ambos derechos en combinación, más allá de la generación de un ingreso económico fomentan la expansión de la libertad y la igualdad social (PNUD, 2015:2). Sin embargo, analizando a fondo la estrategia esta no atiende de manera adecuada el acceso a ambos derechos y por tanto las posibilidades reales de inclusión para este sector de la población se ven limitadas en el largo plazo. Uno de los problemas más graves de la estrategia, es que ésta no cuenta con reglas de operación propias y más bien pareciera, qué la lógica tras su diseño fue juntar una serie de programas y agruparlos para intentar atender a las personas que regresan al país. El inconveniente con esta ausencia es que el acceso a los diferentes programas se vuelve limitado puesto que las personas beneficiarias solo pueden acceder a un programa y por tanto, no se garantizan el acceso a sus derechos fundamentales.
De la misma forma se observa que en la estrategia predomina un modelo de capital humano por encima de uno de desarrollo, es decir, hay mas programas laborales qué educativos, y de los programas laborales que se incluyen, la mayoría (tres de cinco) funciona bajo el modelo de emprendimiento, qué aunque sí bien es cierto que un negocio puede ser exitoso, esto no sucederá en lo inmediato olvidando que muchos de los jóvenes y familias que llegan lo hacen sin ningún tipo de capital material o social y por tanto no tendrían las herramientas adecuadas de subsistencia a largo plazo.
¿Qué modificaciones deberá considerar el nuevo gobierno para el rediseño de la política de atención a jóvenes migrantes en retorno para garantizar su inclusión y desarrollo?
Las futuras propuestas de política deberán considerar el diseño e implementación de un mecanismo de información, así como la realización de un diagnóstico qué permita perfilar adecuadamente las necesidades de las personas beneficiarias. La construcción del mecanismo deberá comunicar de forma clara y oportuna las características de la política, así como las maneras de acceder a ella y, lo más importante, considerar una comunicación bilateral entre Estados Unidos y México. Será fundamental que el acceso al programa se base en la generación de un diagnóstico de necesidades que permita seleccionar los programas más adecuados según las características y necesidades de las y los jóvenes en retorno. Para garantizar el pleno desarrollo e inclusión de estos, la nueva política deberá considerar la coordinación y complementariedad entre programas de educación y trabajo y no únicamente uno de los dos. Una posible solución podría ser la apertura a programas educativos de educación media y media superior a distancia incluyendo programas para adultos mayores (o educación básica en caso de que así sea) y/o proporcionando becas para la capacitación o educación técnica.
Por último, es necesario comenzar a construir, para esta y otras estratégicas de política pública, una cultura de evaluación y monitoreo de las acciones gubernamentales. En este sentido, la creación de un mecanismo de evaluación es necesario para evaluar sí la política garantiza el derecho a la educación y al trabajo de manera adecuada. Una recomendación puntual sería la inclusión de los estándares internacionales de ambos derechos en el desarrollo de las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas que integran la política.
Análisis de Brisa Ruiz, Directora de Proyectos de SIMO Consulting.
Fuente: HuffPost
Comentarios
comentarios