Chilpancingo, Gro., 02 de septiembre de 2018.- Para disminuir el monto de asignación de recursos a los partidos políticos a la mitad, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros propuso reformas a la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
En la sesión de este martes, el diputado presentó una iniciativa en la que señala que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ejerció en 2017 un total de total de 116 millones 982 mil 232 pesos, suma que consideró exorbitante, pero que se contempla en la Ley mencionada.
Explicó que para la distribución de los recursos entre los partidos políticos locales y nacionales se debe multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte a julio de cada año, por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización, lo que corresponde al 70 por ciento del financiamiento anual a los partidos políticos para sus actividades ordinarias y permanentes.
Chilpancingo, Gro., 02 de septiembre de 2018.- A 50 años de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, diputados locales se pronunciaron porque nunca más se produzcan actos como éstos, y reconocieron que en el caso de las víctimas, urgen medidas de memoria y justicia.
En la sesión de este martes, al intervenir en relación al 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, los diputados Arturo Martínez Núñez y Bernardo Ortega Jiménez coincidieron en que los atropellos que el Estado ha ocasionado a los movimientos sociales “son de impacto y marcan a generaciones, pero que sobre todo, no se ha hecho justicia ni castigado a los responsables”.
El diputado Arturo Martínez Núñez dijo que el 68 fue la revolución mundial de la juventud, que irrumpió como protagonista y actor de la historia y de la política. “Después del aplastamiento militar, en Guerrero y en otras partes del mundo, miles de éstos siguieron congruentes con sus empeños libertarios y revolucionarios mediante procedimientos de masas; cientos se incorporaron a las actividades subversivas urbanas y rurales”, afirmó.
El diputado por Morena manifestó que Guerrero fue escenario de las peores barbaridades, de los repudiados actos de guerra de exterminio, cuyo saldo es terrorífico en la cantidad de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales, presos y perseguidos políticos. “Hoy gracias a las semillas de la libertad y democracia se honra la presencia de la generación del 68 y de las batallas libradas a lo largo y ancho del país”, externó.
Por eso se pronunció por un decreto de memoria, justicia y reparación integral de agravios, según los principios básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que entre otros estipula: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, investigación y amplia difusión de los hechos, cesación de violaciones, declaración oficial del Estado reconociendo los hechos, conmemoración, garantías de no repetición y la amplia difusión de la verdad sobre los sucesos.
Por su parte, el diputado Bernardo Ortega Jiménez refirió que el movimiento de 68 es un fantasma mexicano más, de los muchos que persiguen a las luchas sociales, pero que éste cambió la visión de revuelta a revolución social.
El legislador por el Partido de la Revolución Democrática dijo que los movimientos sociales como el estudiantil de 1968, han marcado la historia de México.
Finalmente, manifestó que los atropellos que el Estado ha ocasionado a los movimientos sociales son de tal impacto que marcan a generaciones, sobre todo porque no se ha obtenido justicia, ni castigo a los responsables.
Agregó que al aplicar esta fórmula al corte del 31 de enero de 2018 del padrón electoral del IEPC, que es de dos mil 520 221 personas, le corresponderían a los partidos políticos más de 132 millones de pesos, cantidad que consideró lastimosa y obedece “al gran mercado en que se han convertido los procesos electorales, altamente redituables para todos los que intervienen, ganen o no algún cargo de elección”, afirmó Sandoval Ballesteros.
“La credibilidad de los partidos y de los políticos en el país se encuentra dentro de los índices más bajos a nivel mundial, como lo muestra la encuesta ‘México, confianza en las instituciones 2017’, de Consulta Mitofsky, que ubica a senadores, presidencia, diputados y partidos políticos con niveles de confianza por debajo de la calificación 4.8, lo que representa los escaños más bajos en esta clasificación”, aseguró el también presidente de la Junta de Coordinación Política.
Por esto, reafirmó, se necesita una reorientación del gasto público hacia los más necesitados, ya sea por diversos desastres naturales o por requerimientos en materia de salud pública, desarrollo e incluso alimentación.
De aprobarse esta iniciativa, se reduciría del 65 al 32. 5 por ciento de la disminución del monto de asignación a los partidos políticos.
Iniciativas
El diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política local para presentar la Ley de Responsabilidad Patrimonial en el Estado; adecuar el marco normativo para evitar lagunas legales, y se cumpla con el marco normativo constitucional en materia federal.
Asimismo, la diputada Mariana Itallitzin García Guillén propuso reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para mejorar la fórmula de asignación por este principio de representación proporcional.
Para evitar que los procedimientos laborales burocráticos continúen siendo largos y engorrosos, lo que redunda en que los entes de las administraciones públicas municipales realicen el pago de laudos acorde a la temporalidad del proceso, la diputada Fabiola Rafael Dircio propuso adiciones a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados.
Acuerdo
El diputado Arturo López Sugía propuso exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos generales, asegurando que sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden social y cultural, y proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos.
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