Mandata TEPJF reinstalación de Marco Leyva en ayuntamiento de Chilpancingo

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Chilpancingo, Gro, 24 de mayo de 2018. Durante su sesión de este jueves, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Guerrero que reinstalen a Marco Antonio Leyva Mena en el cargo con funciones de presidente municipal de Chilpancingo.

De acuerdo a datos preliminares, en el primer punto de sesión se trató el juicio promovido por Marco Leyva para solicitar su reincorporación como jefe del cabildo capitalino.

Mientras que en el segundo punto se ordenó que se garantice el ejercicio del cargo, y también se indicó que debe ser de manera inmediata.

Esto se da tras la negativa del Congreso local que en dos ocasiones negó la solicitud del regreso de Marco Leyva, luego de que solicitara licencia para separarse del cargo en octubre pasado.

En el orden del día apareció el Juicio Ciudadano 370 en contra del decreto 721 del Congreso de Guerrero que negó su reincorporación al cargo de presidente municipal de Chilpancingo.

El proyecto propuso revocar el decreto impugnado y ordenar al Congreso que emita el pronunciamiento correspondiente en el sentido de reincorporar al actor en su cargo, así como que vigile y garantice el derecho al actor a desempeñarlo.

“Lo anterior pues el decreto impugnado no está debidamente fundado y motivado pues no justifica la negativa de incorporar al actor en su cargo, lo que trasgrede su derecho político electoral o voto pasivo”.

Detallaron que en el proyecto se razona que si bien los derechos humanos no son ilimitados ni absolutos, acorde al artículo 14 constitucional, su ejercicio no puede restringirse ni suspenderse salvo los casos y bajo las condiciones que la constitución establece.

Refieren que el proyecto que expuso el Congreso Local de Guerrero, pretendiendo que el actor el ejercicio de su derecho a desempeñar el cargo para el que fue electo mediante argumentos relativos a la renovación del mandato, sin embargo de lo expuesto por el Congreso no se desprende la existencia de un pronunciamiento que haya culminado con unas sentencia o resolución que ordene la suspensión de los derechos políticos del actor, “de ahí que la magistrada considera que las imputaciones hechas al actor no justifican impedirle el ejercicio de su derecho pues ello atenta contra el principio de presunción de inocencia” .

En ese sentido se considera que el actor no ha desempeñado el cargo para el que fue electo democráticamente desde enero del presente año sin causa que justifique dicha situación, por lo tanto, acorde a lo establecido por la sala superior en el sentido que los derechos políticos no deben interpretarse de manera restrictiva, “debe protegerse el pleno ejercicio de ese derecho y reincorporar al actor en el cargo para el que fue electo”.

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