Chilpancingo, Gro. 02 de Enero de 2018.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al Gobierno de Guerrero, por su inacción desde hace año y medio por el fallecimiento de ocho recién nacidos contagiados por bacterias en el hospital de la Madre y el Niño Guerrerenses de Tlapa.
Un comunicado de prensa indica que en dicho nosocomio hubo insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros, lo que provocó la muerte de los ocho menores de edad.
Lamentó la inactividad durante 18 meses de la correspondiente investigación penal, por lo que dirigió la recomendación 71/2017 al Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y al Fiscal General, Xavier Ignacio Olea Peláez.
«Esta Comisión Nacional conoció de los hechos divulgados en diversos medios de comunicación, relacionados con un procedimiento de Infección Asociada a la Atención a la Salud que se presentó en dicho hospital, donde 20 recién nacidos sufrieron afectaciones; de ellos, ocho fallecieron contagiados por las bacterias ‘escherichia coli’ (E Coli) y ‘acinetobacter baumanni'», señala el documento.
Precisa que por tratarse de un asunto que por su gravedad trascendió el interés de la entidad federativa,» este Organismo Nacional atrajo el caso sobre el expediente de queja integrado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, evidenciando en este estudio realizado la reiteración de prácticas en negligencias en partos prematuros».
«Es de resaltar que la CNDH constató que en los ocho casos de fallecimiento existían coincidencias en los padecimientos y complicaciones asociadas a la prematurez de bebés, lo que ameritaba atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que estaba inhabilitada por trabajos de ampliación en el Hospital, los cuales no fueron concluidos en la fecha programada, debido a la insuficiencia económica», se puntualiza.
Y explica que por ello, el hospital improvisó áreas de vigilancia en las Unidades de Cuidados Obstétricos, Emergencias Pediátricas, Emergencias para Adultos, que no presentaban los requerimientos de higiene, infraestructura, equipamiento e insumos necesarios para una atención de calidad de los recién nacidos, lo que ocasionó que se encontraran expuestos a condiciones propicias para el contagio de las bacterias.
Ante ello, la CNDH acreditó que las circunstancias en que el hospital brindó sus servicios de salud no garantizaron el derecho a la protección a la misma y a la vida de niñas y niños víctimas del contagio.
«Tras una exhaustiva investigación, este Organismo Nacional determinó que el fallecimiento de los recién nacidos se produjo porque la sala de Cuidados Intensivos Neonatales estaba inhabilitada por motivos de ampliación, y el hospital dispuso de otras áreas que no contaban con la capacidad suficiente, especialización y abasto de insumos para atender la emergencia sanitaria», señala la CNDH.
También relata que el personal médico manifestó no haber encontrado espacio en otros hospitales para el traslado de los bebés, aunque no existe constancia que dichas solicitudes hayan sido realizadas. Además, las madres de las víctimas no fueron informadas del estado de salud de sus hijas e hijos, ni del motivo del fallecimiento, lo que transgrede el interés superior de la niñez.
Tras esos hechos, la Fiscalía General y el Gobierno estatal mantuvieron 18 meses inactiva la investigación del caso, lo que además violenta el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de los menores de edad.
«Por ello, la CNDH recomienda al Gobernador de la entidad y al Fiscal General estatal reparar el daño a madres y padres de los menores de edad fallecidos, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, e inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas, así como darles atención psicológica oportuna».
Dentro de su recomendación, la Comisión Nacional indica que el Gobernador del Estado deberá establecer un programa presupuestario para dotar al hospital de los instrumentos, equipo y medicamentos necesarios que garanticen estándares de calidad en el servicio de salud.
También, concluir las obras de ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, colaborar con la CNDH en la presentación de la queja administrativa correspondiente y capacitar al personal de ese hospital en materia de derecho de protección a la salud con perspectiva de género, considerando el interés superior de la infancia.
La Fiscalía por su parte, deberá capacitar a su personal en materia de debida diligencia en la investigación ministerial y derecho de acceso a la justicia; realizar las gestiones necesarias para integrar con debida diligencia la carpeta de investigación y remitir a la CNDH las constancias que acrediten su cumplimiento