La SEP asegura que no intervendrá mientras 200 mil jóvenes podrían quedarse sin estudios. Al menos 25 universidades públicas en todo el país se encuentran al borde de la quiebra: UNAM
Al menos tres de las siete universidades públicas declaradas en quiebra participaron en desvíos multimillonarios en complicidad con dependencias del gobierno federal, a través de la triangulación de contratos. Y aunque la UNAM advierte que existen al menos 25 universidades al borde de la quiebra por malos manejos, la Secretaría de Educación Pública señaló que no destinará recursos adicionales para rescatar de la bancarrota a las instituciones de educación superior.
Un coctel que puede resultar explosivo en la víspera de las elecciones presidenciales, ante la posibilidad de que 200 mil jóvenes tengan que suspender sus estudios ante la quiebra de las universidades públicas en Estado de México, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas.
Hasta el momento, las universidades declaradas en quiebra son:
-Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
-Universidad Autónoma del Estado de México.
-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
-Universidad Autónoma de Nayarit.
-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
-Universidad Autónoma de Zacatecas.
Tres de estas siete universidades participaron en el desvío de recursos millonarios a través la triangulación de contratos provenientes de dependencias gubernamentales. De acuerdo con la investigación de #LaEstafaMaestra. Las instituciones involucradas en dichos desvíos son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
En octubre pasado, los rectores de las siete universidades en quiebra técnica solicitaron ayuda del gobierno federal y el respaldo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) para enfrentar los problemas financieros. Una crisis provocada, entre otros factores, por el crecimiento de sus nóminas sin las autorizaciones presupuestales respectivas, así como la progresiva disminución del gasto en la educación superior en el país.
De acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados, el déficit presupuestal de 331 mil millones de pesos en el sistema de pensiones de las universidades estatales se explica debido a que desde 2002, el gobierno ha aportado solo un 4% de los pasivos derivados de las pensiones. Una situación que se agudizó en 2017, una vez que la Cámara de Diputados destinó 600 millones de pesos, «el monto más bajo en todo el periodo», para atender dicha crisis.
La calificadora crediticia Moody’s, por su parte, sostiene que dos de cada tres universidades públicas en México presentan déficits actuariales en sus mecanismos de pensiones, mismos que se harán insostenibles en el 2020.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública asegura que no cuenta con recursos extraordinarios para rescatar a las universidades en quiebra.
Se está acabando el año y relamente nosotros no tenemos posibilidades de ofrecer ningún apoyo extraordinario. Quienes tienen que plantear un esquema son ellas. Hay que recordar que son instituciones autónomas».
Salvador Jara, subsecretario de Educación Superior de la SEP
Desinterés, abandono gubernamental y corrupción han generado una crisis «inaceptable»: UNAM
La falta de interés de los últimos tres gobierno federales, el surgimiento descontrolado de instituciones privadas de poca calidad y drásticos recortes presupuestales han provocado que 25 universidades se encuentren al borde de la quiebra, advierte la UNAM.
El director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Axel Didriksson Takayanagui, señaló que la falta de una política federal para atender los problemas de las universidades explica en buena medida la quiebra de varias instituciones de educacicón superior.
«La grave crisis por la que atraviesan las universidades tiene al borde de la quiebra a 25 instituciones de educación», aseguró Didriksson Takayanagui el martes pasado, en el marco de la conferencia que ofreció en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) con motivo de la autonomía universitaria.
«También nos enfrentamos a una falta de definición de la política de Estado en materia de sistemas nacionales de innovación y la descomposición del sector académico es muy fuerte. Se ha reducido durante los últimos 20 años el número de profesores titulares o de tiempo completo. Estos titulares han entrado en un proceso de envejecimiento y no hay el dinero para que se jubilen con dignidad», agregó.
El especialista advirtió que otro problema «son universidades patito, no cumplen con todos los requisitos de calidad, son una competencia desleal con la universidad pública y refuerzan lo más tradicional de la educación como las facultados de derechos, administración que es donde pueden competir».
Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, calificó de inaceptable que existan universidades públicas en riesgo de subsistencia para el año 2018, debido a que presentan desequilibrios presupuestales y porque los recursos destinados a la educación superior son insuficientes.
Por ello, es indispensable que existan fondos de contingencia para salvaguardar la función de estas instituciones, necesarias para el futuro y la paz social de la nación.
«Estas situaciones de potencial quiebra financiera en algunas instituciones de educación superior tienen orígenes diversos que van desde el flujo tardío e insuficiente de recursos estatales o mala planeación financiera, hasta acuerdos laborales indebidos que han impedido las reformas estructurales necesarias para el ejercicio presupuestal adecuado.
«Cualquiera que sea el caso, las universidades deben ser apoyadas para que puedan resolver en forma definitiva las carencias financieras a las que están sujetas», subrayó el rector.
Al participar en la reunión por el XXXVIII aniversario de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, Graue Wiechers explicó que estas amenazas sobre la educación superior se presentan en momentos en que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado simulaciones, desvíos y asignaciones indebidas en algunas universidades.
Estas prácticas, enfatizó, son inaceptables en instituciones cuyo deber es usar, de manera escrupulosa y transparente, los recursos que la sociedad les otorga.
«Los responsables deben rendir cuentas de sus acciones y responder por sus actos; pero las instituciones de educación superior no pueden ni deben ser castigadas todas por el indebido actuar, en algunos casos, de un puñado de autoridades o administradores irresponsables».
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