*** Colocan defensores de derechos humanos, ofrenda para las víctimas del crimen organizado
*** Por omisión e insensibilidad de Héctor Astudillo, los familiares de víctimas de desaparición forzada no han recibido ayuda de CEAV federal
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Chilapa de Álvarez, Gro. 31 de Octubre de 2017. (Síntesis de Guerrero).- El Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», con sede en Chilapa, reveló que en 9 meses de este 2017 se han registrado 220 muertes violentas y 100 desapariciones forzadas, en este municipio.
En entrevista durante la realización de una ofrenda por los muertos que ha dejado la guerra entre cárteles del crimen organizado, el director de este centro, Manuel Olivares Hernández mencionó que es lamentable lo que está pasando en Chilapa, en relación a la violencia.
Por ello hizo un llamado a las autoridades para que realmente pongan atención en el problema del crecimiento de la delincuencia organizada: «no es posible que en Chilapa llevemos más de mes y medio sin clases, no es posible que haya gente desplazada, desaparecidos», reprochó.
Ante esta situación señaló que el Centro Regional de Derechos Humanos hizo una ofrenda en el kiosco del centro de Chilapa.
Criticó al Estado y se refirió a este como «fallido», porque no ha sabido garantizar los derechos humanos y la vida de las personas.
A pregunta expresa sobre cuántos muertos ha dejado la disputa entre cárteles, en Chilapa, precisó que en lo que va del año hay registrados 220 muertos y 100 desaparecidos, en los últimos 9 meses.
Sobre la situación de los familiares de desaparecidos, lamentó que tiene que llevar solos el miedo, dolor y angustia, ya que están obligados a interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la Republica (PGR), para tener acceso a los derechos plasmados en la Ley General de Víctimas, sin embargo, a veces las familias se niegan a denunciar por temor, ante la colusion del crimen en las instituciones.
Indicó que el otro problema es la negativa y falta de sensibilidad del gobernador Héctor Astudillo Flores, que no ha querido firmar un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, para que pueda canalizar recursos a la CEAV estatal y se pueda atender las necesidad de las víctimas indirectas. (Agencia Periodística de Investigación)