*** No hay dictámenes de impacto ambiental ni pagan impuestos: diputado
Vanessa Cuevas/API
Reportera
Chilpancingo, Gro. 30 de Julio del 2017. (Síntesis de Guerrero). – En Guerrero no se cuenta con un dictamen de impacto ambiental que verifique los daños causados por 28 mineras que hay en el Estado, pese a que estas han causando enfermedades de niños en vías respiratorias, abortos de mujeres, muerte de peces y ganado.
Además, se niegan a pagar impuestos y tienen demandados a los Ayuntamientos para evitar cumplir con lo que por ley les corresponde.
De acuerdo al diputado Isidro Duarte Cabrera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la a Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero (Semaren), no han emitido ningún dictamen que verifique en qué condiciones están operando las empresas de este rubro.
Señaló que la entidad tiene por lo menos 28 empresas mineras que están sobre explotando los recursos naturales; algunas operan al aire libre y otras más en condiciones privadas que se desconocen, sin que hasta el momento se conozca si quiera un dictamen que verifique el impacto ambiental que estas causan en el Estado.
De acuerdo al legislador perredista, las mineras que hay en la entidad, en lugar de beneficiar a la población la están perjudicando, porque se han conocido de casos de aborto, cáncer y enfermedades causadas por los residuos que arrojan.
Duarte Cabrera enfatizó que los dictámenes de impacto ambiental son esenciales para la instalación de las mineras, las cuales les permitirán su operación, sin embargo ninguna de las 28 mineras que hay Guerrero lo ha presentado, y esto se corroboró porque ningún presidente municipal cuenta si quiera con una copia de algún dictamen.
Los dictamen deberían ser realizados por lo menos cada año, dado los tipos de residuos que se extraen de los minerales metálicos y no metálicos.
El diputado local indicó que las empresas mineras, además de no presentar estudios de impacto ambiental, tampoco quieren pagar impuestos; lo único que pagan al Estado es la aportación del 7 por ciento de sus ganancias, lo cual resulta ser «una migaja», comparado con los que ganan.
Por si fuera poco, dijo, los fondos no son entregados en tiempo y forma, pues el último reporte fue el correspondiente al 2015, y 2016 no ha sido entregado.
PRI y PVEM protegen a las empresas mineras
El pasado 25 de julio, en el Congreso de Guerrero las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM bloquearon un exhorto presentado por el diputado Isidro Duarte Cabrera, orientado a promover un estudio del impacto ecológico en la entidad, con el cual se haría público el deterioro del medio ambiente en Guerrero provocado por la explotación minera.
Pese a que la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene como objetivo cuidar del medio ambiente, la fracción se opuso al estudio del impacto ecológico.
El exhorto estaba dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que la Semarnat realizara un estudio de impacto ambiental, con el objetivo de verificar que cumplan con la normatividad ecológica y en caso de que no, se apliquen las sanciones correspondientes.
Además solicitó la búsqueda de mecanismos compensatorios para que a través de la riqueza obtenida por las empresas, se realicen acciones de mitigación de impacto ambiental en las localidades aledañas donde se ubiquen las explotaciones mineras.
El exhorto también estaba dirigido al gobernador Héctor Astudillo para instruir a la titular de la Semaren, Karen Castrejón Trujillo, coadyuve con su contraparte federal en el propósito de medir la contaminación ecológica provocado por la explotación del subsuelo guerrerense.
Sin embargo el exhorto fue bloqueado por las fracciones mayoritarias de la actual legislatura, pese a que el 21.22 por ciento del territorio guerrerense se encuentra expuesto al deterioro ambiental, por las 28 concesiones otorgadas a diferentes empresas mineras, de las cuales, seis extraen minerales metálicos y 22 no metálicos.
De acuerdo al diputado Isidro Duarte, antes de que se llevara a cabo la votación de su exhorto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Flor Añorve Ocampo le había asegurado que el exhorto sería votado a favor, pero no fue así.
Los daños
A principios de este año, Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio, acordaron impedir el despojo de recursos naturales en Guerrero.
Exigieron la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación, ya que existía la intención de otorgar 60 títulos de concesión. Expusieron que una comunidad donde se instala una minera de extracción a cielo abierto, conlleva daños a la salud.
En esos lugares, el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el 2016, pobladores de Cocula denunciaron que la empresa minera Media Luna está provocando el derrame de lixiviados contaminados con cianuro, desechos que llegan al río Mezcala y azolvan el cauce que abastece la presa El Caracol, causando con ello enfermedades de niños en vías respiratorias, abortos de mujeres, muerte de peces y ganado.
Acusaron a la empresa minera Media Luna, de negarse a indemnizar a los pobladores de Cocula, pese a que es quien provoca la contaminación del aire, del suelo y del agua y con una baja producción en el sector pesquero.
En el 2015, Integrantes del Grupo Unidos Por Taxco denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han detenido la grave contaminación minera que hay en los ríos de este municipio, la cual causa anencefalia y otras enfermedades que están dañando la salud de la población.
Además, en Taxco en varios pueblos se han presentado problemas por malformaciones en niños y la muerte temprana de gente adulta; hay cerros de desechos tóxicos que han dañado evidentemente el medio ambiente, cientos de animales han muerto y, el agua de los ríos corre de color amarilla, producto de los desechos de las minas.
El diputado local señaló que no se está en contra de la inversión privada, siempre y cuando cumplan con las normas que rige la federación, lo cual no está sucediendo con las mineras en Guerrero. (Agencia Periodística de Investigación)