*** El área encargada de atender a desplazados no cuenta con presupuesto
Bernardo Torres/API
Reportero
Chilpancingo, Gro. 16 de Julio del 2017. (Síntesis de Guerrero).- Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, encabezadas por el Centro José María Morelos y Pavón, criticaron la negligencia del Gobierno de Guerrero, para atender de a las familias víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia.
Manuel Olivares Hernández, director de dicho organismo, lamentó además que a cuatro años de aprobada la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en Guerrero, hasta ahora no cuente con un presupuesto asignado y tampoco se haya reglamentado, lo que impide la atención integral a las víctimas.
Desde su aprobación, la tarea le fue encomendada a Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, que a su vez depende de la Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, pero poco ha hecho en favor de las familias.
Al momento de la aprobación de esta ley, a propuesta del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, 107 familias habían sido desplazadas de la comunidad de La Laguna perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, en la Región de la Tierra Caliente, a principios del año 2014.
Las familias se refugiaron en la comunidad de Puerto las Ollas, a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, en el municipio de Petatlán, quienes posteriormente ante la falta de apoyo se dispersaron en el territorio guerrerense, caso que marcó el inicio de una serie de desplazamiento por la violencia en Guerrero.
La semana pasada la Secretaría General de Gobierno, informó de acuerdo con su programa de Desplazamiento Interno, sólo se tienen registrados 43 casos de enero a julio de 2017.
Sin embargo, para el defensor de derechos humanos, del Centro Morelos, esa información carece de toda objetividad, pues son cifras totalmente alejadas de la realidad, considerando sólo los casos que ellos tienen documentados en este año.
“Nada si más hablamos de la gente que estamos acompañando, las familias de Coyuca de Catalá y de La Laguna que son 34 familias, de Quetzalcoatlán son otras 24, el nuevo desplazamiento de Tetitlán de la Lima, Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, La Gavia y otros municipios, la verdad es que no entendemos como no existe un registro más aproximado a la realidad”, refutó a las autoridades.
Desde 2014, cuando se aprobó la ley 487, de atención a personas desplazadas, no hay un organismo que atienda directamente y mucho menos se cuenta con presupuesto, dijo, se trata de un caso de negligencia por parte de las autoridades estatales, pues de manera inmediata debió contar con recursos.
“Desde que estamos atendiendo el caso de los desplazados les hemos planteado a a la dirección de Derechos Humanos, que se requiere de un presupuesto para que esta pueda operar, porque depende directamente de la Secretaría General de Gobierno”.
Lamentó que cuando se han hecho solicitudes de atención a víctimas de desplazamiento, se tiene que recurrir a una serie de burocratismos “acudimos a la dirección, la dirección va con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, el subsecretario va con el Secretario General de Gobierno y finalmente se vuelven gestores de los gestores”.
Manuel Olivares, insistió en que estas deficiencias deben ser superadas y que este año pudieran iniciar con la reglamentación de la Ley 487 que solamente está como ley general y que se empiece a contemplar la inclusión de un rubro económico exclusivo en el presupuesto de Egresos. (Agencia Periodística de Investigación)