Claudia Rodríguez
Con todo este asunto más que importante del manejo del espionaje en México y hacia quienes está dirigido, queda claro que el Gobierno mexicano criminaliza a quienes disienten de su actuación o simplemente la cuestionan. Criminalizar, meter miedo, socavar la integridad e intimidar, es el gran objetivo de la presente Administración y de sus gobiernos locales a modo.
Sólo hay que voltear hacia el Estado de México, entidad en donde con aval de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador del Estado de México tendría la facultad de dictar planes de actuación de la fuerza pública ante manifestaciones o reuniones en lugares públicos.
El día 23 de marzo de este 2017, la Suprema Corte declaró constitucional el artículo 39 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida también como ‘Ley Atenco’, como la sobrenombreron por sus pretendidos alcances, muchos defensores de derechos humanos.
El artículo en cuestión, establece que “los planes, estrategias y programas para actuar frente a asambleas, manifestaciones o reuniones que se realizan en lugares públicos deberán determinarse conforme a Reglamento”.
Hay que resaltar, que la mayoría del pleno en la Corte, señaló que los detalles sobre protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad no pueden estar previstos en una ley en la que se interpreta que “cada operativo responde a las circunstancias específicas del caso”.
Es decir, que se está dando permiso implícito en ir más allá y a juicio de lo que requieran quienes sean denominados fuerzas públicas para disolver una reunión en lugar público, ya no se diga una manifestación con objetivo.
La Ley en cuestión, aún no entra en vigor. La Suprema Corte tiene que analizar en su totalidad la misma.
Pero de entrar en vigencia, son las Policías quienes tendrán la facultad de decidir si una protesta es ilegal o violenta.
La situación, es que más allá de aprobada o en vigor una Ley como la de la Regulación del Uso de Fuerza Pública en tierras mexiquenses, sólo el sentido de la misma, advierte que la misión del Estado de México, es que a toda costa se reprima nuestra constitucional libertad de expresión.
Acta Divina… La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México fue una iniciativa del gobernador Eruviel Ávila, enviada en diciembre de 2015 al Congreso estatal.
Para advertir… El plan de Ávila es que la iniciativa no pasará por ninguna institución fuera del control total mexiquense.