Ramiro Ávila Morales, Delegado de Gobierno en Guerrero, alertó que la ejecución de 6 miembros de una familia en el poblado de San Pedro Cacahuatepec, por presuntos policías comunitarios de la UPOEG, “es una situación que puede salirse de control” por la proliferación de grupos armados de autodefensa que están fuera de la ley, porque no los ampara la Ley 701 sobre Derechos, Reconocimientos y Cultura Indígena.
El funcionario federal se pronunció en contra de la propuesta lanzada por empresarios de que la población se arme para hacerle frente a los delincuentes, y sostuvo que la Federación se mantiene atenta con acciones para combatir la violencia y la inseguridad, con la presencia de soldados de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, y de policías federales.
El representante de la SEGOB en el estado insistió en que los llamados grupos armados de autodefensa actúan fuera de la ley, primero porque no corresponden a pueblos indígenas cuyos policías comunitarios sí están amparados por la Ley 701, y los autodefensas están en territorios donde no se justifica su presencia, “y ya se les ha dicho que no pueden permanecer en esos lugares”.
Dijo que por el asesinato masivo ocurrido en San Pedro Cacahuatepec del municipio de Acapulco, “con seguridad se abrió una circunstancia para que de manera contundente se tomen decisiones, y evitar que éstos grupos sigan causando graves problemas que todos lamentamos porque además hay menores de edad que fueron privados de la vida, lo cual está rayando en una situación que puede salirse de control”.
Ante la propuesta reiterada de empresarios del estado de portar armas para defenderse de actos delictivos, el delegado de la Secretaría de Gobernación dijo que esa no es la vía, “la historia ha demostrado que la anarquía ha sido siempre un camino que ha llevado a muchos desórdenes y a muchos actos lamentables”.
“Se deben mantener las instituciones porque armarse sin tener el amparo de la ley es un riesgo, y lo que sucedió en el poblado de San Pedro Cacahuatepec del municipio de Acapulco, -en donde fueron ejecutados 6 miembros de una familia entre éstos un bebe de 4 meses de edad y otros dos menores de edad-, habla más que cualquier consideración por lo que los ciudadanos debemos estar sometidos a la ley independientemente del origen que tengamos”, indicó. ¿Ante la proliferación y la sublimación de grupos de autodefensa, es necesario que Guerrero reciba el mismo trato que el gobierno federal le dio a Michoacán a causa de problemas similares? –Yo creo que Guerrero no tiene las condiciones que tenía Michoacán en ese tiempo, yo considero que Guerrero es gobernado con responsabilidad, y el gobernador Héctor Astudillo está visitando los municipios, está encarando los problemas de seguridad, encabeza todas las sesiones del Grupo de Coordinación Guerrero que es el colectivo que define las líneas de seguridad en el estado. Si bien el estado de Guerrero está en un momento de dificultad, “se tiene un gobierno que está dando la cara todos los días y trabaja en torno a la solución de todos estos problemas”. “Los grupos armados de autodefensa que están fuera del amparo de la Ley 701 están cometiendo un delito, toda vez que esa Ley ampara el autogobierno de los pueblos originarios exclusivamente en las zonas de los pueblos originarios”. Por los hechos ocurridos en San Pedro Cacahuatepec en los que estarían involucrados policías comunitarios que pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “se abrió una circunstancia para tomar decisiones de manera contundente para evitar que estos grupos sigan causando estos graves problemas que todos lamentamos”. Ramiro Ávila sostuvo que la inseguridad y los altos niveles de violencia que hay en el estado, tienen su origen en la siembra de amapola y el tráfico de goma de opio que deriva de esa planta, “pero esos problemas se combaten diariamente con un gobernador que está dando la cara en todos los aspectos”, indicó el funcionario federal.