*** Desde Febrero ya no había servicios ni transporte por la ruta a la cabecera
*** Asegura el Gobierno de Guerrero que regresaron ya 80 familias
*** Centro «Morelos» pide al Congreso promulgar reglamentación de la Ley 487, para atender el desplazamiento forzado
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Chilapa de Álvarez, Gro. 14 de Junio del 2017.- Pobladores pertenecientes a las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, revelaron que desde el mes de febrero ya no dejaban pasar servicios como agua, pan o transporte público, porque esa zona se había convertido en «la favorita» del crimen organizado, para tirar cadáveres.
Por su parte, el Gobierno del Estado que no atendió esta situación oportunamente, aseguró que ya 80 familias que se habían desplazado, regresaron a sus pueblos.
La gente consultada por este medio informativo, relató que esa zona donde confluyen al menos 6 comunidades, era «la favorita» para que grupos antagónicos tiraran los cuerpos de las personas que acribillaban.
Ante tal situación, un grupo de habitantes colocó un retén por esa ruta y quedaron que ningún servicio pasaría para Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, además del transporte público.
Por ello, aseguran, buscaron otras rutas como el camino a la comunidad de la Mohonera o Pochahuizco, perteneciente a Zitlala, para poder ir a la cabecera y comprar lo necesario para subsistir, o para ir a trabajar.
Así fue durante meses, sin que nadie tomara cartas en el asunto que afectaba a todos los pobladores. El gobierno federal y estatal, los dejaron solos desde entonces.
Hace 8 días, habitantes de las comunidades de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, salieron de sus comunidades para refugiarse con sus familiares en la cabecera municipal, otras ciudades o incluso otros estados, derivado de la amenaza que hicieron grupos delincuenciales, en el sentido de que si permanecían en sus pueblos, serían asesinados «todos».
Este miércoles a través de un comunicado de prensa, el Vocero de Seguridad del Estado, Roberto Álvarez Heredia aseguró que 80 familias regresaron a las tres comunidades de Chilapa.
«Las familias decidieron regresar a sus hogares por las garantías ofrecidas por el Ejército Mexico y la Policía del Estado de resguardar su integridad y detener a los grupos delictivos que operan en la zona», informó, sin mencionar que esa garantía no se les brindó desde que inició el problema.
El gobierno de Guerrero afirma que quedan solemente 20 familias desplazadas, mientras el Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», de Chilapa, denunció este mismo día que el desplazamiento forzado es una realidad en este municipio.
La organización exige al Poder Legislativo promulgar una Ley reglamentaria de la Ley 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en el Estado de Guerrero. (Agencia Periodística de Investigación)