Ya sea por incapacidad o complicidad, el Estado mexicano no ha podido atacar la fuente de financiamiento de los grupos delincuenciales cuyos niveles de violencia han aumentado de manera notable en el último año.
Mientras México vive el primer trimestre más violento de s u historia reciente, las estructuras financieras del crimen organizado siguen intactas gracias a la complicidad e incapacidad del gobierno mexicano, coinciden expertos.
De acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el inicio de 2017 ha sido el más violento del que se tenga registro en los últimos 20 años, incluyendo la última década desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.
ONC
De este modo, marzo se convirtió en el mes con mayor número de homicidios dolosos en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Pero lejos de que la actual estrategia de seguridad haya mitigado los índices delictivos, en los últimos dos años, entidades que no estaban en el radar e históricamente habían sido consideradas «islas de paz», hoy ven un incremento en el índice de violencia, por lo cual, «entidades que fueron ejemplos de cómo se podían mejorar las condiciones de incidencia delictiva hoy nuevamente son una alta preocupación», sostiene Francisco Rivas, director del ONC.
Un ejemplo de esto es Baja California Sur, entidad con la tasa más alta del país en homicidio doloso, extorsión y robo a casa habitación, por cada 100 mil habitantes. Colima es la segunda en homicidio doloso y la cuarta en extorsión. Tabasco, la más alta en robo con violencia. De este modo, estados donde históricamente se habían mantenido lejos de la violencia, hoy enfrentan problemas serios a la par que otras entidades que llevan años con altos índices de violencia, tales como Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua.
Y a pesar del incremento en la violencia, las estructuras financieras del crimen organizado se mantienen intactas.
«No vemos combate a la corrupción y no vemos que le estén pegando al dinero de los delincuentes. Una y otra vez nos hablan del éxito de bandas detenidas dedicadas al trasiego de drogas, trata de personas, secuestro, extorsión, robo de vehículos o hidrocarburos. ¿Dónde está el dinero de estos delincuentes? Dinero que debería estar al servicio del fortalecimiento institucional», cuestiona Rivas.
Según datos de INEGI y la Secretaría de Hacienda, el lavado de dinero en México representa casi el 2% del PIB (200 mil millones de pesos anuales), mientras que la investigación y eficacia en delitos vinculados con el lavado de dinero se ha reducido en un 50% en lo que va del actual sexenio.
De acuerdo con la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, en su informe Justicia fiscal ¿Cuánto dinero pierden los países por los Flujos Financieros Ilícitos?, México pierde alrededor de 294 mil millones de dólares anualmente por delitos vinculados al lavado de dinero.
Narcopolítica y lavado de dinero
Pero dichos delitos no han sido debidamente atacados debido a la corrupción y la complicidad de políticos que forman parte de las redes del crimen organizado.
«La salida de flujos ilícitos no sería posible sin la existencia de facilitadores, los cuales brindan servicios como estructuras jurídicas y esquemas novedosos de planificación impositiva. Tales facilitadores –como grandes corporativos de asesores fiscales o firmas de abogados con presencia trasnacional– han permitido a miles de políticos, multimillonarios y empresas ocultar sus activos y trasladarlos hacia paraísos fiscales, escapando así de los sistemas tributarios», señala un informe reciente de la Cámara de Diputados titulado Estructuras financieras del crimen organizado, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
Un ejemplo son los casos de los exgobernadores vinculados con el crimen organizado en diversas investigaciones judiciales, tales como Tomás Yarrington (Tamaulipas) o Humberto Moreira (Coahuila), quienes han sido señalados de lavar dinero ilícito en Estados Unidos. Esto sin contar ejemplos como el del fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido por vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación.
De ahí que el componente político explique en buena medida el por qué no se investigan muchos casos de lavado de dinero asociados al crimen organizado, aún cuando estos casos sean de dominio público, tal como ha ocurrido con los desvíos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, o el caso del fiscal de Nayarit.
«Nosotros señalamos por cuatro años seguidos al fiscal de Nayarit y las autoridades no pudieron no haber sabido nada. Yo no puedo pensar que un gobernador no sepa lo que está haciendo su fiscal general. No tenga ni siquiera la noción de lo que está haciendo, no lo sepa el Congreso, los otros secretarios, los vicefiscales, los fiscales especializados, los empresarios y medios de comunicación. Hay un control a nivel local que impide que algo suceda. En el caso específico del fiscal, me preocupa que el CISEN, PGR, Comisión Nacional de Seguridad, Policía Federal, si sabían, no actuaron y si no sabían, qué grave que no supieran», asegura Rivas.
Una opinión con la que coinciden otros especialistas.
Lo grave de todo es que hay pedazos de Estado que forman parte de estas estructuras criminales», señala Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia y experto en temas de delincuencia organizada.
«Las redes criminales organizadas de políticos en México que intentan proteger a gobernadores ‘prófugos’, están compuestas por políticos que recibieron de este tipo de gobernadores muchos dinero ilegal de campaña para partidos y para candidaturas individuales, empezando por la del presidente Enrique Peña Nieto», acusa Buscaglia, quien advierte que el financiamiento ilegal de campañas políticas en México representa el mayor canal para el lavado de dinero proveniente de tres fuentes: a) desvío de recursos públicos; b) contribuciones ilegales de empresarios legales y c) flujos de dinero de la delincuencia organizada proveniente de 23 tipos de delitos graves.
En este sentido, Buscaglia sostiene que la delincuencia organizada mete el 70% en promedio de los recursos que generan en la economía legal y cuanto más sofisticada es la organización criminal, más legalizada está.
«No es que el Estado no haga bien sus tareas, sino que tenemos a un Estado que se ha transformado y que ha incorporado a sí mismo los proyectos económicos criminales. Sería como autoperseguirse», sostiene por su parte el investigador Israel Daniel Inclán Solís, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Otros expertos consideran que si bien perseguir delitos de lavado de dinero representa una labor difícil con resultados poco efectivos, el auge de la violencia criminal en México está directamente ligado a la debilidad del Estado como garante de seguridad y justicia.
«Si en México tenemos un crimen organizado de narcotráfico y otras vertientes muy poderoso, es porque tenemos un Estado terriblemente débil en sus capacidades de seguridad y justicia. Son las dos caras de la misma moneda», asegura Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN durante el sexenio de Felipe Calderón y autor del libro Historia del narcotráfico en México.
El especialista sostiene que tras el periodo de la alternancia en el poder, los cárteles de la droga fueron diversificando sus actividades ilícitas a otros sectores como el robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, trata de personas. «Y además, empezaron a controlar otras actividades legales en ciertas regiones, la producción y comercialización del mercado del limón y el aguacate en Michoacán, la minería en Lázaro Cárdeneas o Coahuila, donde ya se metían a controlar actividades legales. Y esto implicaba la captura y reconfiguración de instituciones estatales: controlar al municipio pero no solamente a la policía, sino al alcalde», explica Valdés.
Cita como ejemplo la manera en que Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta y líder de la Familia Michoacana, reunió en 2009 a más de 40 alcaldes e impuso a directores de seguridad, obra pública, programas sociales. Otro ejemplo es la manera en que el Cártel de Sinaloa crea pequeños negocios familiares, tiendas de telefonía, salones de belleza, fondas y pequeños negocios con el dinero procedente de actividades ilícitas.
«Con esta captura y reconfiguración de los municipios se apropiaban de los presupuestos públicos municipales», añade Valdés, quien sin embargo, considera poco productivas las investigaciones de lavado de dinero a la hora de enfrentar al crimen organizado.
«Es terriblemente complejo las investigaciones de lavado de dinero, que son muy complejas, muy caras, muy largas y los resultados son relativamente pobres. Porque las puertas entre la economía formal e informal son cientos, miles. En el caso de México la parte importante del dinero del narco se queda en Estados Unidos, no viene a México. Así que desde acá poco podemos hacer para quitar las grandes fortunas», apunta el exdirector del CISEN.
Sin embargo, los expertos coinciden en que atacar los flujos de dinero ilegal de las bandas del crimen organizado, en muchos casos protegidas por políticos del más alto nivel, es una prioridad para reducir el número de homicidios y la incidencia delictiva en México, tal como sostiene el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Mientras que un delincuente siga contando con recursos podrá seguir delinquiendo dentro del penal o comprando justicia a modo», concluye Rivas.
Fuente: Huffington Post México