Chilpancingo, Gro., 28 de marzo de 2017.- Con el objetivo de complementar los mecanismos para prevenir actos de corrupción y establecer instrumentos que permitan una rendición de cuentas clara y efectiva, y así transparentar el ejercicio de los recursos públicos, el diputado César Landín Pineda propone reformar la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de la entidad, en materia de responsabilidad administrativa.
Con la reforma, dijo el legislador, se establecería que todos los servidores públicos tengan la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o los órganos internos de control de los que dependan, y de no hacerlo se les iniciará una investigación por omisión.
En la sesión de este martes, el legislador dijo que dicha propuesta es indispensable, porque también se establecen los plazos y mecanismos para la presentación de dicha declaración, y que contendrá datos precisos de los declarantes para llevar un registro minucioso en el sistema de evolución patrimonial, dándose aviso únicamente de dicha situación.
Explicó que, entre otras cosas, se propone que las declaraciones sean presentadas a través de medios electrónicos, y que en el caso de que los municipios no cuenten con esas tecnologías, se elaborarán con formatos impresos que los órganos de control interno y las secretarías deberán digitalizar.
Finalmente, agregó que “es necesario que haya una rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, personas físicas y morales que contraten o sean contratados para hacer obras o servicios con recursos públicos, para transparentar los recursos que se utilizan o utiliza el Estado para la ejecución de obras, como son construcción de escuelas, apoyos para adultos mayores, becas para estudiantes, entre otros apoyos, en beneficio de la ciudadanía”.
Iniciativas
A la Comisión de Atención a las Personas con Capacidades Diferentes se turnó la iniciativa de Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, propuesta por los diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Dictámenes
De primera lectura quedaron los dictámenes de reformas a la Ley de Vida Silvestre para el Estado y la adhesión al exhorto emitido por el Congreso de Baja California al Senado de la República, para que dictamine en favor de la iniciativa de Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas.
Intervenciones
El diputado Ricardo Mejía se pronunció por que se envíe al Congreso del Estado la terna de quien ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sobre el tema intervino la diputada María de Jesús Cisneros Martínez.
Chilpancingo, Gro., 28 de marzo de 2017.- La LXI Legislatura local exhortó al Ejecutivo federal para que instruya a las dependencias correspondientes que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio establezcan acciones que permitan tener un panorama de las causas que generan la migración, su impacto en la economía mexicana y la creación de políticas públicas que refuercen la economía interna.
En tribuna, el diputado Isidro Duarte Cabrera propuso dicho exhorto, señalando que el fenómeno de la migración tiene que ser visto desde tres ángulos: el del derecho soberano de Estados Unidos a imponer reglas para aceptar inmigrantes; la situación de crisis económica y pobreza en México, que expulsa mano de obra barata, y la relación bilateral entre los dos países para regular el tránsito de trabajadores.
Dijo que desde el inicio del siglo pasado, los norteamericanos han aceptado el ingreso legal e ilegal de mexicanos para laborar en la agricultura, lo que permitió a esta nación desarrollarse como una de las más eficientes del mundo. Además ha habido acuerdos para permitir el ingreso legal de mexicanos, como el Programa Bracero.
Dijo que se ha dado un aumento de ilegales en Estados Unidos, creciendo la migración legal e ilegal entre1970 y 1980, y para contenerla en 1982 se promulgó la ley Simpson-Mazzoli, que castigaba a quien contratara trabajadores sin papeles, y en 1986 la Simpson-Rodino, cuyo objetivo era terminar con la entrada clandestina de personas a territorio estadounidense.
Mencionó que al momento de negociar el Tratado de Libre Comercio, se mencionó que una de sus aportaciones a la economía mexicana sería un modelo de crecimiento que permitiría allegarse de inversión, nueva tecnología y disminuir el flujo migratorio, pero el cambio en la especialización comercial no ha tenido la correspondencia esperada en algunas variables de la economía, como la del empleo.
Añadió que el TLC tampoco trajo un mejor trato a los ilegales ni permitió el libre tránsito de los trabajadores; por el contrario, endureció la vigilancia en la frontera e inició un periodo de deportaciones. Por ello, dijo que “el fenómeno migratorio nos tiene que hacer voltear la mirada a un sistema económico en que el 10 por ciento de los mexicanos concentra el 64 por ciento de la riqueza”.
El legislador propuso exhortar a la Federación para que se instruya a las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Desarrollo Social, para que en la renegociación del TLC establezcan acciones para tener un panorama de las causas que generan la migración, su impacto en la economía mexicana y la creación de políticas públicas que conlleven al reforzamiento de la infraestructura en la heterogeneidad de la economía interna.
Esto para hacer frente a los compromisos de exportación que se establezcan en el Tratado y desincentivar el flujo de mano de obra barata y fuga de cerebros.
Acuerdos
El Grupo Parlamentario de Movimiento planteó exhortar a la Comisión Nacional Forestal, a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal y estatal, a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría de Protección Ecológica, para que a la brevedad implementen medidas de prevención de incendios forestales en la entidad.
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