Por: Rosario García Orozco
Reportera
Chilpancingo. Gro., 28 de marzo del 2017. (Síntesis de Guerrero). – Dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, que permitiría que el ejército mexicano continúe en las calles realizando labores de seguridad pública, por la cantidad de violaciones a los derechos de los civiles y el incremento de desapariciones forzadas.
Lo anterior, durante el «Foro de derechos humanos y seguridad: una falsa dicotomía», organizado por grupos defensores de Derechos humanos, donde Tita Radilla, activista de derechos humanos a partir de la desaparición de su padre, luego de que fuera detenido por militares en Atoyac de Alvarez; dijo que en Guerrero hay más de 600 personas desaparecidas, además de los que fueron torturados, luego de ser detenidas durante la Guerra Sucia, principalmente por parte de las fuerzas castrenses.
«Que los militares no salgan a la calle. Desde que el presidente Felipe Calderón empezó con la guerra a la delincuencia echó a la calle a miles de militares. ¿Y cuál fue el resultado?, miles de desaparecidos y personas asesinadas», dijo al hacer uso de la palabra.
Y agregó que no tiene caso «que sigan en la calle, porque realmente no están ayudando en nada». Y propuso que los legisladores federales y locales escuchen las voces de las víctimas de hechos de violencia por parte de los militares, antes de que aprueben la propuesta de que el ejército mexicano realice funciones de seguridad pública.
Por su parte, Mayra Telumbre y Bernardo Campos familiares de estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, sostuvieron que no es en las calles, sino en sus cuarteles donde debe estar el ejército, en virtud de que para garantizar la seguridad ya se cuenta con policía federal, estatal y municipal; «no debe pasar esta ley», aseguraron sobre la la propuesta Ley de Seguridad Interior y la reforma constitucional que crea el mando mixto policial, que se discute en la cámara alta.
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se pronunciaron en contra de esa Ley, porque al facultar a las fuerzas armadas para hacerse cargo de la seguridad pública, se incrementarían los hechos de violencia contra civiles.
Insistieron en que el Ejército debe regresar a sus cuarteles porque la capacitación y actuación de los militares no es apta para tratar a la sociedad civil, y remarcaron que los hechos del 26 septiembre del 2014 en Iguala, son ejemplo de los excesos de las fuerzas castrenses, a quienes responsabilizan de la desaparición de los normalistas.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, puntualizó que la corrupción no se debe institucionalizar, en referencia a las denuncias de irregularidades que hay contra el Ejército mexicano, que durante el primer bimestre de este año acumuló 7 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El ombudsman guerrerense coincidió en que los militares deben dejar las calles y agregó que ya se ha dado la oportunidad a los estados de capacitar a sus policías para encargarse de la seguridad pública, con efectivos capacitados y confiables.
E insistió «No permitamos institucionalizar estos agravios que a diario se cometen en aras de ofrecer seguridad. Reconozcamos lo que se hace bien, pero también se tiene que señalar las cosas que no están saliendo bien y que abonan a hacer más grande la llaga de inseguridad y de justicia en Guerrero».
Manuel Olivarez, del Centro de derechos humanos José María Morelos y Pavón, citó varios hechos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses, principalmente contra comunidades indígenas guerrerenses.
Y sostuvo que el ejemplo de que no son efectivas las actuaciones del ejército, son el incremento de los hechos de violencia en Guerrero por parte de los grupos de la delincuencia organizada y las ejecuciones cada vez más sanguinarias, «no es cierto que solo el ejército pueda con la delincuencia», aseguró.
Durante el foro también participó Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa víctima de abuso sexual por parte de militares en febrero de 2002, y Bernardo García, sobreviviente de la masacre de El Charco.