Tixtla, Gro., a 6 de marzo del 2017 (Síntesis de Guerrero).- Ante la violencia, la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia tradicional, la alternativa es el fortalecimiento de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), coincidieron este domingo los ponentes del foro Policías comunitarios y la construcción de la autonomía, organizado por el partido Morena en Tixtla.
El foro se realizó en el auditorio municipal de esta cabecera municipal y entre los ponentes estuvieron el jurista penal e investigador de la UNAM, John Mill Ackerman Rose; y el rector de la escuela de derecho Ponciano Arriaga, fundada por Morena y jurista en derechos humanos, Netzaí Sandoval Ballesteros. Así como el dirigente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
Durante el foro se habló también de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y al respecto Netzaí Sandoval aclaró que si se deroga es falso que queden en la ilegalidad los policías comunitarios y la CRAC, porque las respalda la Constitución de la República y los tratados internacionales, aunque dijo que se debe estar atentos ante la amenaza del gobierno por derogar o limitar los derechos de los pueblos indígenas establecidos en esa ley.
Ackerman alertó por su parte que el Estado está dividiendo a la CRAC, dijo que aunque los derechos de los pueblos y comunidades indígenas están reconocidos en la Constitución y en los organismos y tratados internacionales, “son cínicos, no conocen límites y quizás es lo que están buscando, pero también habría un apoyo internacional muy importante”, advirtió.
El foro comenzó a las 11 de la mañana, organizado por la secretaria de Derechos Humanos y Sociales del Comité Estatal de Morena, Leovigilda Chávez Hernández, y asistieron poco más de 100 personas que vinieron de comunidades donde tiene presencia la institución comunitaria.
De entrada, Pablo Amílcar Sandoval manifestó que la Policía Comunitaria y la CRAC han sido ejemplo de organización y dignidad. Añadió que también han demostrado que sirven para la defensa del pueblo, “que es una obligación del Estado, pero que la hace la Policía Comunitaria, al contrario de los policías del estado que son instituciones que se han corrompido”.
El dirigente de Morena expresó la necesidad de visibilizar a la Policía Comunitaria y mejorar sus leyes, pues dijo que un 90 por ciento de los ciudadanos tienen confianza en el sistema de justicia comunitario y un 3 por ciento en el sistema de justicia tradicional.
Después, el ponente Netzaí Sandoval Ballesteros reconoció que la Ley 701 representa un avance y que si hay necesidad de reformarla no debe ser para limitarla, sino para que avance, pero que en caso de que no se reforme no pierden vigencia ni los policías comunitarios o la CRAC, no quedan al margen de la ley porque los respalda la Constitución de la República y organismos internacionales.
Añadió que quienes hablan de reformar la ley es porque quieren impedir que cuando pierdan el control del Congreso local se amplíen los derechos de la Policía Comunitaria y se les reconozca más autoridad, y que quieren limitar esos derechos ahora.
Explicó que lo quieren hacer antes, porque después de 2018 va a cambiar la correlación de fuerzas.
Dijo que los sistemas de justicia comunitaria y de solución de controversias indígenas, “son más eficientes, mucho más serios, más eficaces”, además de que permiten que la gente aprenda de los actos ilícitos, para que mejore su forma de convivir con la comunidad. En cambio, en el sistema de justicia tradicional, el occidentalizado, “hay impunidad, basta nomás acordarnos de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa”, dijo.
Por su parte Ackerman Rose, quien participó con la ponencia Criminalización de la lucha social y presos políticos, comenzó pidiendo la libertad del promotor de la CRAC de Tixtla, Gonzalo Molina González; del promotor de Ayutla, Arturo Campos Herrera, y del policía comunitario de Zitlalatepec, Samuel Ramírez Gálvez, de quienes dijo que no se les ha demostrado ningún delito.
Explicó que los tres siguen presos no por un problema técnico sino político, y que tiene que ver con la impunidad, con la corrupción y con la criminalización de la protesta social, “que tiene una finalidad muy concreta, no es un accidente, es una estrategia desde el Estado”.
Destacó que uno de los negocios más importantes que existen en la clase política es la negociación de la impunidad y que hay dos razones de los políticos típicos y corruptos para llegar al poder, “uno es para robar y el otro para garantizar impunidad, para él, para sus amigos y para sus socios”.
En este contexto explicó que a esa clase política le afecta quienes disienten y por eso recurren a criminalizarlos, como el caso de los integrantes de la CRAC presos, y los tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron asesinados en Iguala y los 43 que siguen desaparecidos, “por estar involucrados en acciones de resistencia y participación, por ser un grupo que molestaba a los poderes fácticos, militares y a políticos locales”.
El jurista añadió que, en cambio, la Ley 701 es producto de la otra cara del derecho, “un derecho libertador, plural, que se construye desde abajo, desde el mismo pueblo que permite utilizar la ley para entendernos como comunidades, como indígenas, y como grupos sociales y defendernos de la opresión, la explotación del gran capital y de los poderes fácticos violentos de este país”.
Agregó que la Policía Comunitaria de Guerrero es la encarnación y la actualización de la lucha de Emiliano Zapata de hace 100 años. “Ustedes son los verdaderos defensores de los principios revolucionarios de la Constitución de 1917 y tienen que actuar con esa seguridad y esa claridad, porque por su sangre y por sus acciones están defendiendo nuestra historia y nuestra visión de institucionalidad revolucionaria”, les dijo a los asistentes.
Añadió que por eso el gobierno los ha dividido en diferentes grupos y líderes, “porque no aguanta una lucha auténtica, independiente, social. No lo aguanta porque eso es peligroso, y es peligroso porque es efectivo y es lo que necesita todo el pueblo mexicano”.
Después, dijo que si se reforma la Ley 701 la Policía Comunitaria y la CRAC no quedarán al margen de la ley porque la Constitución, acuerdos y tratados internacionales dan un privilegio y respaldo a la autonomía indígena, “así que de ninguna manera procedería un desarme generalizado o la ilegalización inmediata, si es que se deroga esta ley”.
Explicó que esta ley es estatal y que lo que hace es materializar principios nacionales e internacionales “que van mucho más allá y que seguirían vigentes”, aunque añadió que evidentemente se debe de luchar para que no la deroguen.
Agregó que el mismo gobierno se da cuenta del error y de los peligros de derogar la ley, porque si lo hace estaría actuando en contra de prácticas milenarias y sería un acto de provocación muy directa en contra de las comunidades que saben que los únicos que las defienden son los policías comunitarios y “son a los que conocen porque son sus hermanos y sus vecinos y cualquier agente externo o del gobierno es motivo de sospecha”.
Aunque reconoció que se pretende desarticular a las policías comunitarias y controlarlas, pero advirtió que eliminarlas así nada más implicaría entregar absolutamente cada rincón del estado al “narco gobierno”, porque dijo que “son cínicos y no conocen límites y quizás es lo que están buscando, pero también habría un apoyo internacional muy importante, se han escrito libros en muchos idiomas que reconocen y valoran esta práctica y habrá solidaridad internacional, en caso de que quieran derogar la ley”.
Netzaí Sandoval secundó a Ackerman, dijo que con la derogación de la Ley 701 no tendrían por qué desaparecer las policías comunitarias, porque si bien le da cobertura legal y facultades a la Policía Comunitaria y a la CRAC, también, si no existiera está la Constitución federal que la respalda en su artículo 16, en el que dice que todas las personas tiene la obligación de detener a quien comete algún delito y entregarlo a las autoridades para que sea enjuiciado.
“Es decir, que el hecho de que la CRAC detenga a delincuentes eso no viola el marco constitucional”, aseguró.
Añadió que lo que hace especial a la CRAC es que aplica sus propias sanciones y sus procedimientos de reeducación. Que son respaldados por el artículo segundo de la Constitución, que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para aplicar sus propios sistemas normativos.
Reconoció sin embargo, que la Ley 701 le da más certeza a la Policía Comunitaria “por eso hay que defenderla, pero si desaparece, sigue existiendo la Constitución, además la jurisdicción indígena está reconocida en diferentes instrumentos internacionales, como Organización Internacional del Trabajo (la OIT) y los tratados internacionales; entonces no porque desaparezca la ley 701 tiene que desaparecer la Policía Comunitaria o se vuelven delincuentes sus integrantes”, insistió.
Otro de los ponentes, Moisés Antonio González Cabañas, dijo que ante el terrorismo de Estado y el gobierno fallido que tiene vínculos con la delincuencia organizada, se debe fortalecer el vínculo social desde las asambleas comunitarias, como lo hace la CRAC en las comunidades indígenas.
A su vez, Jesús Reyes Basurto, coordinador de la CRAC de Espino Blanco, expuso una reseña de cómo se conformó la Policía Comunitaria y la CRAC, y destacó que ha servido no sólo para erradicar la delincuencia, sino para la defensa del territorio “que está siendo acosado por la autoridad que está vinculada con la mafia”, porque dijo que es en el Congreso local y en el Palacio de Gobierno en donde están los rateros con credencial y que ahora “es la delincuencia la que nos está gobernando”.
A su vez, Guillermo Rosendo Martínez, consejero comunitario de Huehuetónoc, municipio de Xochistlahuaca, dijo que la solución a la delincuencia y violencia está en el propio pueblo, “trabajar desde abajo, construir las autonomías en las asambleas y de esa manera restableceremos un nuevo sistema de gobierno”, expresó.