Chilpancingo, Gro, 6 de marzo de 2017 .- En el marco de los foros de consulta por la Ley 701 en Guerrero, y ante señalamientos de que la delincuencia organizada está detrás de los grupos de autodefensa en Guerrero, el ombudsman Ramón Navarrete Magdaleno señaló que no podría afirmar dicha situación, aunque reconoció que su actitud “causa sospecha”.
En entrevista, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), se refirió específicamente al tema de los vigilantes del Valle de El Ocotito, quienes bajo el nombre de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) han tomado el control de la zona, apoyados por habitantes de la sierra y presuntos integrantes de la banda delictiva Los Ardillos.
El ombudsman criticó la falta de respeto hacia los derechos humanos por parte este grupo de civiles y aunque reconoció que los movimientos de esta índole fueron una alternativa, actualmente y como ejemplo el caso del Valle; ya no lo es.
“Eran una alternativa, no podemos decir lo mismo de lo que pasa en el corredor desde Petaquillas hasta Xaltianguis (con excepción de Tierra Colorada). Han dejado de ser una alternativa. Hay que recordar que durante su nacimiento la gente salía y se unía; hoy ya no, han cambiado las cosas y los resultados”.
“He escuchado voces que los vinculan con la delincuencia, yo no quisiera caer en el equívoco (pero) sí hay una actitud que causa cierta sospecha de la sociedad”, manifestó.
En este contexto refirió que la Ley 701 ha sido usada por estos grupos que se instalan en comunidades, incluso urbanas, como Acapulco y Chilpancingo, en donde suelen traer diversas problemáticas por su sistema que no sigue un cauce legal.
Agregó que la Coddehum ha dialogado sobre el tema del respeto a derechos humanos durante el desarrollo de sus actividades aunque aceptó que no se puede abrir capacitación pues están “completamente del otro lado jurídico”.
“Cuando inició este sistema se tuvo muy buenos resultados y ahora lo que tenemos son problemas, donde hay grupos de la policía comunitaria tenemos problemas. Hay que redimensionar lo que la ley les permite”.
“No hay un sistema donde se les pueda castigar por excesos, trabajan bajo esa perspectiva en donde ellos sólo tienen derechos y no obligaciones por lo que se permiten muchas cosas que no están bien”.
No obstante, Navarrete Magdaleno expuso casos de comunitarios “apreciables”, refiriéndose a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de San Luis Acatlán, quienes desde hace más de 20 años han mantenido la zona con total apoyo del pueblo y seguridad para el municipio.
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