28 DE FEEB. DEL 2017-.
Verdugos…Los supuestos Policías Comunitarios que han estado surgiendo en los últimos años en el estado de Guerrero, no son otra cosa, que verdugos de la sociedad, además se amparan con sus armas para violentar impunemente la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero por lo que el gobierno de la república debe desarmarlos.
En Guerrero, de alguna manera, desde hace más de 21 años, es y ha sido cuna de la Policía Comunitaria a través de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y durante 12 años, había sido ejemplo de trabajo honesto y ofrecían seguridad a los ciudadanos de las comunidades indígenas, en donde no había ningún delito que perseguir, porque los ciudadanos eran sancionados por esta figura de autoridad.
Esta Policía Comunitaria estuvo inicialmente amparada por usos y costumbres, posteriormente se pugnó porque se creara Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Después de que los diputados del Congreso local, comenzaron a manejarse diversos grupos civiles armados con el argumento de que eran Policías Comunitarios, pero violentando la esencia de la ley, ya que esa autoriza su presencia únicamente en la zona indígena, como inició con la CRAC en los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec, principalmente, en donde estuvieron operando sin corrupción en los últimos12 años, pero de ese año a la fecha, todo el concepto de Policía Comunitario, se tergiversó.
El padre de la corrupción se llama Angel Heladio Aguirre Rivero, cuando llegó ser gobernador sustituto en la primera ocasión, les ofreció apoyos económicos mensuales, camionetas habilitadas de patrullas, armamento y municiones.
Desde entonces se comenzó a corromper lo que genuinamente había nacido como Policía Comunitaria, pero lamentablemente Aguirre Rivero, como principal corruptor, se comenzó a extender como epidemia el concepto de “Policía Comunitaria”, así que por sus medios se armaron y aparecieron en la escena pública. Como los promotores de estos grupos armados civiles, también han adoptado el concepto de “grupos de autodefensa”, que si se recurre a la ley, están en la ilegalidad y deben ser sujetos a ser desarmados, porque portan armas de grueso calibre.
Hoy en día, los tres niveles de gobierno, no han podido controlar a estos grupos de civiles armados, porque sin justificación alguna andan operando en todos lados, por ende la llamada Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero la convirtieron de trapeador.
Si se ajustan todos esos grupos a esta ley, simplemente no tienen nada que hacer en zonas que no son netamente indígenas, como ha sucedido en la zona centro, y municipios de la Tierra Caliente.
Todos los grupos civiles armados, no son policías, ni comunitarios, más bien son los verdugos de la sociedad, además aparecen en los lugares que no tienen población indígena, como lo establece la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Por todos lados han surgido disque Policías Comunitarios, pero en realidad, son civiles armados, que no los ampara ninguna ley, porque están en zonas urbanas o en lugares en la que hay ausencia de población indígena.
En la zona centro de Guerrero, hay supuestos Policías Comunitarios, en Chilapa de Alvarez, en sus comunidades de San Jerónimo de Pantla afiliados a la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). En la localidad de Rincón de Chautla, tiene su Policía Comunitaria por la Paz y Justicia, A.C. quienes tomaron la cabecera del 9 al 14 de mayo del 2016, en ese lapso, habrían desaparecido varias personas y ahora estos mismos están protagonizando balaceras y enfrentamientos en la zona y amenazan con llegar armados hasta Chilpancingo, supuestamente para buscar una audiencia con el gobernador del estado.
En Tixtla, está la Policía Comunitaria “Mi Patria es Primero”, se dicen parte de la CRAC, en tanto en las comunidades de Chilpancingo, que va desde Petaquillas, Palo Blanco, Mazatlán, Acahuizotla, Buenavista de la Salud, El Ocotito, así como en localidades rurales de “Juan R. Escudero”, tienen presencia los grupos armados del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero y la Unión de Pueblos y Organizaciones (UPOEG), y estos mismos en Xaltianguis, municipio de Acapulco.
En ninguno de estos lugares, hay garantía de seguridad, paz y tranquilidad, por el contrario, han alterado el ambiente de los ciudadanos y hasta de estos grupos arados, porque una y otra vez se han enfrentado a balazos por la disputa del territorio, en donde habido decenas de muertos y heridos. Impunemente todo ha quedado, porque los tres niveles de gobierno no han intervenido, para ponerles un alto.
Esto, porque entre ellos mismos se han matado, por la disputa del territorio, tanto que hoy en día, han sido relegados en varios lugares de esta franja territorial al FUSDEG, por la UPOEG.
Habido cruentes masacres entre los dos grupos civiles armados, en la que el mismo gobierno ha sido cómplice, no ha actuado con una decisión severa, como demandar al gobierno federal, proceda de manera urgente a desarmar al FUSDEG y UPOEG.
Ambas organizaciones, están lejos del proyecto comunitario, es más el mismo gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Antonio Astudillo Flores, considera que están lejos de ser consideradas policías comunitarias, luego de las acciones en las que se han visto involucradas durante los últimos tiempos.
Recientemente en la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán, se registró la incursión de hombres armados, al parecer de un grupo criminal, y nunca se apareció la tan llevada y traída Policía Comunitaria, pese a que en esa zona tiene su influencia, y está a unos 20 minutos de la vecina comunidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo.
De ese lugar sacaron a ciudadanos para asesinarlos posteriormente. En Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, aparecieron grupos armados, disque para defenderse de la delincuencia organizada.
Lo mismo sucedió en San Miguel Totolapan con supuesto Movimiento por la Paz, quienes se han declarado enemigos acérrimos de la banda criminal “Los Tequileros”. Podríamos seguir hablando de más grupos supuestos comunitarios, pero en realidad son civiles, sin preparación para usar un arma, someter a los ciudadanos que infrinjan la ley, simplemente los incorporaron quien sabe bajo qué criterios, porque policiaco, está muy lejos de ello.
También no están ofreciendo seguridad a los ciudadanos, tanto que en sus propias narices se han cometido ilícitos.
Podemos afirmar doble contra sencillo, que esos mal llamados Policías Comunitarios, lo han dejado de ser desde el momento en que no están en el territorio indígena, como lo especifica la Ley 701.
En esta perceptiva, el gobierno federal en coordinación con el estado de Guerrero, debieran proceder a desarmar y de no hacerlo, después en los pocos años, les será un verdadero dolor de cabez…
Donativo…El ex presidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, ayer anunció que donará la pensión de 205 mil pesos mensuales que recibía por ostentarse durante seis años como presidente de México, pero seguirán a su servicio 19 funcionarios que cobran al mes más de 800 mil pesos y los soldados del Estado Mayor Presidencial (EMP) que lo cuidan a él y su esposa, la aspirante presidencial panista Margarita Zavala. Calderón Hinojosa hizo el anuncio en su cuenta de Twitter poco después de las 12 del día de este lunes y adjuntó una carta dirigida a Laura Vidales Flores, directora de la asociación civil “Aquí
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