Jonathan Cuevas/API
Reportero
Chilpancingo, Gro. 15 de Noviembre. (Síntesis de Guerrero). – Los temas relevantes en las comparecencias de los secretarios de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado, fueron las policías comunitarias, violencia, delincuencia organizada y su infiltración en las policías de gobierno, el mando único estatal y la alerta de género.
Florencio Salazar Adame, Secretario de Gobierno, incitó a los diputados a legislar en contra de las acciones radicales de protesta como bloqueos, mientras que el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes se avocó a criticar a las policías comunitarias catalogándolas como grupos de civiles armados fuera de la ley. El de Protección Civil, solo precisó cifras de atención por desastres naturales y acciones de prevención.
Pasadas las 10:00 de la mañana inició la sesión de comisiones de seguridad, gobierno y derechos humanos unidas, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Poder Legislativo. Participaron 17 diputadas y diputados, con el objeto de realizar la Glosa y Análisis del primer Informe de Gobierno que rindió en días pasados Héctor Astudillo Flores.
Primero se dio el tiempo para que emitieran un informe los tres secretarios de despacho. El de Gobierno, Florencio Salazar consideró que se requiere una conducción responsable de la política interior, motivo para el cual se ha fortalecido la relación con gobierno federal y municipales, lo que ha generado un escenario de pluralidad en el actual gobierno.
Dijo que se restablecieron las delegaciones generales de gobierno en las siete regiones. Se atendieron 467 organizaciones de sociedad civil para atender sus demandas, robusteciendo los mecanismos de participación.
Destacó que se emitieron 41 decretos e iniciativas y se logró avanzar en la homologación de leyes y estado de derecho.
Hubo en el primer año de gobierno, precisó, mil 083 movilizaciones, la mayoría en el sector educativo. Los principales conflictos atendidos fueron: diferencias entre pobladores de Nuevo Balsas, San Francisco Ozomatlán, San Juan Totolcintla y Alpoyeca contra la minera Media Luna. El de los ejidatarios y posesionarios del Ejido del Cayaco y Coacoyular, en el proyecto Vía Alterna La Escénica.
Así como la mediación con la Asociación de Pescadores Ribereños de Petacalco, por el derrame de combustible en el Río Balsas; el diálogo con la Unión de Comisarios Unidos por la Paz, Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (de la Sierra), entre otros.
Señaló que fueron atendidos 28 conflictos agrarios de los cuales 6 se resolvieron. 546 renovaciones de órganos en los núcleos agrarios en coadyuvancia con el sector agrario federal, diez mil 801 asesorías a habitantes de núcleos agrarios para realizar testamentos, 130 audiencias con los grupos de autodefensas denominados policías comunitarios para reglamentarlos, se atendieron 11 municipios con diferencias políticas internas y 14 conflictos con motivos religiosos de los cuales se han resuelto 11. “Faltan los de Atliaca, Apango y San Luis Acatlán”, precisó.
En materia de derechos humanos señaló que se ha mantenido estrecha relación de trabajo con el gobierno federal, para lograr la defensa de defensores de derechos humanos y periodistas.
Afirmó que la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos no han realizado ninguna observación para Guerrero, pero se atendieron tres recomendaciones hechas a gobiernos anteriores. Resaltó que se emitieron 44 medidas para 16 periodistas, 26 personas y dos organizaciones de la sociedad civil.
También habló de políticas públicas para la protección de los derechos de la mujer, señalando que al inicio de la administración se advirtió la insuficiencia de mecanismos para atender la violencia contra las mujeres, por lo que se impulsaron políticas públicas al respecto.
Florencio Salazar dijo que en junio se realizaron mesas de trabajo sobre salud, educación, igualdad de género y más, en relación a las mujeres. Además, se ha lanzado la alerta Amber y, en junio se admitió la recomendación solicitada por colectivos de mujeres. Actualmente, dijo, se atienden 10 recomendaciones junto a otras dependencias de gobierno, con respecto a la violencia de género.
En materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, indicó que se accedieron a casi 22 millones de pesos para capacitación, infraestructura, mobiliario y tecnología. Se tramitó ante el Gobierno Federal, 168 millones de pesos para 13 proyectos de construcción de infraestructura, uno de equipamiento pericial y otro de tecnologías. Ante el programa Iniciativa Mérida, la donación de equipo tecnológico para diez salas de oralidad.
Habló también de la capacitación de 8 mil 672 policías estatales y municipales, 365 elementos de la Policía Ministerial, así como mil 104 servidores públicos y mil 456 profesionistas.
Entre otras cosas dijo que se registraron más de 53 mil escrituras de bienes inmuebles y el registro civil y DIF se acercaron a las comunidades indígenas y afromexicanas. Se conformó el grupo estatal para la orevenciòn de embarazos en adolecentes.
Y aseguró que uno de los mayores retosde esta administración es poner orden en el transporte público. “Que haya un transporte limpio, seguro y responsable”.
Señaló que Guerrero ha estado inmerso en situaciones de anarquía próximas a la ingobernabilidad. Por tanto, destacó, la tarea central del Gobernador ha sido constante presencia en las regiones, contacto con la gente y generación de confianza para atraer inversiones.
“El ejecutivo del Estado tiene claridad sobre el rumbo. El que se hayan tomado decisiones, algunas pragmáticas que, sin violentar la ley, se han dirigido a disolver el origen de los problemas y a crear conciencia de que sin paz social, no habrá posibilidades de desarrollo para el Estado”, explicó.
Afirmó que para regresar la paz y tranquilidad, la tarea no es fácil, “pero tenemos el convencimiento de que con la participación de todos, se hará”.
“Tenemos que avanzar con mayor celeridad y lograr la confianza ciudadana. En un año no es posible tener todos los logros, terminar todo lo planteado, pero estamos avanzando”, insistió.
Florencio Salazar instó a “superar” los conflictos sociales. “No podemos caer en la subcultura de la protesta constante. Debemos los guerrerenses tener un respeto por la vida política, económica y social, y en la medida en que se sigan manteniendo los bloqueos porque un maestro fue cambiado, porque falta un banco, un pizarrón, porque nos les gustó donde los instalaron, no se podrá avanzar”.
Luego, instó a los diputados a revertir lo que llamó una “subcultura del bloqueo”, desde su trinchera. Esto es, que legislen al respecto.
Mensaje de Almazán
El Secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes aseguró que recibió un gran rezago y deterioro institucional, por lo que se constituyó desde un principio, la dignificación y la profesionalización de la labor policial y se fomentó la participación y denuncia ciudadana.
“Continuamos promoviendo entre los policías la cultura de la legalidad, obediencia, respeto a los derechos humanos. Nos resulta altamente prioritario continuar el fortalecimiento de las policías municipales y la formalización de la Policía Única de Guerrero.
Y consideró que igual de prioritario es que se logre una pronta armonización de la Ley local de Seguridad, con la Federal, lo cual, es responsabilidad de los diputados.
Habló de la necesidad de la construcción de un centro de readaptación social para mujeres. La creación de un grupo aeromóvil de reacción inmediata, y un C-5. “Resulta importante destacar que la mayoría de estas acciones demanda inversión”, excusó.
Afirmó que durante este primer año de gobierno se hizo un uso racional de los recursos, se puso en marcha el programa de fortalecimiento de policías a través de certificación, profesionalización y mejor adiestramiento táctico policial, “que hoy permite un mejor resultado”. Se han generado, destacó, valores éticos en los policías.
En ese primer año, informó, se implementaron diversos operativos conjuntos dando prioridad con patrullajes a pie y vehículos y aéreos, en municipios, comunidades y zonas serranas con mayor índice delictivo. Se revisaron giros negros, escuelas, negocios y otros en materia de combate a la extorsión.
Resaltó que la Policía ha atendido movimientos de grupos armados al margen de la ley, ataques a vías de comunicación y bloqueos. Afirmó que se logró mayor certidumbre entre la gente.
También realizaron patrullajes y vigilancia en zonas afectadas por fenómenos naturales. Se contribuyó a la preservación y protección de la tortuga marina, mientras que se logró el fortalecimiento de una nueva estrategia de seguridad, principalmente en Zihuatanejo, Acapulco, Iguala, Taxco, Chilapa y Coyuca de Catalán, municipios considerados dentro de los 50 con mayor índice de muertes violentas en el país, y en los cuales se concentra el 68 por ciento de los homicidios del Estado.
“Aún con los altibajos que han venido dando los resultados, en septiembre pasado se pudo obtener una baja en la incidencia delictiva”, presumió.
Almazán señaló que los retos en seguridad pública siguen siendo enormes y los recursos insuficientes. “Por ello es necesario conseguir más recursos que nos permitan enfrentar las limitaciones presupuestales”, pidió.
Reconoció que el temor o hartazgo de los ciudadanos ha degradado poco a poco la confianza y respeto al gobierno, pero destacó que “por eso debemos tener mayores y mejores policías”. Al final de su intervención insistió y reprochó que “hay grupos civiles que al margen de la ley se arman, supuestamente para brindar seguridad a los pueblos, cuando esta es una responsabilidad del Estado”.
Mayares, de PC
Por su parte, el Secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, lamentó que la situación geográfica provoca que año con año se tengan daños considerables en Guerrero. Los huracanes, sismos, incendios e inundaciones, han sido catastróficos en esta zona del país, y “la historia lo relata”, apuntó.
Mencionó como ejemplo el huracán Paulina, Ingrid y la tormenta “Manuel”, que han dejado cientos de damnificados y pérdidas humanas.
“Una tarea primordial es generar una coordinación interinstitucional para enfrentar los problemas que se avecinan. Para ello se capacitó a los directores de protección civil. Hay 599 inmuebles previstos para ser utilizados como refugios temporales con capacidad para más de 157 mil personas. Se prestaron más de 4 mil servicios de ambulancia y se benefició a más de 8 mil personas. Las lluvias de marzo afectaron a 21 municipios y se atendieron a más de 70 mil gentes”, explicó.
Finaliz epultureros»o con el Fiscal del Estado son «uestas los homicidios del estado, ena hacer un esfuerzo. la no e ajuste o recupereó diciendo que actualmente hay 90 millones de pesos para atención de desastres naturales.
Preguntas y respuestas
Durante el acto hubo cinco rondas de preguntas y respuestas. La primera legisladora en participar fue María de Jesús Cisneros Martínez, del Partido Regeneración Nacional (MORENA).
Dijo que Guerrero es un Estado sin gobernabilidad, y es el desorden el que impera, así como la violencia.
“El secretario que brilla por su ausencia es el de Gobierno, Florencio Salazar Adame, ya debería haber renunciado en lugar de encomendar a Dios este Estado. El gobernador le dio a usted un trabajo que consiste en la impunidad y dejar sin sanción todo acto violatorio de la Ley. Hoy el Secretario es un instrumento decorativo, un simulador que no deja el cargo solo por creer que es parte del Gobierno de Guerrero.
Es el sometimiento del pueblo mediante el miedo y la violencia, es como se gobierna hoy”, arremetió.
Le dijo que junto con el Fiscal del Estado son “sepultureros”, y le recomendó dejar el cargo e irse a su casa “a descansar”.
“Al Secretario de Seguridad. Guerrero siendo el Estado más violento del país, ¿Por qué no renuncia? Su incapacidad está en manifiesto; Guerrero es un caos, violencia y muertos por donde sea. Es falso que el Estado tiene la potestad de la seguridad, hace mucho que la perdió”, le dijo.
Le preguntó qué diálogos se realiza con las policías ciudadanas y por qué no se da cumplimiento a la recomendación 9/2016 de Derechos humanos.
Iván Pachuca del PAN pidió que se explique cuál es la situación política, a diferencia de cómo estaba el gobierno del Estado antes de la llegada de Astudillo, así como las estrategias implementadas por los cuerpos de seguridad.
Jesús Martínez Martínez del PT y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, alertó que la violencia es la principal causa del desplazamiento forzado de cientos de familias, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos Nacional. Destacó que había más de 35 mil personas, víctimas de este problema y este Estado es el tercer lugar en este problema, y principalmente se presenta en Teloloapan y San Miguel Totolapan, por lo que pidió al Secretario de Gobierno que diga los registros que se tienen de esta situación.
También cuestionó sobre las problemáticas de las policías comunitarias, violencia contra las mujeres, sobrepoblación y gobernabilidad en los centros penitenciarios.
Magdalena Camacho Díaz por Movimiento Ciudadano también se refirió a la violencia contra las mujeres y la declaratoria de alerta de género. Pidió que se informe de los avances en las diez recomendaciones hechas por CONAVIM. Entre otras cosas, preguntó sobre las acciones del gobierno para resolver los conflictos entre policías comunitarias de UPOEG y FUSDEG, los hechos de Tlayolapa, sobre el sistema de justicia penal acusatorio y la certificación de las policías de gobierno.
“¿Contamos con el personal altamente capacitado? ¿La ciudadanía puede confiar en las policías? ¿Todo el personal ha pasado los exámenes de control y confianza?
¿Podemos tener garantizada la seguridad con esos policías?”, preguntó.
Sebastián de la Rosa por el PRD, dijo que el gobernador y por consecuencia toda su administración, parte de la primiza de que se ha recuperado el gobierno. Pero, “por cuanto miramos el problema de la inseguridad desde sus causas estructurales, y no solo en estadísticas. La desaparición de personas, principalmente de niños y niñas relacionados con la trata de personas y pornografía infantil. Cobro de piso a maestros, negocios y Ayuntamientos, ausencia de la autoridad y fragilidad del estado de derecho, vemos que no se ha reinstalado el gobierno”.
Preguntó sobre la intervención del estado respecto a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala; las acciones para la debida atención a comisarios por la paz y policías comunitarias. La respuesta que se ha dado a las 50 recomendaciones que han hecho las comisiones de derechos humanos a la presente administración, y los mecanismos para atención a periodistas, defensores de derechos humanos y los otros desaparecidos de Iguala, así como las acciones para evitar la infiltración de grupos delincuenciales en instituciones policiacas.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja de MC respondió que no debe haber la subcultura de la protesta por la portesta, pero tampoco “la simulación”.
“Nosotros consideramos que este gobierno tiene la oportunidad hacer los cambios que se requieren. Consideramos la pobreza, la inseguridad, la marginación, más allá de coloquios, lo que se requiere son acciones, no al borrón y cuenta nueva, porque solo abona a la impunidad”, señaló.
Y lanzó 6 propuestas para una alianza de seguridad: una nueva ley de seguridad pública. Regularización de las policías comunitarias. Certificación de las policías. Legalización de la amapola con fines medicinales. Regulación inmediata del tema de la extorsión, halconeo y ley de trata de personas, así como la implementación del Mando Único.
Por este mismo partido, Silvano Blanco de Aquino alertó que la delincuencia organizada se ha apropiado de la Sierra de Guerrero, con la intención de apoderarse de la siembra de enervantes.
“Las propias instituciones del país se prestan para esta situación. Se tolera esto. El ejército mexicano juega un papel importante en este esquema de complicidades con la delincuencia organizada. No solo se tienen que tomar medidas para ayudar a los desplazados sino qué hacer para dar seguridad a esas zonas”, agregó.
Instó a que se cumpla la recomendación 09/2/16 que tiene que ver con la delimitación de facultades de la policías comunitarias, y consideró que si hay 55 municipios con carta de adhesión al mando único, entonces ¿Por qué no se hace un esfuerzo real para que se aplique este esquema, llámenle como le quieran llamar?
En ese último tema advirtió que “va a haber unos alcaldes que tengan relación con la delincuencia organizada que van a poner pretextos, pero pues vale la pena hacer un esfuerzo. De lo contrario la situación de la inseguridad no se va a poder disminuir”.
Respuestas
En las rondas de respuestas, Florencio Salazar dijo a la diputada María de Jesús Cisneros, que la ingobernabilidad es el impedimento para que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos, lo cual no está pasando.
“Tenemos problemas de inseguridad pero ciertamente la población se desplaza, operan las instituciones y se ejercen los derechos ciudadanos. Somos históricamente un Estado pobre. El tercero del país. Y una violencia histórica desde antes que se formara la provincia de Tecpan por José María Morelos y Pavón”, excusó.
“No son causas de ingobernabilidad todavía y no queremos que lo sean. De ahí que el gobierno aún con lo limitado de los recursos, tenga un programa para atender a las zonas marginadas. Estamos con la idea de colocarnos hacia finales de la administración como un gobierno que siente las bases para el desarrollo de largo plazo”, aseguró.
Dijo que se necesitan por lo menos 30 años de gobiernos que continúen una política de reconstrucción y fortalecimiento institucional para que Guerrero mejores sustancialmente. “De otra manera Guerrero se levanta y derrumba cada vez que cambia una administración”.
A Iván Pachuca le comentó que los feminicidios en Guerrero es un problema que existe pero se está atendiendo.
Adelantó que en marzo se darán a conocer los resultados por Conavim, una vez que el gobierno envíe su informe, porque se han constituido 10 comisiones y se está trabajando en el mismo número de recomendaciones en relación a la petición de declaratoria de alerta de género por parte de los grupos feministas.
Al diputado Jesús Martínez Martínez, le explicó que la violencia se dejó crecer durante muchos años en que hubo tolerancia e impunidad.
“Se ramifican los grupos, se expanden y llega un momento en que se vuelven un conflicto y una amenaza para la gobernabilidad, y esto provoca desplazamiento. No podemos por protocolo de la comisión de derechos humanos señalar nombres y apellidos, justamente por el derecho y seguridad de las víctimas, pero hemos atendido a 160 familias afectadas en San Miguel Totolapan, Acapulco, Atoyac y Zitlala”, resaltó.
Dijo que se han dado apoyos económicos por 13.2 millones para este problema. Se han reubicado a familias y unas han regresado a sus comunidades con ayuda humanitaria. “Está en proceso de reubicación a 15 familias y 8 están recibiendo ayuda humanitaria de emergencia”, precisó.
En torno a las policías comunitarias, dijo que lo que se fundamenta en la Ley 701, en buena medida responde al mandamiento de la constitución federal. “El gobierno del estado reitera su respeto a las tradiciones, formas de gobierno y autnomía de las comunidades, pero debemos diferenciar bien a las policías comunitarias con grupos de civiles armados que presentándose como tales se infiltran en las policías comunitarias, y que son hoy conflictos de posibles enfrentamientos que han causado enfrentamientos y tráficos, por lo que hemos actuado para evitar enfrentamientos de mayores consecuencias”.
Aseguró que se están viviendo choques entre grupos armados que podrían provocar masacres. “Nuestros colaboradores están en el lugar de los hechos buscando que se desarmen. Hasta ahora no ha habido ningún enfrentamiento de grupos y lo de Arcelia y Teloloapan fueron entre grupos que se dicen policías comunitarias”.
“Lo más sencillo es que se reprima ese tipo de acciones pero eso no va a resolver el problema, pero nos va a provocar una enorme desestabilidad. La orden es no dejar de agotar el diálogo”, indicó.
En respuesta al diputado de la rosa, indicó que la política interna es para fortalecer la gobernabilidad. Que haya estabilidad en los municipios. Que el gobierno trabaje cerca de la gente. “El ejecutivo constantemente, de domingo a domingo está recorriendo los municipios del Estado. El gobernador Astudillo tiene una agenda que le ha permitido descansar muy escasos días”, apuntó.
Y abundó: “queremos que las causas de la inseguridad, para combatir esas causas, evidentemente requerimos mayores recursos, más elementos y más tecnología. El próximo año se va a concluir el C-5”.
De los grupos armados, dijo, “queremos que se integren a la policía rural que forma parte del Ejército, obtienen un salario los elementos y ahí solamente ingresan personas de confianza probada, certificadas, no va a haber manera de que sea infiltrada esta policía”. Pero señaló que los policías comunitarios y civiles se han negado a ello.
En su segunda oportunidad, Pedro Almazán dijo a María de Jesús que hay apertura a los grupos sociales y policías comunitarias aún cuando no están amparadas por la Constitución, pero se trata de evitar la proliferación de problemas y trágicos sucesos.
En relación a la pregunta de Iván Pachuca, los resultados se obtienen de las estrategias de seguridad conjunta con instituciones federales. En este contexto ha habido disminución de índices de violencia con el aseguramiento de 24 objetivos principales (líderes delincuenciales).
“Y se han detenido más de 2 mil 700 personas vinculadas a actos delictivos.
Se liberaron a 58 personas secuestradas. El decomiso de armas largas, cortas, lanzagranadas, chalecos tácticos, teléfonos celulares, radios, dinero en efectivo y cartuchos de diversos calibres.vLa policía del estado ha participado en la destrucción de 77 mil 907 plantíos de amapola y 72.5 kilogramos de goma de opio; mil 232 plantíos de mariguana y 116.3 kilogramos de semilla”, detalló.
Respecto a los centros penitenciarios de todo el estado, reconoció que hay una sobrepoblación actual de mil 058 internos, mientras que la capacidad instalada es de 3 mil 98 espacios, cuando se disponemos de 4 mil 952.
“Se ha hecho la solicitud para que sean trasladados, principalmente los que corresponden al orden federal. Se han instalado equipos bloqueadores de señal de celulares para evitar las extorsiones desde las cárceles. Además de los custodios penitenciarios que tradicionalmente se instalan, se instaló un primer circulo como filtro”.
A magdalena Camacho le precisó que la totalidad de los policías estatales y municipales han sido capacitados mediante un programa estratégico de 40 horas. “Obviamente esto no es suficiente. Es un primer curso. En cada región se va a seguir reforzando esa capacitación. Se tiene previsto por gestiones realizadas la impartición de un nuevo curso a nivel federal de la ONU, que vendrá a reforzar la operación del nuevo sistema de justicia penal”.
Y destacó que “sí” hay certeza de que los policías de Guerrero son confiables, porque uno de los requisitos indispensables para estar en las corporaciones, es que aprueben los exámenes de control y confianza.
Entre otras cosas, reconoció que se han descuidado algunas zonas en las regiones de la entidad para traer a policías a los principales motivos, con el propósito de atender conflictos sociales.
La diputada de MORENA, María de Jesús Cisneros dijo al final que las respuestas no satisfacen al pueblo que representa. “Nada justifica su incapacidad. Es evidente que ustedes viven una realidad ajena a la del Estado de Guerrero. Si no renuncian, ustedes serán responsables de más violencia, ingobernabilidad y más muertes”. (Agencia Periodística de Investigación)