Por: Rosario García Orozco
Reportera
Chilpancingo, Gro., 27 de octubre del 2016. (Síntesis de Guerrero). – El presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, reconoció que aún no hay acuerdos concretos con los grupos de policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) para deponer las armas y evitar nuevos enfrentamientos, por lo que insistió en el llamado a La Paz y privilegiar el bienestar de los habitantes de las comunidades que se encuentran en el corredor entre Xaltianguis del municipio de Acapulco y Petaquillas perteneciente a Chilpancingo.
Ambos grupos mantuvieron un enfrentamiento a principio de esta semana que dejó como saldo 7 muertos y 2 heridos según cifras oficiales, pero los dos grupos habría retenido en total a 9 personas, mismas que fueron intercambiadas esta madrugada con la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
El alcalde capitalino, coincidió que debe llevarse a cabo el desarme de los grupos de policías comunitarios porque no hay autoridad que los regule, ni su comportamiento, ni el calibre de sus armas; pero dijo, es necesario que esa actividad se concrete por medio del diálogo y sin la participación de las fuerzas federales.
Mencionó que fue la noche de este miércoles cuando se logró un primer acercamiento con los integrantes de la UPOEG, quienes le manifestaron su disposición de encontrar puntos de coincidencia; y que durante las próximas horas también establecerá un acercamiento con los integrantes del Fusdeg, para buscar una reconciliación.
Cuestionado sobre si es legal de acuerdo a la Ley 701 el funcionamiento de las policías comunitarias en este corredor, el primer edil de Chilpancingo dijo que no lo es porque no es una zona indígena, «pero si se inscribe dentro del marco de la participación ciudadana cuando las colonias de una localidad deciden quiénes pueden ser los integrantes de esas corporaciones ante la inseguridad».
Leyva Mena informó que los puntos importantes a atender con las organizaciones de la policía ciudadana son: la capacitación en materia de derechos humanos, además determinar el tipo de armamento que deben utilizar las policías comunitarias y la intervención del Congreso en materia de legislación, para que haya una policía comunitaria sustentada en la ley y no en el capricho, en la acción imprudente o viole los derechos de los demás.
Agregó que es necesario también que los gobiernos estatal y feral deben establecer mesas de trabajo para poder atender algunas de las demandas de los comunitarios, pero también tratar los temas de capacitación y ordenamiento en su conducta y jurisdicción, pero también se requiere propiciar que haya voluntad de las policías comunitarias para poder distender y cesar el fuego.