*De cómo el Estado vinculó a la guerrilla en el caso Chavarría
Por: Marco Antonio Mönge Arévalo
El testimonio de una informante –que en ningún momento es identificada—, exintegrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR); una nota y columnas periodísticas, unos comunicados del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la declaración de Raúl Jiménez García, un presunto exmiliciano del ERPI e informante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sirvieron para que la entonces Procuraduría General Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado, abriera una línea de investigación que vinculaba a la guerrilla en el asesinato del político perredista Armando Chavarría Barrera, de cuyo homicidio aún no esclarecido se cumplen siete años este sábado 20 de agosto.
Un reporte oficial de 106 hojas fechado en agosto de 2013 —en poder de este autor—, dirigido al entonces procurador de justicia estatal, Iñaki Blanco Cabrera, revela que el informante Raúl Jiménez García —identificado por la PGJE como exmiliciano del ERPI y exlugarteniente de Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del ERPI, abatido el 7 de noviembre de 2009— aseguró que fue en Tlapa de Comonfort donde se planeó el asesinato del entonces líder del Congreso de Guerrero.
En ese lugar, siempre de acuerdo con el reporte, conspiraron el comandante Ramiro con políticos ligados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre los que sobresalen los nombres de Dolores Padierna, René Bejarano, Hilda Ruth Lorenzo, Irineo Loya y Leonardo Manzano.
Presuntamente el comandante Ramiro ordenó a Miguel Ángel Serafín Juárez, el comandante Beto, asesinar tanto a Armando Chavarría como a Zeferino Torreblanca. En el documento en mención, la PGJE señala como autores materiales del crimen a Camerino Florentino Gutiérrez o Camerino Florentino Cayetano, y a Miguel Díaz Escobar.
Pero al entramado que armó la PGJE, la Procuraduría General de la República (PGR) le dijo: no, pues el testimonio de Jiménez García fue desechado por el Poder Judicial de la Federación mediante el juzgado de distrito, y confirmado por el Tribunal Unitario de Circuito.
EL ENTRAMADO QUE FABRICÓ LA PGJE
La primera alerta que supuestamente recibió la PGJE, fue una denuncia telefónica anónima hecha el 29 de diciembre de 2009, cuatro meses después del asesinato de Chavarría:
“Quiero denunciar a una persona de nombre Raúl Jiménez García, esta persona se la pasa en Zacacoyuca, municipio de Iguala, es una persona que se dedica a robar, esta persona dice que sabe quiénes privaron de la vida al Lic.
Chavarría, que también de este homicidio sabe una persona que se llama Miguel Ángel Serafín Juárez, otro de nombre Alberto Ángel García, que Miguel Ángel Serafín es de Atoyac y Alberto Ángel de la montaña, que este sujeto ha comentado que pertenece al ERPI, que quienes mataron al Lic. Chavarría son unas personas que se llaman Camerino Florentino Cayetano y Miguel Díaz Escobar, que uno es de San Agustín Oapan y otro de Quechultenango, que este sujeto, tiene familia en Zacacoyuca y en Santa Teresa municipio de Iguala” [sic].
La segunda pista, según la información obtenida por la PGJE, fue el aviso de una informante, exintegrante del EPR, quien advirtió que se investigara al ERPI en razón de que esta organización guerrillera había tenido diferencias con el entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y que querían secuestrar a uno de sus hijos, por lo que la misma fuente “intervino para que no lo secuestraran, que a cambio de esto el Lic. Chavarría les mandó, por su conducto, una fuerte suma de dinero”.
En el amplio documento que pretende incriminar a la guerrilla en el asesinato de Armando Chavarría Barrera, aparece una nota periodística firmada por la reportera Marlén Castro el 21 de junio de 2009, publicada en el diario La Jornada Guerrero, de la cual la PGJE resalta este fragmento: “Personajes como Armando Chavarría, líder de los diputados del PRD y Félix Salgado, tampoco son bien vistos, pues el grupo guerrillero los considera ‘un brote de pus y los tumores que infestan con abuso, violencia y expoliación al estado de Guerrero’”.
Integrada también al expediente aparece la columna “Estrictamente Personal” de Raymundo Riva Palacio, publicada el 24 de agosto del mismo año, de la que la PGJE hace la siguiente interpretación: (Riva Palacio) “hace una remembranza sobre los problemas que vivió nuestro estado, por las constantes luchas políticas de los grupos de poder, inclusive hace unas anotaciones sobre la relación que mantenía el Lic. Chavarría, con algunos grupos armados en el estado de Guerrero, esta nota aparece publicada en la página de internet Eje Central del periodista Raymundo Rivapalacio” [sic].
La PGJE integra también a esta línea de investigación un artículo editorial del periodista Juan Angulo Osorio, publicada en el periódico El Sur(del que es director general), el 3 de septiembre de 2009, de la que subrayan: (Juan Angulo) “refiere que grupos de contra insurgencia, pueden estar relacionados con el homicidio del Lic.
Chavarría, en esta nota trastoca diferentes situaciones relacionadas con el PRD, del homicidio cometido en agravio de los mixtecos del municipio de Ayutla, en relación al gobernador, al agraviado Armando Chavarría, así como circunstancias del grupo subversivo (ERPI) Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y organizaciones sociales como MPHAA, OPIN, EZLN, PGI y circunstancias relacionadas con el partido Verde Ecologista, PAN y PT” [sic].
El artículo de opinión al que se refiere la PGJE y que escribió Angulo Osorio se llamó “Las líneas de investigación. La contrainsurgencia”.
En el expediente judicial la PGJE retoma varios comunicados hechos públicos por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA) de diferentes grupos armados, y destacan los del ERPI, en los cuales los guerrilleros hacen un recuento de los políticos ligados al PRD quienes han “caído en las tentaciones del poder, la corrupción y se han convertido en vendedores de las luchas sociales”, entre ellos Chavarría Barrera.
El lunes 1º de febrero de 2010, declaró ante la PGJE el testigo Raúl Jiménez García, presunto excombatiente del ERPI, conocido como Pedro, exlugarteniente del comandante Ramiro, que en ese entonces contaba con 26 años de edad. Aseguró que el 13 de agosto de 2009 el comandante Ramiro le ordenó que se fuera a Tlapa, “al domicilio de Roberto Ángel García, porque iba a bajar a una reunión de un asunto muy importante el día 19 de agosto”.
Refiere que en la reunión del 19 de agosto, el comandante Ramiro, antes de retirarse, le dijo al comandante Beto y a Roberto Ángel García: “ahí les encargo el asunto de Chavarría, tienen una semana para romperle su madre”.
Raúl Jiménez explicó que la mañana del 20 de agosto el comandante Beto estuvo hablando desde un teléfono celular y que logró escucharle decir lo siguiente: “ya está el asunto de Chavarría… ya está muerto, está bien.”
En el expediente judicial se asienta que Chavarría habría sido sentenciado a la pena de muerte por el ERPI por ser “un traidor de los movimientos guerrilleros, corrupto, cómplice de los caciques represores de movimientos y luchadores sociales”.
La PGJE también se refiere al código de los guerrilleros, en los que enumera por qué el ERPI supuestamente sentenció a muerte a Armando Chavarría:
1. “Haber ordenado el desalojo de los normalistas de Ayotzinapa, el 14 de noviembre de 2007, del Congreso del Estado, y de la caseta de cobro La Venta en la Autopista del Sol, el 30 del mismo mes y año, cuando Chavarría aún era secretario General de Gobierno.
2. ”No haber asumido una postura en contra de la construcción de la presa La Parota.
3. ”Por no promover la Ley de Amnistía, ya como diputado local.
4. ”Concertar su relación política con el PRI, principalmente con Héctor Vicario Castrejón y Rubén Figueroa.
5. ”Por no cumplir con las líneas políticas e ideológicas de estas organizaciones radicales que convergen en el PRD.
6. ”Por apoyar a Zeferino Torreblanca Galindo, como su secretario de Gobierno”.
LA OPERACIÓN TLAPA
Dolores Padierna, senadora y fundadora del PRD; René Bejarano, esposo de Padierna, político ligado a Andrés Manuel López Obrador; Leonardo Manzano Vega, excandidato a presidente municipal de Tlapa de Comonfort; Irineo Loya Flores, exdiputado local por el PRD y exalcalde de Cuajinicuilapa por el PAN; Hilda Ruth Lorenzo Hernández, exdiputada por el PRD; además de Roberto Ángel García, Miguel Ángel Serafín Juárez, el comandante Beto; Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro, fueron los políticos y presuntos guerrilleros que, según el testigo Raúl Jiménez García, se reunieron en Tlapa de Comonfort el 19 de agosto de 2009, “donde se habló y se acordó la muerte del Lic. Armando Chavarría y (de) Zeferino Torreblanca Galindo”.
La PGJE justifica no haber dado a conocer los nombres de los políticos en su momento por estrategia legal y por la situación política que vivía Guerrero en ese entonces, ya que la clase política y el sector social argumentarían que era una investigación hecha a modo para deslindar de toda responsabilidad al exgobernador Torreblanca Galindo.
“Estas personas no se encuentran mencionadas en diligencias de la indagatoria, ya que por estrategia legal y política se acordó que fuera la Procuraduría General de la República, quien llevara a cabo el desahogo de esta diligencia, ya que dada la situación política que prevalece en el estado, se podía propiciar un problema de inestabilidad social, bajo el argumento de que era una investigación preparada a modo de encubrir en este crimen la responsabilidad penal del entonces gobernador del estado Zeferino Torreblanca Galindo, ya que con la detención de personas lo más seguro que iban hacer victimizadas como luchadores sociales producto de una fabricación de chivos expiatorios, por el Estado” [sic], señala el documento oficial.
Según el informante de la PGJE, los conspiradores no sólo acordaron asesinar a Chavarría, sino que también al mismo Zeferino Torreblanca Galindo:
“De las diferentes entrevistas que se tuvieron con el testigo de referencia, este hiso el señalamiento de diferentes personajes de la vida política del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el estado de Guerrero; así como de personas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que estuvieron presentes el día 19 de agosto del año 2009, en el domicilio de Roberto Ángel García, ubicado en calle aserradero número 128 colonia San Antonio en la ciudad de Tlapa de Comonfort, gro; donde se llevó a cabo la reunión con Omar Guerrero Solís o Ramiro Salgado López (a) el comandante Ramiro; Miguel Ángel Serafín Juárez (a) el comandante Beto y se acordó la muerte de el entonces gobernador de el estado Zeferino Torreblanca Galindo y del hoy agraviado Lic. Armando Chavarría Barrera” [sic].
Para que Raúl Jiménez García identificara a quienes supuestamente estuvieron en dicha reunión la PGJE le mostró fotografías de distintos personajes de la vida política estatal y nacional, y el informante describió a algunos de quienes las autoridades hicieron retratos hablados, tanto de Hilda Ruth, Irineo Loya y René Bejarano.
La PGJE utilizó el mismo retrato hablado para identificar a Hilda Ruth y a Dolores Padierna, a quienes Jiménez identificó de oídas que les decían diputadas y diputados, de acuerdo con lo asentado en el expediente.
Cabe recordar que el martes 29 de marzo de 2011, días antes de que Torreblanca Galindo dejara el poder, la prensa local documentó el vínculo que la PGJE hizo entre la guerrilla y el Caso Chavarría:
“La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentará en breve a cinco presuntos participantes en el asesinato del ex diputado Armando Chavarría Barrera, quienes aparentemente serían parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR). De acuerdo con la información obtenida, los detenidos son Roberto Ángel, Demetrio López, Camerino Florentino Cayetano, Miguel Díaz Escobar, y Miguel Ángel Serafín Suárez, y serán presentados el jueves por el procurador David Sotelo Rosas”, consignó La Jornada Guerrero.
De la información existente en el expediente, el exgobernador Zeferino Torreblanca la desconoció ante la prensa: “No le hago caso a información que no tiene fuente y que está escondida en el anonimato”, declaró.
No se encontró registro de que los presuntos guerrilleros fueran presentados en esa fecha.
SE CAE LA TEORÍA DE LA GUERRILLA
En su momento, las autoridades encargadas de iniciar la averiguación previa relacionada con el homicidio de Armando Chavarría Barrera, armaron un expediente basado en cuatro líneas de investigación: afectiva, política, delincuencia organizada y grupos subversivos.
La PGJE consignó el expediente a la PGR señalando la hipótesis de que habría sido la guerrilla la que perpetró dicho crimen.
Sin embargo, la PGR desestimó por inconsistente la “Cuarta Línea de Investigación (Grupos Subversivos)” integrada a la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009 por la entonces PGJE.
Los documentos oficiales a los que este autor tuvo acceso precisan que el 7 de diciembre de 2010, en la causa penal número 123/2010, el juez séptimo de Distrito en el estado, resolvió el ejercicio de la acción penal contra Camerino Florentino Cayetano, Miguel Díaz Escobar, Miguel Ángel Serafín Juárez, el comandante Beto, Roberto Ángel García y Demetrio López, El Tigre —todos vinculados por la PGJE al ERPI— “como probables responsables en la comisión del ilícito de homicidio calificado, cometido en agravio de Armando Chavarría Barrera”; también se les acusó de delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Pese a ello, el documento oficial indica que de la investigación realizada por la PGJE, su similar federal concluyó que no encontró elementos para afirmar que la guerrilla fue quien mató a Chavarría. En el capítulo “Segunda Etapa de la Investigación (Tomo VI) Diligencias Practicadas por la Procuraduría General de la República”, en el punto 17, específica:
“El órgano jurisdiccional de la federación al entrar al estudio de las diligencias que integran la averiguación previa número AP/PGR/DGCAP/ZSS-XII/091/2010, se declaró incompetente para conocer la solicitud de la orden de aprehensión, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Armando Chavarría Barrera, lo cual fue confirmado con fecha 21 de enero del año 2011, por el primer tribunal unitario del vigésimo primer circuito, quien debe conocer de la indagatoria es un juez del fuero común”.
Lo anterior en cuanto al caso de la orden de aprehensión contra los presuntos guerrilleros, por el homicidio de Armando Chavarría, de igual manera, un juez federal se negó a librar orden de aprehensión por delincuencia organizada y por posesión de cartuchos y armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
“Por cuanto hace a la solicitud de la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, el juzgador consideró que no se acreditaron los elementos de este delito. Con respecto al ilícito de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la juzgadora consideró que no existen datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad de los indiciados”, se exonera.
En este apartado la PGJE se incomoda con la PGR y escribe una nota al final de ese capítulo: “La Procuraduría General de la República no realizó ninguna diligencia relevante para el esclarecimiento del presente asunto”.
GUERRILLA, INSISTÍA ZEFERINO
Al desahogar la averiguación previa del caso, la PGJE hizo llegar al entonces gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, por escrito, un interrogatorio elaborado por el fiscal encargado del caso.
Este autor tuvo acceso a la síntesis del interrogatorio escrito que Torreblanca Galindo retornó a la PGJE. Un texto de siete puntos, que se centra básicamente en la explicación del retiro de las escoltas que cuidaban de la seguridad del entonces diputado y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y su relación personal con Armando Chavarría.
El domingo 30 de agosto de 2009 Zeferino Torreblanca regresó a la Procuraduría de Justicia el cuestionario contestado.
Salta a la razón que el envío del interrogatorio haya sido a sólo diez días del asesinato de Chavarría. No se aclara cuántas preguntas fueron realizadas, ni qué se le preguntó. En las respuestas jamás toca el tema de la subversión.
El martes 2 de septiembre de 2014, la PGJE requirió personalmente a Zeferino; de esa comparecencia sólo se sabe que negó haber ordenado el asesinato del entonces líder del Congreso de Guerrero.
Antes, en abril de ese mismo año, este autor entrevistó a Torreblanca sobre el caso Chavarría:
— ¿Quién mató a Armando Chavarría? —pregunté al exgobernador.
— La información que nosotros tenemos es que fueron grupos que no estaban de acuerdo con él y que tienen que ver con la subversión —contestó, el exgobernador sin dar detalles.
— ¿Por qué lo mataron?
— Los argumentos que yo tengo, que no quiero profundizarlos. Que por cierto…
— ¿Por qué, exgobernador?…
— ¿Mande?…
— ¿Por qué… no quiere profundizarlos?
— Porque están… constan en autos, en el expediente, allí están. Usted oiga las declaraciones de gente que fue interrogada. Léalas, es un expediente amplísimo. Yo tuve acceso y lo estuve viendo. Además, una cosa muy importante: acuérdese que desde el principio, en ese tipo de asesinatos, lo que dije es: ayúdeme la PGR. Desde un principio hubo coadyuvancia de la familia. Ellos nombraron [sic]. ¿No? Y desde un principio recibimos apoyo y después fue atracción y después [sic] lo manejaron como perdido (el expediente) de manera perversa, y que la señora (la esposa de Chavarría, Martha Obeso) lo sigue manejando de manera equivocada un asunto que atrajo la PGR.
— ¿Tiene copia del expediente?
— No me haga esa pregunta. Lo conozco, es lo más que le puedo decir. Sería un delito decirle que sí.
A casi siete años del asesinato de Armando Chavarría Barrera, las autoridades continúan sin esclarecer el caso. En su momento los mandos encargados de la investigación trataron de enmarcarlo como una acción de la guerrilla, pero esta hipótesis se desinfló.
El asesinato de Chavarría sigue sin ser resuelto.