Chilpancingo, Gro., 27 de junio de 2016.- La Comisión de Justicia del Congreso local trabaja principalmente en la armonización de las leyes secundarias con la Constitución Política del Estado, informó su presidente el diputado Héctor Vicario Castrejón.
Al término de la reunión de trabajo de dicha Comisión el legislador indicó que se aprobaron los dictámenes de dos iniciativas de reformas a las Leyes de Planeación y de Defensa Pública del Estado de Guerrero, que complementa las leyes secundarias con la ley suprema.
También señaló que se aprobó el dictamen para reformar el Código Penal del Estado para establecer que se le impondrá una pena de 12 a 16 años de prisión y de 2 a 3 mil días de multa a quienes realicen cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho.
Además se aprobaron los dictámenes de reformas a las Leyes de Justicia para Adolescentes para plasmar de manera clara que este ordenamiento entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al marco jurídico y del Código Civil para que cuando los cónyuges se separen el juez escuche a los menores de edad.
También destacó que se aprobó el dictamen derivado de un Acuerdo Parlamentario mediante el cual se exhorta al Fiscal General del Estado, Javier Ignacio Olea Peláez, para que fortalezca el proceso de capacitación a los servidores públicos que intervienen en los juicios orales, para que cuente con los elementos suficientes y necesarios en el nuevo Proceso Penal Acusatorio.
A la reunión de la Comisión ordinaria de Justicia asistieron los diputados Ricardo Moreno Arcos y Cuauhtémoc Salgado Romero.
Chilpancingo, Gro., 27 de junio de 2016.- Para que las demandas laborales que se están procesando en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no sean rezagadas, se tendrá por desistida la demanda intentada, para ello, se incorporará el término “caducidad” que contempla que la resolución para el demandante sea en un periodo no mayor a tres meses.
La iniciativa presentada por el diputado Raymundo García Gutiérrez a la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado pretende regular, mediante una sanción procesal, con la cual se tenga extinguida la demanda cuando el justiciable no haga promoción necesaria para la continuación del procedimiento.
El documento que está siendo analizado en comisiones señala que no operará la caducidad aún cuando el término transcurra sí está pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del Tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas para la elaboración de la resolución.
El legislador de extracción perredista señaló que existen secuelas procesales del promovente pero principalmente de sus apoderados legales que no siempre es negligencia o imprudencial, sino una conducta dolosa con la finalidad de que al emitirse la resolución se condene a la parte demandada al pago de salarios caídos causando daños graves a la hacienda pública municipal porque deben realizar pagos millonarios por concepto de condenas de prestaciones.
Resaltó que es de gran importancia analizar la Ley de Trabajadores del estado porque en los juicios laborales burocráticos entablados en contra de ayuntamientos con frecuencia se propicia un alto rezago en el dictado de las resoluciones generando una transgresión económica en las administraciones municipales, además un irrespeto total a la norma constitucional en el artículo 17 segundo párrafo que establece que la justicia en su aplicación debe ser pronta, expedita, completa y eficaz.
Dijo que actualmente el término “caducidad” no se encuentra en la Ley Numero 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado la cual es entendida como una sanción por inactividad de la parte promovente de realizar ciertas acciones para continuar con la resolución de la demanda laboral que se prolonga meses o hasta años, aunado a la carga de trabajo que el Tribunal acumula por ser el único órgano en la entidad con funciones que atiende todos los conflictos laborales.
Chilpancingo, Gro., 27 de junio de 2016.- El diputado Iván Pachuca Domínguez, busca que el abigeato sea investigado de oficio por el agente investigador del Ministerio Público para que quién cometa el delito de robo de ganado quede, necesariamente, sujeto al proceso penal hasta llegar a la sentencia, evitando así que evada la justicia.
En tribuna, el diputado panista, Pachuca Domínguez presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V del artículo 256 del código penal para el estado de Guerrero, la cual tiene como objetivo que el delito se persiga de oficio por la Fiscalía del estado de Guerrero, como una medida de seguridad y certeza jurídica para los agraviados.
De acuerdo al legislador, a finales del 2015, tan solo en la región de la Costa Chica se tiene reportes de más de mil cabezas robadas de ganado, y a decir de los Delegados, Comisarios Ejidales y ganaderos esto se ha convertido en hechos cotidianos y dan por perdido su patrimonio, ya que ac1udir a las agencias del Ministerio Público para presentar su denuncia implica perdida de tiempo y gastos como copias, pasaje, “gratificaciones” y al final nunca pasa nada, no hay trabajo de investigación y nunca se da con los responsables.
Iván Pachuca enfatizó que en algunos casos que se tienen documentados, han pasado hasta cuatro años después de haberse presentado la denuncia por robo de animales, sin que el representante de la sociedad, de trámite que corresponde, por el contrario, han informado a los maleantes el nombre de las personas que los están denunciando, y por ello hay temor de los ganaderos por denunciar.
Indico que el robo de ganado bovino se ha convertido en un fenómeno delictivo de alto impacto en el país, y en Guerrero este delito, en los últimos diez años ha tenido un crecimiento exponencial, sin que la norma penal vigente haya logrado disuadir a los delincuentes.
Dijo que el robo de ganado bovino se ha convertido en una manera de obtener ingresos sin consecuencias, que afectan la economía y patrimonio del ganadero, de sus familias y por ende la economía del Estado de Guerrero.
Indicó que para algunos campesinos, que sólo cuentan con algunos semovientes, constituye la única manera de obtener sus escasos ingresos monetarios e incluso su alimento.
Pachuca Domínguez dijo que en atención a las diversas demandas del sector ganadero, que exige que el delito de robo de ganado bovino contemple penalidades más severas, es menester actualizar el marco jurídico acorde a la realidad que vive el sector ganadero en las zonas rurales de nuestro estado.
Por ello dijo que las instituciones encargadas de vigilar el orden público y bienestar colectivo, deben contar con instrumentos legales precisos que permitan combatir los flagelos que hoy amenazan la cohesión social a través de conductas delictivas.
Finalmente Iván Pachuca enfatizó que con dicha iniciativa se está dando cumplimiento a la plataforma Legislativa, pues se continúan impulsando reformas legales que fomenten la actividad agrícola, pues estoy convencido de que esta propuesta es fundamental para el fomento agropecuario para su sustentabilidad y continúa mejora.