*Que gobernantes y representantes populares hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses
Chilpancingo, Guerrero a 19 de abril de 2016.- Durante la sesión de este martes, el también Coordinador de la Fracción Parlamentaria presentó la iniciativa de Ley Anticorrupción para el Estado de Guerrero, iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3 que tiene por objeto que los funcionarios públicos, representantes populares y gobernantes hagan su declaración patrimonial, fiscal y de intereses de forma periódica y pública.
“En Guerrero, el 90 por ciento de los habitantes perciben que la corrupción es una práctica frecuente en la administración pública, por encima de la media nacional que es del 88 por ciento; esta sería la primera Ley Anticorrupción en Guerrero y tendría por objeto sancionar estas prácticas nocivas tanto en el Estado como en los ayuntamientos” dijo el legislador en tribuna.
“Que Guerrero tenga su propia Ley Anticorrupción”, señaló que esta ley seria complementaria más no sustitutiva de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Buscamos que se establezcan medidas anticorrupción y se penalicen, pretendemos que se recuperen los activos que se detecten han sido producto de esta práctica, sostuvo el diputado.
Mejía Berdeja señaló que la Ley Anticorrupción que se propone cuenta con 48 artículos, divididos en tres capítulos: prevención, penalización y recuperación de activos. En esta nueva Ley se prevé además la penalización de actos que contribuyan para la corrupción, tales como la obstrucción de la justicia, el tráfico de influencias, soborno, el abuso de funciones, enriquecimiento oculto, utilización de información falsa o confidencial y nepotismo entre otros.
“La recuperación de activos es un principio fundamental de la Ley Anticorrupción, por medio del cual se hacen valer los intereses de las víctimas y dueños legítimos de los recursos públicos: el pueblo guerrerense. Bajo este principio, el Estado debe alienar los bienes confiscados, derivados de actos de corrupción devolviéndolos a su Hacienda Pública” detalló el diputado.
“Ante nosotros tenemos la oportunidad, una vez más, de hacer lo correcto, de responder a las exigencias de la sociedad, impulsando acciones de castigo y de prevención a la corrupción; los invito a llamar para sí la responsabilidad de combatir la corrupción, no solamente en el ámbito político o del medio empresarial, sino a traer esa postura para su día a día, actuando de manera correcta inclusive en situaciones que parezcan menos relevantes».
Sostuvo Ricardo Mejía al solicitar que la iniciativa se turne a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.