Por: Rosario García Orozco
Reportera
Chilpancingo, Gro., (Síntesis de Guerrero)., 6 de marzo del 2016.- Por lo menos 9 detenidos fue el resultado de un desalojo de familias invasoras de casas de damnificados en el fraccionamiento El Mirador, en el que participaron elementos de la Policía Federal y la Fuerza Estatal.
Poco antes de las 6:00 horas de este domingo, los oficiales de ambas corporaciones arribaron al fraccionamiento que construyó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para los afectados por los fenómenos hidrometeorológicos de Ingrid y Manuel y que perdieron sus viviendas en septiembre del 2013.
De acuerdo a los reportes oficiales son por lo menos 139 familias las invasoras y que de manera irregular se apoderaron de las viviendas desde el mes de noviembre pasado, sin que las autoridades federales intervinieran a pesar de los anuncios de los verdaderos dueños de sacarlos por la fuerza.
Parte del conflicto se derivó desde que el ex delegado de Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, ahora diputado local, hiciera entrega de duplicados de folios de manera irregular a otras personas, situación que ha sido denunciada por los afectados.
Entrevistado por algunos medios de comunicación, el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello y
En patrullas de la Fuerza Estatal fueron llevados los nueve líderes que acusaron damnificados y Sedatu denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR). Los afectados ubican entre los invasores a maestros de la CETEG y funcionarios de diferentes áreas del gobierno estatal.
El delegado de Sedatu ha informado que en El Mirador hay 598 viviendas construidas, de las que 453 ya fueron asignadas y de ellas 139 estaban ocupadas por personas que no resultaron afectadas por las tormentas Ingrid y Manuel.
Explicó que en este operativo «encontramos folios falsificados, la gente acepta que se sacaron fotos a color y que editaron los números, encontramos también documentos del municipio que han sido alterados donde se certificaba la supuesta residencia de algunas personas aquí».
Cuestionado sobre el por qué se realiza el operativo cuando desde hace por lo menos tres meses ya se tenía conocimiento del despojo, el funcionario federal dijo que «porque había que tener elementos suficientes para hacerlo, acuérdense que tendría que ser a consecuencia de las denuncias obviamente y de que se hiciera una inspección física como lo hizo la Procuraduría General de Justicia el viernes pasado».
Finalmente dijo, que se realizaran las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.