Chilpancingo, Gro., a 6 de Mar. del 2016 (Síntesis de Guerrero).- La Secretaría de Seguridad Pública inspeccionó, la mañana del domingo junto con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al fraccionamiento El Mirador, que fue construido para dar casas a damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid en Chilpancingo, pero cuyas casas han sido invadidas por maestros de la CETEG, funcionarios del gobierno estatal, militantes de partidos políticos y periodistas que han incursionado en la política en la capital del estado, dejando sin techo a quienes perdieron su hogar por las tormentas.
En lo que parece ser el desalojo de mas de 130 casas invadidas y devolvérselas a sus auténticos propietarios, esta mañana decenas de policías estatales llegaron al fraccionamiento El Mirador para, según versiones oficiales, inspeccionar el lugar y hacer un censo de las casas que han sido robadas a los damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid en Chilpancingo.
LA HISTORIA DE UNA INFAMIA
El 29 de febrero, con información del reportero Zacarías Cervantes, el prestigiado diario de Chilpancingo, Pueblo ha publicado que familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, siguen sin habitar sus casas que les construyó la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en El Mirador, porque funcionarios de esa dependencia entregaron las llaves a personas que no fueron afectadas por las lluvias.
Son unas 70 familias que por esta situación siguen viviendo en la zona de alto riesgo del encauzamiento del río Huacapa donde en septiembre del 2013 sus casas fueron arrasadas por las lluvias.
Elías Alonso, uno de los damnificados, denunció que el jueves pasado llegó a su casa que le asignó la Sedatu y cuando intentaba abrir notó que le habían cambiado la chapa a su puerta.
Añadió que después llegó un grupo de personas “que no conozco y me dijeron que esa casa no era mía y que me marchara del lugar”.
Aseguró que así como él, hay más de 70 familias que no pueden entrar a esas viviendas que les entregó la Sedatu porque las tienen otras personas que no están en el padrón de damnificados.
Las familias damnificadas regresaron a zonas de alto riesgo de las colonias “El Amate” y la “María Dolores”, al sur de esta ciudad, cerca donde está la cortina de la presa el Cerrito Rico.
La gente que está de nueva cuenta en sus viejas casas de madera y techo de lámina de cartón, cuenta que en las visitas que han realizando a El Mirador, la gente que tiene invadidas sus casas son personas allegadas a políticos priistas y del PRD.
“Hay casas que incluso están habitadas por profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero que han participado en las movilizaciones del caso Ayotzinapa”, dijo uno de los damnificados.
PIDEN AYUDA AL NARCO
El 4 de marzo, la agencia informativa API, de Chilpancingo, reportó que como una medida desesperada y en el afán de recuperar las viviendas que fueron invadidas en el Fraccionamiento “El Mirador”, damnificados de la colonia el Amate están analizando solicitar la ayuda de la propia delincuencia organizada, toda vez que varios de los invasores se asumen como “sicarios”.
Y es que han acudido ante todas las instancias para solicitar que se desaloje a los invasores, pero ni la Sedatu, el Gobierno del Estado, ni el Gobierno federal están actuando con interés para resolver el conflicto.
El día de ayer que subieron al fraccionamiento, fueron amenazados por este grupo de personas que se dijeron ser “sicarios” y así como desaparecieron a los 43, podían desaparecer a este grupo de vecinos.
“Hacemos un llamado a las autoridades acerca de las casas del Mirador, por parte de las personas que somos damnificadas, ya que pues por lo contrario hay gente del gobierno maestros de la CNTE, y otros que dicen tener acuerdos con Bety Vélez y Marco Leyva, son los que están invadiendo.
Pidieron al presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Levya Mena y el gobernador, Héctor Astudillo, que revisen quien de sus trabajadores está detrás de esta invasión, porque no es justo que gente que no resultó damnificada haya dejado sin hogar a los verdaderos afectados por las tormentas.
“Le pedimos al señor Enrique Peña Nieto presidente de la República de la manera más atenta, él que tiene el poder que nos solucione ya que se supone que hay un gobernador, el señor Héctor Astudillo del cual nos tenemos respuesta o sea para que tenemos un gobernador aquí sino no se está solucionando nada” lamentaron.
Adelantaron que no permitirán que estas personas se salgan con la suya e irán hasta las últimas consecuencias, pues son personas de bajos recursos, que están pagando renta o están de “arrimados” con sus familias, mientras otros que no tienen necesidad llegaron con la mesa puesta.
“Tenemos muchas pruebas que somos los dueños y propietarios de esas viviendas en las cuales ellos se fueron a meter a la mala y no tienen ningún papel donde consta que ellos son los propietarios así que por lo cual pues de hacemos un llamado a las autoridades para que te tomen cartas en el asunto y que ya sea el desalojo lo más pronto posible”, señaló la señora, Gabriela Aguilar.
De acuerdo con información brindada por el delegado estatal de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, en el fraccionamiento “El Mirador” hay 598 viviendas construidas, de las cuales 453 han sido entregadas de manera regular.
Sin embargo, hace dos meses un grupo de 130 viviendas que aún no habían sido entregadas fueron invadidas por personas ajenas a los grupos de damnificados, aprovechando el proceso de entrega.
Señaló que sobre este caso, se hicieron las denuncias correspondientes en contra de quien resultara responsable por los daños ocasionados al patrimonio de la secretaría, debido a que hubo gente que había estado robando y destruyendo propiedades que aún pertenecían a la Sedatu.
Armenta Tello, refirió que en una ocasión un grupo de personas fueron sorprendidas infraganti rompiendo chapas y vidrios de los departamentos, mismos que fueron detenidos inmediatamente por elementos de la Policía Federal, pero fueron dejados en libertad al no configurarse el delito por las instancias investigadoras.
“Presentamos las denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) se están integrando averiguaciones, se presentó la denuncia, se ratificó y se están integrando averiguaciones en contra de quien resulte responsable, tenemos información de que se ha estado trabajando en la elaboración, el fortalecimiento de esta averiguación y se tiene incluso identificadas a personas, no las conozco, no sé quién sea pero ya hay gente identificada que está liderando este movimiento” adelantó el funcionario federal.
PERIODISTAS Y POLÍTICOS DE
CHILPANCINGO SON LOS INVASORES
En los últimos días ante la desesperación y la omisión de las autoridades para resolver el conflicto de la invasión de viviendas en el fraccionamiento “El Mirador” los damnificados han acudido para confrontar a los invasores, en exigencia de que desalojen por la vía pacífica las viviendas.
Y es que a pesar de que cuentan con folios originales y las llaves de las casas, los ocupantes amagan con agredirlos físicamente y señalan también tener, derecho a ocupar las viviendas, asumiéndose como damnificados.
La tarde de este jueves, tras ofrecer una conferencia de prensa, fueron encarados por los “invasores”, quienes les exigieron cesar las protestas, o de lo contrario llamarían a los maestros de la CETEG para correrlos por la fuerza.
Una de las damnificadas, grabó un video donde se aprecia a una persona quien se asumen como maestro, a bordo de una camioneta de lujo, y quien es uno de los ocupantes de las viviendas.
También se observa a otra persona quien se dice ser periodista, pero que ha incursionado en la política en el municipio de Chilpancingo.
Los damnificados exhibieron también una persona quien es custodio en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, y que se ha adueñado de una vivienda que corresponde a un adulto mayor, que actualmente sigue viviendo en zona de riesgo en la colonia “El Amate”, al norte de la ciudad.
Entre otros de los invasores, se encuentra un trabajador del Servicio Médico Forense, a quien incluso sus compañeros reconocen que no es damnificado, pero por influencias con políticos se ha adueñado de un departamento.
Al menos 20 familias, siguen viviendo en zona de riesgo al norte de la ciudad, en lo poco que les dejó la tormenta, casas de madera improvisadas, donde viven niños y adultos mayores, que no tiene la posibilidad de trabajar para reconstruir sus viviendas.
Urgieron a las autoridades a desalojar cuanto antes el fraccionamiento, porque la situación se vuelve insostenible.
NOMBRES DE ALGUNOS
DE LOS INVASORES
La agencia informativa IRZA, dio a conocer la semana pasada, que uno de los compradores de viviendas en el fraccionamientos El Mirador -aún no terminado pero ya invadido, y que fue proyectado para los damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid del 2014-, es un hombre identificado como Mario Aguirre Puentes, encargado del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
Lo anterior lo denunciaron los auténticos damnificados por el meteoro ocurrido en septiembre del 2014.
Sin revelar su identidad por obvias razones, dijeron que a un hombre identificado como Hernán, también trabajador del Semefo, Aguirre Puentes le compró tres casas junto con su esposa Diana Galeana Sánchez, quienes no son damnificados y a los que, además, les entregaron certificados de las viviendas con firmas apócrifas.
Los abusos en este fraccionamiento han orillado a los damnificados a decir que buscarán el apoyo del crimen organizado para que los apoyen a sacar a los invasores de las viviendas que les entregaron en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de José Manuel Armenta Tello, a los que les entregaron certificados de vivienda, no así los títulos de propiedad o escrituras, con el argumento de que el fraccionamiento El Mirador aún no está concluido y le faltan servicios.
Por la invasión de casas, Armenta Tello, delegado de SEDATU en Guerrero, anunció en fechas pasadas que interpuso demandas ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Estado, sin que hasta el momento hayan desalojado a los “arribistas”.
Los verdaderos damnificados dijeron que el jueves que subieron al fraccionamiento, fueron amenazados por un grupo de personas que se dijeron ser “sicarios”, quienes les dijeron que así como desaparecieron a los 43, podían desaparecer a este grupo de vecinos si seguían exigiendo el regreso de sus viviendas.
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