Por: Rosario García Orozco
Reportera
Chilpancingo, Gro., (Síntesis de Guerrero)., 2 de marzo del 2016.- A raíz de los problemas de inseguridad, en los dos últimos meses por lo menos 50 familias han salido de Chilpancingo, se han cerrado unos 35 negocios, más cinco empresas constructoras y se tiene el registro de cerca de 40 secuestros y ejecuciones en contra de empresarios locales.
Así se expresó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Adrián Alarcón Ríos, quien urgió el reforzamiento de la seguridad en Chilpancingo, con la presencia de más integrantes de las fuerzas federales, porque, insistió, la ola de secuestros, homicidios y extorsiones no para.
Dijo que es necesaria una reunión entre el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, y el sector empresarial, porque a pesar de la alta incidencia delictiva en contra de los comerciantes y empresarios no se cuenta con la posibilidad de una investigación seria de los delitos cometidos en contra del sector, «nuestras familias padecen de la indolencia de las autoridades, ante la falta de garantías para presentar la denuncia».
El líder empresarial informó que a consecuencia de la inseguridad, 50 familias han abandonado Chilpancingo durante los últimos dos meses; además de que por lo menos 35 negocios han cerrado, porque los propietarios son víctimas de extorsiones, secuestros y hasta homicidios.
Alertó que si las autoridades federales no implementan un operativo urgente de combate al crimen organizado en Chilpancingo, con la presencia de efectivos del Ejército Mexicano, de la Gendarmería y Policía Federal, la violencia podría recrudecerse.
El dirigente empresarial calificó como un «rotundo fracaso» de la autoridad federal el operativo que implementó en Chilapa, municipio cercano a Chilpancingo, porque luego de que concluyera el pasado fin de semana, «no dio dado resultados favorables», con todo y que la federación envió a ese municipio a 3 mil efectivos militares para el combate de la delincuencia en el lugar.
Sobre Chilpancingo, lamentó que el ayuntamiento sólo cuenta con 115 elementos para vigilar una ciudad con más de 300 mil habitantes; donde se registran en promedio tres homicidios diarios, y explicó que en la mayoría de esos casos, las víctimas son ciudadanos sin vínculos con la delincuencia organizada.
Alarcón Rios fue abordado por los medios de la comunicación al término de la presentación de la Iniciativa Ciudadana para la conformación de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos, denominada denominada 3 de 3, o Ley anticorrupción.
En ese sentido explicó que el empresariado de Chilpancingo tiene como meta recabar 3 mil firmas de apoyo a esa ley en un lapso de 3 meses y que para ello se instalará una mesa receptora de firmas con los formatos elaborados para ese fin, y adelantó que ya hay avances en la firma de un convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero para que se instale otro espacio para reunir la mayor cantidad de firmas posible y lograr que el Congreso de la Unión valide la iniciativa.
Esta propuesta ciudadana 3 de 3, de aprobarse, obligaría a los servidores públicos de presentar tres declaraciones: la patrimonial, la de impuestos y la declaración de intereses; esta última se refiere a explicar puntualmente las relaciones económicas y comerciales que tienen los funcionarios con la empresa locales, nacionales o internacionales, es decir, que si el servidor público es familiar, dueño o socio de alguna empresa, no deberá ni podrá tomar decisiones de compra de bienes y servicios relacionadas con dichas empresas, pues se estaría en el supuesto del conflicto de intereses.
De acuerdo a datos del INEGI, la corrupción le cuesta a los mexicanos en promedio el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como 347 mil millones de pesos; por lo que México ocupa el primer lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en corrupción.
La propuesta fue presentada de manera conjunta a la máxima tribuna por dirigentes de organizaciones como el Instituto Mexicano Para la Competitividad (Imco), Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Tec de Monterrey, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Centro de Estudios Espinoza Yglesia (CEEY), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Transparencia Mexicana (TM), la UNAM, entre otros organismos y connotados académicos.
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