De Julio Ayala Carlos
EN EFECTO. EL DERECHO de audiencia es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa, así como para ser recibida, oída y atendida por la autoridad dentro de un plazo razonable, como bien lo dice el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado, Ramón Navarrete Magdaleno. Sin embargo, tal parece que aún hay funcionarios de gobierno que no lo entienden.
Solo así se entiende que el Frente de Grupos Vulnerables y Personas con Capacidades Diferentes, que encabeza Silvestre Rodríguez Fernández, haya solicitado la intervención de la Codehum para concretar una reunión con autoridades de gobierno, con el fin de plantearles solución a sus demandas en favor de sus representados.
Y es que la gestión es uno de los servicios que brinda el organismo defensor de los derechos humanos del estado, contemplado en el Artículo 3, fracción XIX de su Ley Orgánica, por lo que su presidente Ramón Navarrete Magdaleno atendió a integrantes de esa organización social, quien le hizo la petición de solicitar, en su nombre, una audiencia con autoridades gubernamentales para plantearles asuntos relacionados con pensión vitalicia, mejores oportunidades de empleo, microcréditos y paquetes de viviendas que coadyuven en una mejora de vida para este sector vulnerable de la sociedad guerrerense.
Y obvio, el ombudsman guerrerense, como lo ha hecho siempre, cuando al igual que ahora acuden a la Codehum las organizaciones sociales o de manera particular a solicitar su intervención, se comprometió a realizar todas las gestiones necesarias para concretar las mesas de trabajo y dar solución a las peticiones del Frente de Grupos Vulnerables y Personas con Capacidades Diferentes.
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