Por Efraín Flores Iglesias
La violencia no debe ser el camino
—————————————
No les gusta recibir ninguna agresión cuando las fuerzas del orden aplican la ley, alegando que es represión; pero cuando ellos golpean a policías lo disfrutan, lo aplauden, lo festinan.
Exigen que les respeten sus derechos humanos, pero ellos no respetan el derecho de terceros; es más, con lujo de violencia cometen agresiones, incendian edificios públicos, roban en centros comerciales, retienen autobuses y queman vehículos particulares.
Efectivamente, me refiero a los normalistas de Ayotzinapa, quienes apoyados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», agrupaciones clandestinas y uno que otro comunicador, creen que están iniciando una nueva revolución en el país.
Creen tener la razón y verdad absoluta para cometer actos vandálicos y perjudicar los derechos de la ciudadanía.
Y, lo peor de todo, es que han sido tolerados por las autoridades, quienes han demostrado tibieza para poner orden en Guerrero.
También les irrita que en los medios electrónicos e impresos cuestionen su actuar. Incluso, utilizan las redes sociales para despotricar en contra de algunos comunicadores, a quienes tachan de “gobiernistas” e “insensibles” con los hechos fatídicos del año pasado en Iguala.
No está mal que realicen manifestaciones para exigir la presentación de sus 43 compañeros desaparecidos por policías municipales e integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”, pero eso de realizar desmanes en las calles y carreteras de Chilpancingo y otros municipios, no se vale.
Se entiende la indignación que sienten por la ausencia de sus compañeros, pero no se puede honrar a un desaparecido violentamente cometiendo acciones vandálicas. Y entiendo aún más a los familiares de los desaparecidos. El dolor es grande. El no saber nada del paradero de un hijo durante más de un año, lastima, duele.
Y no solamente los normalistas la han regado con sus excesos en la forma de conducirse. También las autoridades han demostrado su ineptitud para aclarar el caso. La Procuraduría General de la República (PGR), por ejemplo, ha dado mucho que desear en sus investigaciones, ya que hasta el momento sólo ha detenido a policías municipales de Iguala y Cocula, así como a miembros de la delincuencia organizada que tuvieron que ver en el ataque y desaparición de los normalistas, pero no ha tocado a funcionarios estatales de aquel entonces ni ha llamado a comparecer a mandos del 27 Batallón de Infantería.
La PGR logró la detención del ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, luego de que ambos se fugaran de la entidad el 30 de septiembre de 2014, pero hasta este momento ningún juzgado federal les ha dictado auto de formal prisión por la desaparición de los 43 normalistas. Se entiende que el proceso sigue su curso.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha tardado en dar respuestas claras. Si sigue así, Iguala será su Waterloo.
Hay quienes se han aprovechado muy bien del Caso Iguala. La CETEG, por ejemplo, ha negociado importantes acuerdos con las autoridades, a tal grado de que se ha divido en dos bloques; uno, el que encabeza Reyes Ramos Guerrero, y el otro que representa Antonia Morales Vélez.
El vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval, también ha sacado provecho de la situación. Para empezar, no tiene ningún hijo desaparecido. A él ya le gustó andar en la grilla y no presentarse a dar clases en una escuela de Acapulco. Su misión es muy clara: refutar todo lo que digan las autoridades.
Felipe de la Cruz ha sido señalado de tener vínculos con el Ejército Revolucionario Insurgente (ERPI), grupo guerrillero con presencia en las regiones de Costa Chica y la Montaña de la entidad. Es tanto su radicalismo que incita a los padres de familia que encabeza a confrontarse con militares y policías, bloquear carreteras, robar autobuses y a quemar edificios públicos. Le apuesta a la anarquía, pues.
Lo único que pretende provocar el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, es un derramamiento de sangre. A él no le interesa realmente que los jóvenes aparezcan con bien. Quiere sangre para justificar una revuelta armada en Guerrero.
Claro, no está solo. Tiene todo el apoyo de su amigo Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, quien se ha caracterizado en avalar los desmanes de los cetegistas y que miles de niños se queden sin clases en la entidad.
Por cierto, las autoridades deben llamar a declarar a los dirigentes de la sociedad de alumnos “Ricardo Flores Magón” de Ayotzinapa para aclarar por qué mandaron la noche del 26 de septiembre a sus compañeros de nuevo ingreso a robar autobuses en Iguala, y ser investigados si tienen nexos con algún grupo del crimen organizado.
Existen muchas dudas, pero muy pocas respuestas en torno al Caso Iguala.
No se vale que la violencia siga siendo el camino de los normalistas de Ayotzinapa y de sus perversos aliados que solamente lucran con el dolor de los padres de los desaparecidos. He dicho.
ENTRE OTRAS COSAS… Desde su constitución a la fecha, el PRD no ha podido consolidar una dirección más o menos cohesionada, lo cual ha repercutido negativamente en su imagen hacia la ciudadanía.
El PRD se ahoga tan fácilmente en sus pleitos internos y sus dirigentes no cuidan las formas para hacer política.
Si no corrigen sus errores serán desplazados al cuarto lugar nacional de las preferencias en la elección presidencial de 2018.
Olvidan que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) va fuerte con Andrés Manuel López Obrador.
Comentarios: E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com; Facebook: Efraín Flores Iglesias; Twitter: @efiglesias
Comentarios
comentarios